El nuevo sistema de compras de alimentos del Ministerio de Desarrollo Social, dispuesto tras el escándalo de los supuestos sobreprecios, está generando algunos inconvenientes para la asistencia social, justo en momentos en que la demanda de comida aumentó exponencialmente.

 

"La comida está llegando a algunos lugares de recepción de Capital y el conurbano. En el norte y en la Patagonia todavía no ha llegado", advirtió el líder de la CTEP, Juan Grabois, de relación tensa con el ministro Daniel Arroyo. El amigo del Papa fue uno de los primeros en denunciar los sobreprecios el mes pasado.

 

Los dichos de Grabois confirman lo que se viene sosteniendo desde los movimientos sociales, donde comenzaron a alertar en los sobre la complejidad de la situación a partir de la cuarentena por el coronavirus. La caída de la actividad económica, especialmente en el sector informal, generó que los comedores comenzaron a atender el doble o triple de personas y la provisión de alimentos no da abasto.

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En ese contexto, la semana pasada debutó el nuevo sistema de compras del Ministerio de Desarrollo Social, con precios máximos y la participación directa de los productores, sin intermediarios que inflen los precios. Fue una reacción tras el escándalo de los sobreprecios.

 

Sin embargo, si bien el resultado fue bueno en términos de precios (con bajas considerables respecto a la compra de la polémica) no llegó a cubrir la totalidad de la demanda de la cartera que conduce Arroyo.

 

Según reveló Ámbito, sólo se pudo comprar el 34 por ciento de las 10.200.000 unidades por las que se licitó. El Ministerio no pudo comprar arroz ni azúcar y sólo el 30 por ciento de la harina que preveía. En todos los casos fue porque los productores no convalidaron los precios máximos.

 

Es decir que más allá de los cambios, los productores siguen siendo reacios a aceptar las condiciones del Gobierno, que además de los precios máximos (que muchos consideran atrasados) implican la desconfianza por los plazos de pago que suelen ser de varios meses.

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El mes pasado Arroyo había dicho que ante esta situación no tuvieron alternativa que pagar muy por encima de los precios minoristas porque caso contrario no podrían cumplir con la asistencia a comedores. Ahora, la incógnita es cuánto afectará esta compra incompleta la provisión de alimentos.

La tensión se da en momentos en que, como contó LPO, los movimientos sociales reclaman al Gobierno que acelere la ayuda social, paralizada desde que aparecieron las denuncias por sobreprecios. En una reunión en la Quinta de Olivos, los referentes de las organizaciones le habían pedido a Alberto Fernández 200 mil millones de pesos para enfrentar la emergencia.