Un modelo de integración para salvar a la fruticultura/Por Alberto Wereltineck*

Cipolletti.- (APP) La fruticultura volvió a ser tema de la agenda política nacional y provincial a partir de la crítica situación que atraviesan los fruticultores y de su amenaza de salir a las rutas ante el futuro incierto que se les presenta. La ayuda consiste en un paquete de 30 millones de pesos que se distribuirá entre los productores de Río Negro y Neuquén.

Atender situaciones de emergencia, dar una respuesta en la coyuntura, es un buen paso. Pero no arregla el planteo de fondo, que pasa por preguntarse si la producción frutícola tal como la conocemos en nuestra región, con pequeños y medianos productores, es sustentable en el tiempo. Porque la crisis actual es apenas el emergente de una problemática más profunda, que hace al ordenamiento del propio sistema y que no alcanzará a solucionar el Plan Frutícola Integral.

En los últimos 30 años, todos los planes y programas que se volcaron a la fruticultura terminaron favoreciendo – por acción u omisión -, una mayor concentración de la actividad: por un lado, tenemos menos productores independientes, con un menor peso en la producción global, menos hectáreas en producción y demasiadas hectáreas en estado de abandono; por el otro, existen menos firmas empacadoras y menos comercializadoras, que tienen cada vez más poder.

Con otra característica particular: la economía regional se ha trasnacionalizado. Las grandes firmas concentradas dejaron de pertenecer a las familias tradicionales de la región y han pasado a manos de administradoras de fondos de pensión o sociedades anónimas europeas y norteamericanas. Firmas a las que en todo caso les puede interesar el bienestar de sus asociados, pero no el de los pequeños productores del Alto Valle.

Y esto no fue producto de la casualidad. Hace 30 años comenzó a desmontarse el esquema de contención del pequeño y mediano productor, cuando las cooperativas no pudieron acceder a los créditos y no pudieron competir en igualdad de condiciones. En medio de la dictadura militar y un modelo socio económico que pretendía favorecer la concentración, solo unos pocos pudieron sobrevivir.

Pero más tarde, ya en democracia, hemos equivocado sistemáticamente los caminos para dar una respuesta de fondo a la fruticultura. Las buenas cosechas y situaciones particulares como la devaluación y el aumento de la demanda externa nos hacían olvidar de la situación. Que ahora, crisis internacional mediante, vuelve con más fuerza que nunca a desnudar la verdadera naturaleza del problema: la dependencia absoluta que tiene el productor con las cadenas de comercialización. En el momento de la cosecha, debe enfrentarse a la imposibilidad de que se le garantice un precio mínimo que cubra los costos de producción; a la imprevisibilidad en las formas de pago, que suelen alargarse a lo largo del año; y a la inexistencia de parámetros técnicos acordados y establecidos previamente para fijar el descarte de la fruta.

Para esta emergencia, el gobierno nacional aportará 30 millones de pesos que estaban destinados a otra partida del Plan Frutícola Integral. La gran pregunta es qué hubiera pasado si esos fondos no hubiesen estado disponibles… Lo bueno es que están y que a muchos les permitirá permanecer en el sistema una temporada más. ¿Y el año que viene, qué? ¿Se volverán a colocar otros 30, 40, 50 millones de pesos para ayuda coyuntural y totalmente parcial? ¿O nos animamos a diseñar un nuevo esquema de trabajo?

El problema es bastante sencillo: el productor, recibe un precio por su producción que no cubre sus costos. Esa situación que no se solucionará con leyes, por más bienintencionadas que sean. Las normas de Transparencia Frutícola y la de Contractualización Frutícola son dos buenos ejemplos de eso. Encima, al no tener castigos para quienes las incumplen, terminan siendo perjudiciales para el sistema.

Un esquema más participativo

Un modelo diferente del complejo frutícola, más justo y equitativo, tiene que pasar por el fortalecimiento del eslabón más débil de la cadena. Para eso deberemos recobrar una antigua forma de organización: el asociativismo. Recuperar los principios que en los años ’40 y ’50 permitieron el desarrollo de la región, la creación de innumerables fuentes de trabajo y la reinversión constante en las chacras.

Hay que aprender de los errores cometidos: una asociación muy grande puede convertirse en una administración burocrática y alejada de los intereses de los socios. Es lo que le pasó a Corpofrut, que terminó de espaldas a sus asociados y víctima de una política económica que no la tenía en cuenta.

La propuesta es conformar consorcios o asociaciones de productores que puedan comercializar su propia producción. Destinando fondos del Plan Frutícola a infraestructura de almacenamiento y embalaje de uso común. Y que esas asociaciones se manejen con un número mínimo de socios para que todos sepan cuál es el aporte de cada uno. Que la burocracia no se "coma" los excedentes que puedan conseguir.

El Estado deberá readaptarse a este nuevo esquema. Tendrá que tener planes para el sector integrado, muy dinámico, acompañándolo en la apertura de nuevos mercados y generando las condiciones para vender más y en mejores condiciones, con investigación y tecnología. Pero también tendrá que acompañar al modelo asociativo del pequeño y mediano productor, dándole reglas de juego diferenciadas y estables.

Por ejemplo, organismos del Estado Nacional como Funbapa y SENASA deberían adecuar sus formas de trabajo para no ser un obstáculo en la comercialización de los pequeños y medianos productores. Es bueno mantener exigencias sanitarias, pero a veces debemos asegurar también la supervivencia de quien produce la fruta.

Sería bueno también que esos organismos adopten estructuras más austeras, con menos funcionarios y que no se financien exclusivamente a costas del esfuerzo de los productores.

Los Estados Nacional y Provincial deberán trabajar en la capacitación y la formación del asociativismo. No será algo fácil, porque después de 30 años de políticas individualistas la memoria colectiva ya casi no registra las ventajas del trabajo en común. Los municipios podríamos reorientar algunas compras para asegurar la provisión de fruta fresca en los comedores escolares y comunitarios.

Otra forma de contribuir es que el Estado Nacional revise los costos laborales para pequeños y medianos productores, que hoy son excesivamente elevados.

Y los gremios relacionados con la fruticultura tendrán que reflexionar hasta que punto pueden tirar de la cuerda en sus reclamos; cuál es el límite entre las reivindicaciones necesarias para el sector y cuál pone en peligro la fuente de trabajo.

¿Es valioso salvar al productor?

Todas estas medidas, en definitiva, están destinadas a garantizar la supervivencia en condiciones dignas de un arquetipo de nuestra región: el pequeño y mediano productor. De allí que también podamos hacernos la pregunta: ¿es valioso hacerlo? ¿Es realmente necesario?

Una posible respuesta podría ser que necesitamos defender esta figura productiva por una cuestión histórica, porque como sociedad nos sentimos obligados hacia aquellas familias o simplemente por un mero sentimentalismo.

La respuesta verdadera habrá que buscarla en el significado económico de ese pequeño y mediano productor, porque no va a ser lo mismo un sistema dominado en su totalidad por los grandes exportadores que otro en el que los más chicos puedan tener un papel importante.

Los principales comercializadores de la región tienen sus centros de decisión fuera del país: Italia, Francia, España, Bélgica, Estados Unidos. Desde esos lugares definen sus políticas de compra, de venta y de inversión. Allá se trazan los lineamientos y los gerentes locales, por poderosos que nos parezcan, tienen que acatar esas líneas. Pueden comprar sus insumos en la región o importarlos; pueden decidir invertir excedentes en la región, en China o en Australia, allí dónde las expectativas de ganancias sean mayores.

En el mundo, estos esquemas cuasi monopólicos han generado más problemas que soluciones.

En cambio, los productores que hoy no están integrados invierten en el lugar; compran insumos a proveedores locales; estimulan el movimiento económico a nivel regional y están más ligados a lo que ocurre a su alrededor.

De allí que esté convencido de que es valioso económicamente para nuestras provincias sostener al pequeño y mediano productor. Y que trabajando en conjunto en soluciones de fondo podremos rescatar al Alto Valle de la decadencia productiva que viene sufriendo.

Es importante trabajar sobre los problemas de la coyuntura, pero alguna vez deberíamos ponernos a trabajar en políticas permanentes, que tengan sustentabilidad y actúen sobre las causas de los problemas, no sobre las consecuencias.

Comentá la nota