En Misiones hay unas 3000 familias rurales en condición de intrusos

La superficie asentada llegaría a 150 mil hectáreas. En los próximos meses el Estado provincial invertirá 9 millones de pesos para la regularización administrativa de los terrenos que ocupan unas 1.300 familias

Posadas. En Misiones, se estima, que hay cerca de 150 mil hectáreas ocupadas en forma irregular, sobre las que se asientan más de tres mil familias sin títulos de propiedad ni permisos de ocupación,.

“No hay datos certeros de la cantidad de área ocupada o de la cantidad de familias afectadas, pero por estimaciones que tenemos y la información que nos llega por nuestros delegados del interior, sabemos que hay entre 100 mil y 150 mil hectáreas ocupadas por unas 2500 o 3000 familias en todo el territorio provincial”, confirmó Jaime Ledesma, subsecretario de Tierra y Colonización del Ministerio de Ecología, Recursos Naturales Renovables y Turismo de Misiones.

Durante los últimos meses de este año y los primeros del próximo se invertirán nueve millones de pesos para regularizar la situación de unas 1300 familias que se asientan sobre 20 mil hectáreas en distintos puntos de la provincia. Estas familias se encuentran en situación de “ocupantes”.

El Estado provincial será el encargado de desembolsillar esa suma de dinero. En lo que va del año, ya se invirtió poco más de seis millones y medio de pesos para expropiar tierras y mensurar los terrenos ocupados, para posteriormente otorgar los permisos de ocupación mientras se tramitan los títulos.

“Próximamente se invertirán 9 millones de pesos para adquirir unas 20 mil hectáreas y así resolver el problema de 1300 familias. Se invierte mucho en esta problemática y se hace con seriedad debido a que es un tema sensible. Por la ley de Arraigo y Colonización ya se invirtió entre compra de tierras y mensuras, unos 6 millones de pesos”, afirmó Ledesma. Desde esa cartera aseguran que para el Estado provincial, la regularización de tierras es una prioridad.

Tierras privadas y fiscales

Se deben diferenciar dos tipos de situaciones de ocupación, por un lado la de tierras fiscales, donde la Provincia realiza acuerdos con los municipios o los organismos correspondientes, lotea y comienza con la entrega de permisos y los trámites de títulos.

Otras es la situación de las tierras que son propiedad de empresas privadas, que obligan a la provincia a iniciar un proceso de expropiación y de compra de esos terrenos, lo que demanda mucho más tiempo de trabajo que en el caso de las tierras fiscales, y mayor cantidad de fondos.

Este tipo de propiedades suelen ser las más conflictivas, ya que se debe negociar, tanto con los propietarios como con los ocupantes para lograr un acuerdo viable, según señalan desde la Subsecretaría.

De las zonas con ocupaciones de tierras privadas, la más conflictiva se centra en Pozo Azul, al norte de la Provincia. En esa región se encuentran instaladas unas 1030 familias, según números oficiales; aunque los habitantes del lugar aseguran que son más de 1300 las familias asentadas en la zona. Son poco más de 38 mil hectáreas

“El centro de tensión con los ocupantes está en Pozo Azul, ahí son 38 mil hectáreas; 18 mil de Puente Alto, 19 mil de Colonizadora Misiones y 561 hectáreas de Maderas Nativas”, graficó Ledesma.

En este sector se están realizando diversos trabajos que incluyen mediciones, mensuras y negociaciones con los propietarios. En el área que pertenece a Puente Alto se está concluyendo con las tareas de mensura, el área de Colonizadora Misiones está en el segundo proceso de tasación, mientras que el área que pertenece a Madera Nativas tiene aprobados los planos de mensuras.

Mientras se realizan esos trabajos, el Estado provincial ya realizó una propuesta económica por estas tierras a sus propietarios, quienes la rechazaron y por ello se recurrió a la Justicia para lograr un acuerdo de partes. Esto retrasó el proceso de expropiación de las tierras y la entrega de los permisos de ocupación.

Distinta es la situación en los terrenos de las Empresas Agroforestal y Ferbuel, donde la Provincia invirtió cerca de seis millones y medio de pesos para expropiar las tierras y realizar los pasos para su normalización.

Cinco millones costaron los terrenos en cuestión y casi un millón y medio de pesos los trabajos técnicos y planos, según indicaron desde la Subsecretaría.

El área que pertenecía a Agroforestal, eran unas 3900 hectáreas que ya fueron relevadas y las constancias de relevamientos estarán para fin de año, en esta zona ya se otorgaron 140 constancias de regulación administrativa de las tierras. En el área que pertenecía a Ferbuel, unas 660 hectáreas, se entregaron 62 constancias de regularización.

Los habitantes de estas áreas manifiestan que el proceso de regularización encarado por el Gobierno provincial es demasiado lento. Desde la Subsecretaría de Tierras admiten que los tiempos burocráticos son lentos y más aún cuando debe participar la Justicia, pero el trabajo se está realizando dentro de los plazos que corresponden.

Regularización

Durante el presente año se entregaron unos 700 permisos de ocupación y prórrogas de permisos.

En San Vicente se entregaron los permisos de ocupación a 200 familias, en San Pedro a otras 200 familias, en Colonia Aurora 70, mientras que en Andresito fueron unas 150 familias y a mediados de diciembre recibirán sus permisos unas 80 familias de San Antonio.

Luego de obtener los permisos, llega el turno de tramitar los contratos de adjudicación, y como paso siguiente la titularización de la tierra. En 2008 se entregaron 60 títulos de propiedad en diferentes puntos de la provincia y quedan pendientes de entrega otros 32. Otros 131 títulos se están tramitando y hay 100 títulos que se encuentran en proceso de redacción.

La tierra es uno de los bienes más preciados, si no es el más preciado de todos, tiene una importancia mayúscula para cualquier persona lograr la propiedad de la tierra que habita y trabaja. Es por esto que los habitantes, hoy ocupantes de esos terrenos, se muestran impacientes y ávidos de lograr obtener la propiedad de la tierra que han trabajado durante años.

“El trabajo que hacemos debe ser ambientalmente sustentable, socialmente acorde, técnica y económicamente viable. Es la única manera de que se logre un resultado que permite mejorar la calidad de vida de la gente, que es el objetivo último de este proceso”, afirmó Ledesma.

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