Tras dos semanas de investigación, el fiscal de Río Cuarto, Javier Di Santo, imputó en las últimas horas a un médico por la muerte de dos pacientes de terapia intensiva de una clínica privada de Río Cuarto, a los que habría matado inyectándole una sobredosis de potasio, según denunció una enfermera. La imputación legal es “homicidio calificado por alevosía en grado de sospecha leve”.

El martes 31 de julio, Roque Centeno (67) y Ana Amaya de Campos (42) murieron cerca de las 20 en la unidad de terapia intensiva (UTI) de la Clínica Regional del Sud de Río Cuarto, con una diferencia de pocos minutos.

Al otro día, la enfermera E.B. (45) fue a la Policía y denunció que el jefe de la UTI, Martín Isa, les había inyectado a los pacientes Centeno y Amaya tres frascos de potasio, que les causaron la muerte . La declaración de unas tres horas de duración abundó en detalles. El hombre fallecido, estaba internado desde el 8 de julio con un accidente cerebro-vascular (ACV), mientras que la mujer padecía de lupus. Ambos estaban en estado de coma.

E.B. refirió además en su declaración que tras la muerte de los pacientes, discutió acaloradamente con el médico Isa por lo que había sucedido. Trascendió que la mujer le reprochó al médico porque las inyecciones de potasio habían sido mortales y éste le habría respondido: “¿Para qué les iba a prolongar más la agonía?.

Tras recibir la denuncia, el fiscal Di Santo ordenó una serie de actuaciones que incluyeron retirar ambos cuerpos mientras los estaban velando sus familiares para que se le realizaran las autopsias y otros estudios anatomopatológicos para determinar la existencia de potasio en sangre o tejidos de vísceras. Esos estudios, que se realizan en el Laboratorio Genético de Policía Judicial de Córdoba, estarán listos recién la semana próxima.

Especialistas en medicina forense confiaron a Clarín que “es muy difícil hallar potasio endovenoso” y que “cuando una persona fallece, las células del organismo liberan potasio, por lo cuál su presencia crece en el cadáver”.

El fiscal Di Santo ordenó también secuestrar los libros internos del sanatorio y las historias clínicas de todos los pacientes de la UTI. Y se secuestraron residuos patológicos que aún no habían sido recolectados del lugar.

El martes pasado, el jefe de la UTI de la clínica riocuartense declaró durante cuatro horas ante el fiscal y desmintió la versión de la enfermera que lo denunció, y dijo que sólo les había suministrado sedantes . “Mi cliente está tranquilo, fue imputado formalmente para poder ejercer su derecho a la defensa, que incluye el nombramiento de peritos”, le dijo a Clarín el abogado defensor, Eduardo Massa.

El abogado señaló que Isa “no quiere hablar con la prensa hasta que no esté avanzada la investigación y el fiscal se haya expedido”.

Por su parte, los abogados querellantes de Claudia y Roque, dos de los hijos de Centeno, Pedro Rossi Jaume y Eugenia Bonzi coincidieron en decir que “nuestros clientes no sospecharon nada, hasta que esta enfermera hizo la denuncia”.

Bonzi destacó que “los hijos de Centeno se presentaron como querellantes para saber qué pasó realmente con su papá. Para tener acceso al expediente y saber la verdad. Si efectivamente se trató de un homicidio como dijo la enfermera o si murió por causas naturales”.

La abogada aseguró que “nuestros clientes no pudieron hacer el duelo, porque mientras estaban en pleno velorio, llegó una orden judicial y se llevaron el cuerpo de su padre, y eso los afectó sobremanera”.

Del expediente trascendió que una enfermera habría escuchado la discusión entre E.B. y el jefe de la terapia intensiva, pero también se supo que el fiscal no secuestró ninguna ampolla utilizada de potasio del lugar del hecho.

La aparición de estos dos presuntos casos de eutanasia conmocionaron a Río Cuarto, ya que decenas de familiares de personas fallecidas en la clínica Del Sud comenzaron a dudar de las causas de su muerte.