La mitad de los diputados pide cambios

El oficialismo confía en reunir la mayoría de los votos, pero persisten los reclamos para que se añadan garantías para los fondos
Más de la mitad de los legisladores que integran la Cámara de Diputados (entre oficialistas y opositores) rechazan o bien reclaman cambios al proyecto de ley del Gobierno que propone eliminar el régimen privado de jubilaciones. En vísperas del debate de la iniciativa, el oficialismo admitió que podría introducirle cambios, pero negó enfáticamente que fuera a incluir una cláusula de intangibilidad de los fondos jubilatorios.

Pese a los reclamos, el oficialismo se muestra tranquilo: el jefe de bloque Agustín Rossi (Santa Fe) está convencido de que tendrá votos más que suficientes para aprobar la iniciativa en general. Calcula que reunirá entre 140 y 150 votos positivos (se necesitan 129). Su confianza descansa en su propio bloque, porque si bien algunos kirchneristas advierten que pedirán cambios en la iniciativa, Rossi cree que, con algunos retoques, sabrá contener a la mayoría y terminará votando a favor en general. No vislumbra, entonces, un escenario similar al que se produjo cuando se discutieron las retenciones móviles al campo, en julio pasado.

Ergo, si la oposición no recibe una ayuda del oficialismo, ésta no tendrá posibilidad alguna de imponerse en la votación en general.

Pese a que confían contar con los votos suficientes, el kirchnerismo procurará maquillar el proyecto para ampliar el consenso con otros sectores (como el bloque de SI, de Eduardo Macaluse) y no aparecer hermético. Por ahora, la única modificación en mente es precisar con mayor detalle el control y qué inversiones se podrán hacer sobre los fondos previsionales. Se calcula que las AFJP traspasarán al Estado unos 100.000 millones en cuentas individuales, a los que se deben sumar los aportes mensuales de los afiliados privados, que rondan los 15.000 millones anuales.

Los retoques al proyecto comenzarán a delinearse esta semana, cuando el proyecto se debata en el plenario de las comisiones de Previsión Social y Presupuesto de la Cámara baja. Por lo pronto, se rechazó la posibilidad de incluir una cláusula de intangibilidad sobre los fondos, como reclaman algunos bloques opositores.

?Es un absurdo?, calificó ayer Rossi, y explicó que si los fondos no tienen un movimiento financiero u económico, terminarán por depreciarse.

?Intangibilidad no significa inmovilidad, es decir, mantener los fondos quietos en una caja de zapatos ?respondió, irónico, el diputado Jorge Sarghini [Justicialismo nacional-Buenos Aires]?. Intangibilidad significa no cambiarles el uso a esos fondos; es decir, si son fondos de los jubilados, no deberían ser destinados a otra cosa.?

Muchos legisladores, entre ellos varios oficialistas, reclaman que la futura ley garantice de manera expresa que los fondos a recaudar se destinen al beneficio de los jubilados. El oficialismo ya preparó una respuesta: ?El mejor uso que se les puede dar a esos recursos es invertirlos en emprendimientos productivos, en obra pública y demás actividades que redunden en un crecimiento de la economía. Eso beneficiará también a los jubilados?, enfatizó a LA NACION la diputada Patricia Vaca Narvaja (FPV-Córdoba).

En rigor, los actuales excedentes de la Anses se utilizan, en parte, a esos fines. La oposición desconfía y sospecha que la millonaria partida extra que ingresará en el Estado recalará en la caja electoral kirchnerista.

De todas maneras, no son unívocas las posturas de quienes critican el proyecto. Los bloques que aparecen más duros, Pro, la Coalición Cívica y la UCR, lo rechazan de plano. En cambio, el Socialismo, el bloque SI y Claudio Lozano (CTA) aparecen más cerca del oficialismo, pues históricamente reprobaron el sistema privado. De todos modos, aún no comprometieron su apoyo explícito.

?Nosotros somos abanderados de la movilidad jubilatoria, pero el proyecto oficial era muy malo: votamos en contra. Podría suceder lo mismo con esta iniciativa si no hay cambios sustanciales?, sostuvo Lozano.

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