El Gobierno es optimista para anunciar antes de fin de mes la ofensiva contra el trabajo ilegal. En esa confianza dejan trascender que sólo restan pequeños ajustes y que habrá algún tópico más en el “Plan Integral de Combate al Trabajo No Registrado” que consensuó con empresarios y centrales obreras. Empero, el malestar inocultable en la Rosada aparece con la consulta sobre la demora de la AFIP en la implementación del monotributo laboral.

Para algunos la promoción de aportes para microempresas que cuenten con hasta cinco empleados, fue aceptada a regañadientes por la AFIP y que la dilación de los plazos para crear su soporte administrativo no fue una razón técnica. En efecto, el pago único por trabajador no altera el valor de los aportes que aseguran derechos y enfoca a las empresas por menor escala y productividad. “Esto completará el proceso de simplificación de las distintas operaciones administrativas para la contratación o registración de personal”, informó meses atrás el Ministerio de Trabajo.

El administrador federal Ricardo Echegaray dejó un asterisco flotando en el aire cuando ante una consulta de este medio, en el Congreso de Aduanas, si bien corroboró que se trabajaba por el monotributo laboral, respondió que su implementación “correspondería” a otra área.

Allí tanto dirigentes sindicales como empresarios se preocuparon. Incluso desde la CGT de Antonio Caló y la CTA de Hugo Yasky recordaron que cuando la central del metalúrgico elaboró su propuesta para una reforma tributaria, el administrador federal los apuntó descalificando ese paper. Dicha fricción también fue parte del Diálogo Social que el Ejecutivo lanzó a mediados de año.

La licencia médica de la presidenta Cristina Fernández marcó un paréntesis obligado en la presentación oficial de la ofensiva, pero desde el Gobierno, las cámaras patronales y los sindicatos aseveran “que todo está acordado”. Así vislumbran que, cambios de Gabinete mediante y con la interacción entre sectores al comando del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, sólo restan horas para concretar el arranque.

“Todavía puede haber alguna medida más”, señalaron las fuentes a BAE Negocios este fin de semana, y acotaron que esos tópicos están guardados bajo siete llaves en Olivos. Lo que lamentan es que el ahora número dos de Capitanich, Carlos Sánchez, ya no revista en la AFIP como responsable de Seguridad Social, para sellar tanto la implementación del monotributo laboral como otras gestiones. Empresarios, dirigentes de la CGT y la CTA destacan al funcionario y en el mismo plano elogiaron su incorporación a la Jefatura de Gabinete.

Ante la consulta para agregar alguna precisión más, desde la Rosada aseguraron “esto sale o sale” y lo anunciará la Presidenta. Allí recuerdan que el desafío el ataque al trabajo ilegal lo planteó la jefa de Estado la misma noche que anunció el nuevo Salario Mínimo Vital y Móvil. Apuntando a la administración federal acotan: “Algunos deben comprender que Cristina no sólo marca los tiempos, también el ritmo”.

Política de premios y castigos

“El espíritu no sólo es incrementar el control y el castigo, también aportar premios”, refrendaron desde el Gobierno en defensa del monotributo laboral y su génesis. Allí refrendaron que ese pago único de aportes para micropymes de hasta cinco empleados contará con un área de servicios y asistencia técnica para fomentar y asesorar la registración y otros beneficios.

También destacaron que sobre datos duros aquí no priva el impacto sobre cifras notables sino la defensa del trabajador y sus derechos. El concepto, afirman, se puede ver cristalizado en la actual campaña por la registración del sector de trabajadores de servicio doméstico. “Fíjese en los spots publicitarios”, le recalcó una fuente a este diario para simplificar mayores explicaciones. En efecto, los trazos van en el sentido de inclusión social y derechos apoyados sobre una mecánica administrativa de fácil acceso y desarrollo.

La ofensiva contra el trabajo ilegal comprende criterios demográficos, de productividad y una dinámica federal. De allí que las dotaciones de inspectores –conformadas por los agentes de Trabajo, AFIP y Anses– trabajarán sobre esquemas prefijados teniendo en cuenta un mapa preciso de cada región de nuestro país.