Un momento muy difícil enfrenta Sapag

Se agita, a tono con el contexto nacional, el fantasma de una especie de "neofascismo" ante la pretensión de controlar desbordes sociales. El uso político de la coyuntura es previsible, pero las exageraciones de uno y otro lado lo hacen peligroso.
Tal vez pueda sorprender, tal vez no se esperaba. Pero lo cierto es que el gobierno de Jorge Sapag no pasa por un buen momento, sino por el más complicado –en términos políticos- de su gestión hasta ahora.

Bastó la conjunción de una serie de hechos desafortunados, coronados por la frutilla de uno que rebasó el límite de la permanente tragicomedia política vernácula: una insólita agresión contra el secretario de Derechos Humanos de la Municipalidad, de parte de la policía.

Un hecho sobreactuado, que solo puede comprenderse si se fantasea con un mensaje casi mafioso de una fuerza descontenta con su propio gobierno: no se puede ser tan grosero, tan torpe, si no hay algún objetivo oculto que provoque semejante conducta.

El contexto es altamente preocupante. Es el de una situación de creciente confrontación, no solo en Neuquén sino en todo el país. De un lado, se vocifera el respeto a la Ley para acentuar recortes a "libertades" otorgadas por la misma dirigencia que ahora se horroriza (cortes de ruta, usurpaciones, todas fueron piadosamente justificadas hace apenas meses). Del otro, se exagera la "derechización" y se esgrimen argumentos de lucha ante el "neofascismo" de esta rara democracia nacional.

Lo cierto es que el gobierno de Sapag está complicado, incluso más allá de lo que efectivamente haga o deje de hacer.

Este miércoles, por ejemplo, una delegación de sindicalistas, políticos y representantes de organizaciones sociales, pretendió –sin conseguirlo- reunirse con la jueza María Galiano. El objetivo era incidir en la marcha de lo que será el juicio público al que se llega –a partir del 2 de noviembre, será- tras la sustanciación de la causa por las heridas que recibió José "Pepe" Alveal, en noviembre de 2003, cuando gobernaba Jorge Sobisch y hubo un enfrentamiento entre sindicalistas, militantes de partidos de izquierda y la policía neuquina.

"Es la misma política represiva del MPN", se dijo este miércoles. Se une lo de este juicio –en el que hay imputados policías- con el caso Fuentealba, y ahora, con lo que pasó con Jesús Escobar, el secretario de Derechos Humanos.

Se prepara, en concreto, un noviembre movido: coincidirá el plenario nacional de la CTA, el plenario de los obreros de Zanón con su propuesta de nueva izquierda nacional y combativa, más un nuevo embate del sindicalismo estatal que renegará de las propuestas de diálogo que no contengan mejoras salariales concretas.

El peronismo K neuquino se ha alzado "en armas" también contra Sapag. Lo acusan al gobernador de fomentar una virtual "destitución" del intendente de Rincón de los Sauces, Hugo Wernli, que sería concretada por los concejales del MPN de esa ciudad.

En Loncopué, no cesan los arrebatos contra el gobierno, que este miércoles pretendió sentar firmeza en la decisión de concretar una mina de cobre en Campana Mahuida, con la presencia en el acto del ministro Leandro Bertoya. La exhortación de Bertoya solo logró que los sectores opositores, que alegan una posible "destrucción del medio ambiente", se manifestaran con aun más energía.

Desde la zona sur de la provincia, llueven sugerencias explosivas para frenar la avanzada política mapuche sobre tierras privadas. La última de ellas, presentada en la Legislatura por un estudio jurídico de Zapala denominado COLEGAS (Consultores Legales Asociados) propuso que se le niegue o corte la asistencia oficial a toda comunidad indígena que tenga entre sus integrantes a alguien que "estuviera involucrado en hechos de usurpación, privación ilegítima de la libertad, atentado y resistencia a la autoridad, desobediencia a una orden judicial, intimidación pública, apología del crimen u otros atentados contra el orden público".

Cuesta creer, o puede sorprender, que la controversia político-social de Neuquén en este momento sea el de un presunto "neofascismo" versus otro presunto "neo-revolucionarismo". No parece que la realidad, la evolución histórica de la situación social y económica de la provincia lo justifiquen.

Pero sí, es posible, en un contexto de país tentado por la confrontación y la eventual violencia, como método de resolución de sus contradicciones políticas, que no encuentran un cauce institucional adecuado.

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