Moreno debutó como ejecutivo y ya le cambió el nombre a Massuh

Se llamará Papelera Quilmes. La firma está administrada por un fondo del Estado.
Papelera Quilmes es el nombre con el que, desde ahora, saldrán al mercado los productos de las dos plantas de Massuh, tanto la ubicada en el sur bonaerense como la fábrica de la provincia de San Luis, donde se producen los cuadernos Laprida. Esta última planta, que está tomada por sus trabajadores agrupados en una cooperativa, ayer se sumó al fondo fiduciario del Estado para administrar los activos de Massuh, cuyo director ejecutivo es el Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.

Este funcionario, quien responde en forma directa a Néstor Kirchner y que ha lidiado durante tres años con prácticamente todas las empresas privadas del país--con un estilo que no descarta métodos de "apriete" personal-- , ahora se puso el traje de ejecutivo. Ayer encabezó la segunda reunión de directorio de Massuh, en la que entre otras cosas se anunció el cambio de nombre. La sugerencia de Papelera Quilmes la acercó Guillermo Robledo, quien representa en el directorio al intendente de Quilmes, Francisco Barba Gutiérrez.

"Entiendo que hay viejas peleas y que algunas no fueron resueltas. Pero ahora no está más el patrón", planteó Moreno en la reunión, según relataron fuentes presentes en el encuentro. "Aquí están el Estado y los laburantes. Y hay que demostrar la capacidad de ser eficientes", agregó.

La intervención del Estado tiene en principio la conformación de un fondo fiduciario que no expropia las plantas, sino que las alquila a sus dueños, que son la familia Massuh (50%) y los inversores de la Bolsa (50%). Pero como el grueso de la deuda concursal de Massuh es, precisamente, contra organismos estatales (los bancos Nación, Provincia y Ciudad, además de deudas impositivas y previsionales), fuentes cercanas a la nueva conducción daban por hecho que el alquiler podría transformarse en alguna clase de quita sobre esas acreencias.

Todo ese esquema forma parte de un plan de negocios diseñado por el propio Moreno. En paralelo, Moreno también asumió la tarea de persuadir a la jueza a cargo del concurso de Massuh, María Cristina O'Reilly, para que apruebe el plan. Hasta el momento no hubo ninguna resolución judicial sobre el ingresó del Estado dentro de la empresa.

Héctor Massuh debe 249 millones de pesos en el marco del concurso preventivo de 2001, cuyos principales acreedores son los tres bancos estatales y proveedores.

Acumula también una deuda posconcursal de 30 millones de dólares contra el fondo IIG Trade Opportunities, que había tomado como garantía un 20,12% del capital social.

Pero en este momento la firma Massuh dejó de disponer de sus activos, "alquilados" al Estado y a sus propios trabajadores. Paradójicamente el fondo IIG, ahora constituído en principal acreedor posconcursal, también pertenece a los trabajadores: sus principales aportantes son un gremio docente de Ontario, Canadá.

Comentá la nota