Mostos estatales: una vez más, cambios en el pliego

Es discriminatorio y violatorio de la Constitución. En Producción dicen que no se dieron cuenta.
El Estado parece estar condenado a sufrir más de la cuenta para vender sus 21,6 millones de litros de mosto. La primera licitación quedó en la nada por "errores" propios del gobierno y cuando todo indicaba que la segunda marchaba sobre ruedas, de nuevo aparecieron dudas. El pliego tiene dos cláusulas que violan el principio de igualdad y que en forma injustificada dejan afuera a futuros oferentes: una dice que ninguna persona que mantuvo juicios -como actora o demandada- con el Estado en los últimos 5 años se podrá presentar; y la otra dispone lo mismo para los que alguna vez le debieron plata a la provincia, por más que hayan pagado. En el Ministerio de la Producción dijeron que se dieron cuenta cuando este medio les consultó y prometieron corregir el pliego.

Ayer en la tarde, en la cartera productiva estudiaban modificaciones para ajustar el pliego a la ley. "Vamos a sacar una aclaratoria", dijo al mediodía Marcelo Alós, el flamante secretario de Agricultura y encargado de la licitación, luego de evaluar las inquietudes de DIARIO DE CUYO.

Las cláusulas de la polémica están en el artículo 2.2 del pliego y atentan contra los principios de razonabilidad de la licitación pública y de igualdad ante la ley, este último consagrado por la Constitución Nacional (art. 16). Esa fue la opinión del constitucionalista Oscar Cuadros, con la que coincidieron dos funcionarios que hablaron del tema fuera de micrófono.

Hay algunos ejemplos que ayudan a entender. Una persona que hizo juicio porque el Estado le debe plata, no puede aspirar a comprar el mosto. Es decir, queda afuera por ejercer su legítimo derecho de reclamar en la Justicia para que le paguen lo que le corresponde.

Por otra parte, si una sociedad o persona tuvo una deuda con el Estado en 1970 y la canceló diez años después, tampoco puede entrar. Falta de razonabilidad, porque al momento de la licitación la deuda está saldada.

En definitiva, el pliego discrimina situaciones que están amparadas por la ley. La mayoría de las empresas locales del rubro se quedan afuera por haber registrado deuda alguna vez y las que se ven favorecidas indirectamente son las recién constituidas, porque no tienen juicios ni deudas con el Estado.

Alós anticipó los cambios. Dijo que aclararán que son deudas actuales y respecto a los juicios, que la restricción será para los que fueron demandados por el Estado por cuestiones atinentes a Producción -créditos impagos, por ejemplo- y cuyos procesos están vigentes. Eso implica que los que le iniciaron juicio a la provincia podrán intervenir.

El funcionario dijo que no habían advertido "los errores" y aclaró con la intención de despejar sospechas: "La idea no es coartar la participación de nadie, queremos vender el producto tomando recaudos y maximizando el resguardo para que el Estado no se vea perjudicado".

Los "errores" llaman la atención, ya que es la segunda vez que se tiene que cambiar el pliego y ambas, por consultas de este medio. La primera fue en julio, cuando se declaró desierto el proceso por una fuerte polémica.

En esa oportunidad, el ministerio que dirige Raúl Benítez decidió venderle a los tres oferentes que quedaron en carrera, pero con un descuento a dos de ellos por ser sanjuaninos -uno, cuñado del ministro-. Este diario se comunicó con la tercera empresa y cuando se enteró, puso el grito en el cielo. Los funcionarios dijeron al principio que se los permitía el pliego, pero después se retractaron y declararon desierta la licitación.

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