El fin de la mordaza kirchnerista

La ofensiva opositora para tomar el control de la Auditoría General de la Nación y la Comisión Mixta Revisora de Cuentas tiene un objetivo claro: dotar a ambas entidades de herramientas legales concretas para cumplir con el rol de control para las que fueron creadas, y terminar de ese modo con la mordaza que el kirchnerismo les ha impuesto desde su llegada al poder.
Hugo Moyano, Ricardo Jaime, Claudio Uberti, Julio De Vido y, por supuesto, empresarios cercanos al propio matrimonio presidencial son sólo algunos de los nombres rutilantes de funcionarios actuales y pasados o de dirigentes cercanos a la Casa Rosada alcanzados por las denuncias de la AGN durante los últimos seis años.

Pero más allá de la predisposición del auditor general, el radical puntano Leandro Despouy, a auditar con especial esmero la administración de los fondos públicos, su poder de fuego real se ve limitado de manera concreta y dramática.

A la imposibilidad de trasladar al fuero penal sus investigaciones y denuncias, se le suma el escaso interés que la Comisión Revisora de Cuentas, encabezada por el senador hiperkirchnerista santacruceño Nicolás Fernández, ha mostrado para dar curso a cualquier pesquisa que roce la epidermis del poder.

Al igual que durante la gestión de su predecesor, el peronista Oscar Lamberto, la comisión presidida por Fernández demora más de lo aconsejable la aprobación de los informes críticos de la AGN y las cuentas de inversión anuales, es decir, los tiempos y las formas en los que el Poder Ejecutivo gastó el presupuesto que es aprobado por el Congreso cada doce meses.

Hace poco menos de un año, la oposición en su conjunto se unió para resistir con éxito una embestida contra Despouy, originada en un proyecto de ley del oficialismo que recortaba sus funciones y le prohibía difundir informes de manera directa a la opinión pública. La iniciativa fracasó, pero el oficialismo logró, en los hechos, posponer el debate sobre las potestades de la AGN para controlar al poder, al menos hasta hace pocos meses.

Con la derrota en las elecciones de junio último llegaron nuevas embestidas del Gobierno hacia la labor de Despouy, y con ellas el temor kirchnerista a que las investigaciones lleguen, efectivamente, a tocar resortes sensibles de la actual administración. De poco ayuda a la transparencia del organismo, por cierto, que la elección de los auditores (que duran ocho largos años en sus cargos) continúe siendo prenda de negociación entre peronistas y radicales, sin la participación de terceras fuerzas políticas con representación parlamentaria ni de organizaciones no gubernamentales (ONG) dedicadas al control de los recursos públicos.

Envalentonada por la favorable distribución de fuerzas parlamentarias, la oposición se entusiasma con torcerle el brazo al oficialismo en dos lugares sensibles. Se espera que el Gobierno entable una dura e infatigable batalla, por lo que la unidad es, hoy por hoy, el mejor reaseguro opositor para lograr cambios de fondo.

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