Un modelo sindical incompatible con el desarrollo

Un modelo sindical incompatible con el desarrollo
Una telaraña de complejas investigaciones judiciales y sentencias de la Corte Suprema de Justicia se cierne sobre la administración de los recursos de las obras sociales y la representación monopólica de los trabajadores, dos elementos centrales para la vigencia del anacrónico modelo sindical argentino.
Caracterizado por el matonismo y las prácticas mafiosas, cerrado a cualquier ejercicio de democracia real que permita la alternancia en la conducción, sesgado por el nepotismo, insaciable, fondeado con los aportes de los trabajadores cautivos del unicato y los millonarios recursos de las obras sociales, que los jerarcas manipulan en forma arbitraria en complicidad con los poderes políticos que les proporcionan cobertura e impunidad, el sistema atraviesa por uno de sus peores momentos.

Varias causas judiciales desnudan oscuras tramas de corrupción y abonan su desprestigio en una sociedad que advierte cada vez con mayor claridad las características de estas estructuras menos dedicadas a la defensa de los intereses de los trabajadores que a la perpetuación de sus privilegios corporativos y la expansión de su poderío.

La más emblemática es la que lleva adelante el juez Norberto Oyarbide, por la distribución de medicamentos truchos a través de las obras sociales de la Asociación Bancaria.

La investigación ya puso en la cárcel al líder bancario Juan José Zanola, un exponente típico de la patria sindical, y a su pareja. Oyarbide tiene bajo la lupa a otros 50 sindicalistas y también indaga en un fideicomiso constituido en 2008 para financiar a la Bancaria.

Por cuerda aparte, el juez Ariel Lijo investiga 16 obras sociales. Y Claudio Bonadío, el supuesto enriquecimiento ilícito del camionero Hugo Moyano, secretario general de la CGT. El juez quiere determinar si los millonarios subsidios que las organizaciones moyanistas recibieron de la Administración de Programas Especiales (APE) para, presuntamente, pagar tratamientos médicos de alta complejidad tienen respaldo documental. Sospechan que se confeccionaron expedientes apócrifos en complicidad con droguerías para sacarle el dinero a la APE.

La curiosidad de Bonadío no es caprichosa. El sindicato de camioneros incrementó los subsidios de la APE en un 700% (setecientos por ciento) entre 2004 y 2008.

En la actualidad, la APE es conducida por el abogado Daniel Colombo Russell, ex apoderado del sindicato de camioneros y hombre de Moyano.

Hace pocos días, la Superintendencia de Servicios de Salud le advirtió a Colombo Russell que la APE no puede asistir financieramente a la obra social de los bancarios, quebrada por Zanola, ya que sus fondos tienen el destino específico de pagar tratamientos de alta complejidad. Es decir: la APE no puede otorgar subsidios financieros sin la contraprestación médica correspondiente, una práctica en la que incurrió más de una vez bajo el manejo sindical que aun se mantiene.

A la preocupación de los burócratas sindicales por la posibilidad de seguir los pasos de Zanola y terminar esposados, se suma la posición asumida por la Corte Suprema a favor de la libertad sindical, una alternativa que, de consolidarse, los dejaría sin la exclusividad de la representación que vienen usufructuando desde hace más de medio siglo.

El régimen actual le otorga a un solo sindicato la facultad de representar los intereses colectivos de todo un sector de la actividad laboral. De este modo, el sindicato reconocido oficialmente es el único que puede firmar convenios colectivos de trabajo y convocar a elecciones de delegados.

Sin embargo, varios fallos del máximo tribunal del país habilitaron la extensión de las garantías gremiales a delegados de cualquier organización, cuenten o no con personería.

Las sentencias están en sintonía con el reclamo de apertura que incluso fue planteado a nivel internacional por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La CGT se niega rotundamente a cualquier modificación de las reglas de juego, mientras la CTA viene bregando desde hace años por el reconocimiento pleno, una promesa que el kirchnerismo todavía no le cumplió.

Pero al margen de consideraciones estrictamente legales, el monopolio sindical está agotado institucionalmente como sistema de representación. Lo demuestran la proliferación de organizaciones gremiales autónomas disidentes de los sindicatos con reconocimiento oficial, un fenómeno que crece alimentado por los trabajadores que no se sienten representados por la estructura tradicional.

La legalidad que ampara a los sindicalistas ortodoxos entra en colisión con las legítimas aspiraciones de los trabajadores que pretenden liberarse de su yugo.

La puja política derivada de esta contradicción estalla en violencia cada vez más frecuentemente. El último incidente se produjo entre dos facciones del gremio de la construcción de Lomas de Zamora y dejó como saldo un herido de bala.

Los precedentes son innumerables. Entre ellos se cuenta el enfrentamiento de facciones sindicales enemigas durante el traslado de los restos de Juan Domingo Perón a la mítica Quinta de San Vicente y el asesinato del sindicalista camionero Abel Beroiz en una disputa de poder intestina de la seccional santafesina.

La crisis que atraviesa el sindicalismo nacional muestra su faceta más oscura y reaccionaria. Parece dispuesto a mantener sus privilegios a cualquier precio.

Pero el fracaso del modelo no puede negarse. Tras 60 años de vigencia, los resultados son elocuentes: un país con la pobreza cronificada, anclado en el atraso, vaciado cíclicamente, mientras sus sindicalistas nadan en la abundancia.

Los trabajadores se vieron perjudicados no sólo en lo salarial, sino con la pérdida de puestos de trabajo, a raíz de una clase sindical parasitaria que no trepidó ni trepida en destruir los instrumentos de producción y las condiciones de progreso con tal de conseguir sus objetivos de perpetuación.

La continuidad de este modelo sindical es incompatible con el desarrollo del país.

El panorama que hoy se exhibe, con un recrudecimiento de las extorsiones y la violencia, paralelo al avance de las investigaciones por corrupción y los golpes judiciales al monopolio de la representación, es claro en cuanto a la necesidad imperiosa de un cambio profundo, a esta altura impostergable.

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