Mónica Cuñarro: "No investigan los grandes casos de narcotráfico"

Mónica Cuñarro:
La fiscal es firmante del documento avalado por un centenar de jueces que alerta acerca de la necesidad de una nueva ley de estupefacientes. 80 jueces y fiscales afirmaron que hay protección policial y política
Apenas el gobernador Daniel Scioli habló de los supuestos triunfos de su administración en la lucha contra el narcotráfico, desde el Ministerio de Justicia de la Nación le contestó la mano derecha de Aníbal Fernández, la fiscal Mónica Cuñarro: “El 90% de las causas iniciadas por la policía bonaerense son en la vía pública y por escasa cantidad. La Bonaerense no investiga los casos graves de narcotráfico”, le dijo a Crítica de la Argentina. “La desfederalización de la Ley de Drogas es un fracaso”, cerró.

La estocada que la coordinadora del Comité Científico de Lucha contra el Narcotráfico creado por iniciativa de Fernández le dio al gobernador se explica en la diferencia de visiones ante el tema de los gobiernos nacional y provincial. Mientras desde la Justicia se anuncia hace un año una política que no persigue “perejiles” –según la jerga de Aníbal–, Scioli ve en la droga a “un enemigo” al que hay que combatir sin distinguir entre los diversos niveles de la cadena. Por eso ayer sus palabras sobre la “cartelización” fueron tomadas por la titular del comité con pésimo humor. La fiscal, que ya tiene terminado el texto de la ley que se propondrá ante el Congreso, consideró que la alusión a una salida “entre la mano dura y el hipergarantismo” planteada por Scoli ante la ola creciente de delitos “no es una alternativa real, porque lo único que hay es el Estado de Derecho, la ley”, dijo.

–El gobernador habló de consolidación de los carteles en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué piensa de lo que dijo?

–Los discursos dicen una cosa y los datos de la Corte de la provincia, de los juzgados criminales y del Ministerio Público dicen otra. La policía bonaerense lleva casos nimios a la justicia criminal provincial y federal. La desfederalización es un fracaso. Lamentablemente, el doctor Raúl Zaffaroni tiene razón. Cuñarro se refiere al cambio que diputados y senadores votaron hace ya casi tres años cuando por presión de la provincia se decidió dejar también bajo la órbita de la Bonaerense algunos artículos de la ley 23.737. “Tienen competencia la distribución de cocaína, el tráfico de precursores químicos y el almacenamiento. Pero insisten en hacer procedimientos por nimiedades. No llevan esos casos a la Justicia. Ante esto, el discurso del gobernador cae y la única verdad es la realidad”, atacó.

La posición de Cuñarro se suma a lo que ya expresaron en un documento casi cien jueces, fiscales, defensores oficiales y camaristas que apoyan la despenalización de la tenencia para consumo y una reforma integral a la ley de drogas: creen que “en muchos casos” las organizaciones de narcotraficantes “recibieron protección política, administrativa y judicial”. El eje de las cuatro páginas de críticas de los juristas a la ley actual es que “la política en vigor en materia de drogas no sólo no ha disminuido su tráfico, ni su consumo, sino que, por el contrario, ambos siguen en alza”.

“La acción del sistema penal dirigida contra el consumidor ha distraído la atención en contra de los espacios de corrupción política y policial, de encubrimiento del tráfico mediante acciones dirigidas contra los sectores más vulnerables”, dice el documento al que adhieren la defensora general ante la Casación Stella Maris Martínez, el camarista federal Horacio Cattani, el juez Marcelo Madina, el fiscal Carlos Rívolo y casi un centenar de magistrados de todo el país.

En el Comité Científico y en el Ministerio de Justicia, la lectura que hacen sobre el documento de los jueces apunta a algunos sectores del gobierno nacional, como la Sedronar, por el descontrol de los precursores químicos usados en la elaboración de drogas como la cocaína y las metanfetaminas. Por otro lado, tienen la mira sobre el Gran Buenos Aires y su rol estratégico en el gran tráfico. Les preocupa el caso de los dos colombianos asesinados en el Unicenter Shopping, porque en siete meses nada se sabe del homicida ni mucho menos con qué grupos ilegales de tráfico estaban relacionados en Europa, el gran destino de la droga que pasa por la Argentina. La justicia provincial investiga también el caso del último colombiano fusilado por un sicario. En ambas causas no se ha determinado “por qué la AFIP de la provincia nunca les preguntó cuál era el origen del dinero con el que compraron autos, casas, empresas y abrieron cuentas. Lo más llamativo para los expertos es el control de los tres puertos de la provincia desde los que se cree puede salir la droga hacia Europa.

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