Modelo Chubut: Y una clara violación de la división de poderes

Infoglaciar - (Por José Raúl Heredia) - El gobernador de la Provincia de Chubut, Mario Das Neves, ha vuelto a atentar contra el principio republicano de división de poderes afectando con sus declaraciones públicas y discursos políticos la independencia de los jueces, a quienes, entre otras caracterizaciones, ha llamado indignos.
El titular del Ejecutivo ha criticado la sentencia dictada por una conjueza de Comodoro Rivadavia que hizo lugar a una acción de amparo promovida por los jueces provinciales declarando que las remuneraciones que perciben vulneran el principio de intangibilidad de las remuneraciones, ordenando a los poderes públicos de la Provincia su recomposición. La decisión no está firme, ya que ha sido apelada por el Poder Ejecutivo.

No sólo se ha descalificado el fallo, sino que se ha dirigido a los jueces llamándolos «tontos» e «indignos» y ha afirmado que la conjueza que dictó la sentencia debería ser declarada insana.

La situación, si cabe, es aún más grave porque el Gobernador ¿en lucha para la presidencia de la Nación para 2011? ha llamado a una suerte de pueblada que él mismo encabezará el 10 de diciembre y que se llevará a cabo en toda la Provincia para que la gente, según ha convocado, le muestre a los hijos de los jueces que promovieron el amparo que sus padres son indignos.

Los jueces también han sido acusados de querer «meter la mano en la lata» para quedarse con una millonaria suma de dinero.

Como es evidente el poder político procura intimidar a los jueces para que den marcha atrás en sus reclamos.

La Legislatura también ha sido escenario de graves imputaciones y descalificaciones a los jueces por parte de diputados oficialistas. Ello se suma a las constantes críticas a los jueces, a quienes se acusa de «garantistas», enrostrándoles la responsabilidad por hechos delictivos.

Por su parte, el Procurador General de la Provincia, funcionario que se desempeñó como Fiscal de Estado inmediatamente antes de su nombramiento y que acompañaba habitualmente al Gobernador en las denuncias contra magistrados y funcionarios judiciales, ha ordenado recientemente a las fuerzas policiales que actúen de oficio en delitos flagrantes. Si bien en principio es una previsión ya contenida en el Código Procesal Penal, es inequívoco que esta decisión, adoptada justamente ahora y sumada a los hechos ya destacados, viene a incrementar las zozobras y el riesgo cierto de potenciales violaciones a la Constitución y a los derechos de los ciudadanos.

Es menester recordar que fuerzas policiales de Chubut han sido recientemente denunciadas por graves violaciones a los derechos humanos por actuaciones llevadas a cabo en la localidad de Corcovado y en la ciudad de Sarmiento, pesando asimismo sobre esa fuerza la imputación de desaparición forzada de persona según una denuncia que ha sido radicada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La Asociación Pensamiento Penal entiende como un ineludible deber, fiel a sus postulados fundacionales, dar a conocer estos gravísimos sucesos que atentan contra la división de los poderes que cada Provincia está obligada a consagrar, respetar y resguardar (artículos 1 y 5 Constitución Nacional) y condicionan el accionar de los jueces al par que conllevan el peligro cierto de que personas previamente determinadas o aun de modo espontáneo, en respuesta a la insólita e ilegítima convocatoria del titular del Ejecutivo provincial, se crean autorizadas a agredir de diversas maneras a los jueces chubutenses.

La Asociación Pensamiento Penal, repudia los graves sucesos antes referidos por ser violatorios del orden constitucional, y más específicamente, del Estado democrático y social de Derecho y de la forma republicana de gobierno que ella consagra.

Por ello, se le recomienda al Poder Ejecutivo provincial que, en resguardo de los principios elementales del sistema republicano y democrático, procure en lo sucesivo evitar actos agraviantes contra los jueces, ateniéndose a los remedios que la Constitución y las leyes han previsto para impugnar, si es que lo entiende pertinente, las decisiones judiciales.

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