Movidas de poder

Existe una estructura de poder en la ciudad que se sirve del Estado para sus fines, que maneja conexiones que enriquecen a unos pocos y perjudican al conjunto de la sociedad.

Los integrantes de esta estructura, en su mayoría, están bien a la vista. Basta ver al nuevo jefe departamental dando sus "respetos protocolares" a Florencio Aldrey Iglesias para entender de qué hablo; es esa una conducta que había caído en desuso y que Castelli reinserta, seguramente aconsejado por el intendente Gustavo Pulti.

Esta estructura de poder hace y deshace en cuanto a recursos públicos. No domina per se la vida de la ciudad, pero la condiciona. Este esquema se ha establecido con absoluta impudicia en el Poder Judicial, y desde allí presiona a la política de la ciudad y genera subordinaciones que producen negocios millonarios.

El ascenso de Pablo Poggetto a al cargo de juez de Cámara sacó a la luz a Eduardo Amavet, quien integraba la Fiscalía de Delitos Económicos junto a Poggetto. En extenso y concesivo reportaje publicado en el ‘house organ’ de este estamento de poder, Amavet sostiene: "es abrumador el número de denuncias y causas que llegan a esta Fiscalía por delitos cometidos por funcionarios policiales. Podemos decir que del total que ingresan, el 20% corresponde a estos hechos. Actualmente tenemos en investigación, y algunas con resoluciones, más de 400 causas contra policías". Infiero: si el 20% son causas en las que se denuncia a policías, hay un universo (el restante 80%) que corresponde a otros ámbitos.

Si habla de la política, allí señala: "otro número importante, por la trascendencia pública que tiene, es el de las causas por actos de corrupción cometidos por funcionarios municipales de anteriores administraciones. No me refiero a la actual". Es notorio que el impulso investigador sobre la administración municipal murió precisamente en el momento en que el actual intendente arribó al sillón principal de la Comuna.

De lo que no habla Amavet es de cuántas causas llegan a juicio, tampoco de que algunas tienen rápida conclusión, porque son desestimadas en uso de un recurso que la ley les da a los fiscales. Tampoco de que hay causas en esa fiscalía temática que cuando cambian de representante letrado varía la suerte de las mismas y su velocidad de procedimiento. No dice ni mú Amavet -y el cronista nada pregunta- sobre la importancia que tiene litigar en esa fiscalía con el patrocinio del abogado Diego Vespa, conocido como el "Chuly": todo el ámbito tribunalicio sabe que cuando él toma una causa, las cosas cambian de manera radical. Tan radical como cuando interviene Mariano Ayesa en materia penal ordinaria, tal como señalan los vecinos del barrio Libertad.

Debo citar aquí que aún está pendiente de cumplimiento la promesa del camarista Fernández Daguerre de investigar la denuncia realizada por un ex integrante del llamado grupo de los Doce Apóstoles. Ariel "El Gitano" Acuña sostuvo en el programa de Chiche Gelblung que se pagaron $50.000 por una libertad en Mar del Plata. Ante tamaña revelación Daguerre, quien preside el Colegio de Magistrados de la ciudad, señaló en entrevista en la 99.9 que se ocuparía de investigar hasta llegar a la médula misma de la verdad. Y aunque no fumo, sigo esperando.

Continúa manifestando el titular de la Fiscalía nº 10, Eduardo Amavet: "En realidad, la denominación de Delitos Económicos no es correcta o, al menos, digamos, insuficiente. Su verdadera denominación debería ser Fiscalía de Delitos Económicos y contra la Administración Pública. Esto es porque, además de los delitos tipificados como económicos, tenemos otros cometidos contra la Administración Pública, donde ya el bien jurídico protegido no es tanto patrimonial, sino institucional". Así las cosas, que delincuentes paguen por su libertad, ¿no es un delito presunto que se debería investigar? ¿O sólo se investigan aquellos delitos que están fuera de la estructura de poder que articula en distintos ámbitos en la ciudad?

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