Montoya avanza sobre la recaudación en comercios

Previa orden judicial, inspectores podrán retener hasta el 40% de la caja diaria de los locales morosos. Con esta medida, la Provincia apunta a cobrar impuestos atrasados por casi 700 millones de pesos
La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) comenzó a cobrar deudas impositivas de comerciantes a través de órdenes judiciales que le permiten quedarse con hasta el 40 por ciento de las recaudación diaria total de los morosos.

Con esta intervención directa en las cajas de los comercios con deudas, el organismo bonaerense podrá cobrar impuestos atrasados por más de 677 millones de pesos.

Se trata de un procedimiento en el cual se designa a un interventor para que verifique los ingresos de cada comercio moroso y retenga un porcentaje de lo facturado hasta que el contribuyente pague el total de su deuda.

El funcionario pauta un horario de cobro con el propietario o encargado del comercio y al pasar por el local verifica el total de los recaudado en el día y se lleva entre el 20 y el 40 por ciento del total, según el monto que indique la orden del juez, explicaron desde el organismo.

Los detalles indicaron que los propietarios de unos 5.490 comercios de toda la provincia mantienen deudas con el fisco y podrán ser pasibles de esta iniciativa "antievasión" que busca recuperar 677.520.597 pesos.

El requerimiento para actuar sobre las cuentas de recaudación total del comercio serán solicitadas por Arba a la Justicia después de que el interventor designado identifique a quien cuente con irregularidades impositivas.

Una vez que la Justicia se exprese favorablemente, Arba avanzará con sus acciones que, según sostiene el comunicado, "tienen como objetivo tutelar el crédito fiscal".

El organismo seleccionó a aquellos deudores que durante 2008 evidenciaron que mantienen vigente la actividad comercial o industrial aún sin regularizar su situación.

Se detalló que esta medida se desprende del artículo 14 del Código Fiscal aprobado por Ley 10.397, el cual establece que "en cualquier estado del juicio de apremio, podrá solicitarse la medida cautelar", para que el fisco pueda cobrar las deudas.

En caso de ser solicitada, el juez deberá disponer la medida en el término de veinticuatro horas sin más recaudos ni necesidad de acreditación de peligro en la demora, todo ello bajo responsabilidad del Fisco.

De esta manera, la intervención de caja y embargo de las entradas brutas equivalentes al 20 por ciento y hasta el cuarenta 40 por ciento de las mismas. En tanto, indicaron que avanzarán con acciones judiciales siempre y cuando se agoten las vías "amigables" de pago.

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