Además de la detención de Ricardo Jaime, el juez federal Julián Ercolini hoy citó a declaración indagatoria a Juan Pablo Schiavi, sucesor de Jaime al frente de la Secretaría de Transporte de la Nación. Schiavi deberá presentarse el 8 de abril a las diez de la mañana, por la causa en que se investigan irregularidades en la compra de trenes a España y Portugal.

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El magistrado prohibió también salir del país a Jaime, a Schiavi, a Ricardo Domingo Testuri y a Ignacio Julián Soba Rojo, este último un jubilado octogenario, considerado un "prestanombre" de Jaime.

 Así trasladaban a Ricardo Jaime.

En su resolución de hoy, el juez estableció que Jaime, "en su carácter de titular de la Secretaría de Transporte de la Nación, fue quien tuvo a su cargo la administración del patrimonio estatal en su órbita de actuación y suscribió (...) los contratos rubricados con el Reino de España y la República de Portugal, para proveer a nuestro país de material ferroviario, dentro del llamado 'Plan Nacional de Reorganización, Recuperación y Modernización del Ferrocarril Nacional'".

"De las constancias del expediente surge que los fondos abonados por el material rodante adquirido eran de desproporción exorbitante en relación a su calidad y funcionalidad real, lo que hacer presumir que grandes sumas de dinero fueron sustraídas de la esfera de la administración pública por los funcionarios a quienes fueron confiadas y que justamente debían proteger el patrimonio estatal", señaló el magistrado.

En la resolución también se consideró que Manual Vázquez (presunto testaferro de Jaime), "encontrándose vinculado a la empresa CAESA y revistiendo a su vez carácter de funcionario de la mencionada Secretaría, tomó parte en la maniobra precedentemente descripta al tiempo que obtuvo beneficios para sí y para terceros en el marco de su intervención como asesor del organismo en las gestiones vinculadas a la suscripción de los contratos”.

“Las facturas incorporadas en el trámite del expediente verifican lasaltas comisiones cobradas en concepto de honorarios por la empresa CAESA --que fue designada por la Secretaría de Transporte para la prestación de servicios de asistencia técnica en relación al material ferroviario adquirido a España y Portugal--, dinero que cabe sospechar determinó la dirección de sus intervenciones en las conductas descriptas", agregó el texto.

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Para Ercolini, "este accionar pudo concretarse gracias a la intervención de Ignacio Soba Rojo, quien en calidad de presidente de CAESA realizó todos los actos que demandaron la participación de esa empresa".