Misión urgente: acercarse a la gente

Aunque es un año electoral, la dirigencia no da pie con bola en la estrategia de acrecarse a las preocupaciones reales de le gente.
La obscenidad del despliegue de aparato y ceremonial del Ministerio de Trabajo de la Provincia para hacer gestos a un funcinario de rango menor, y no para traer soluciones a la crisis de empleo. En seguridad, el mandato es que la gente se arregle como pueda (oficialismo) o sacarse los ojos para capitalizar el tema (oposición). Lo que quedó en evidencia en Luz y Fuerza: la gente es más lúcida que su dirigencia. Y lo que será el pico de vivir en una nube de gestos: los legisladores modificaron la ley municipal y ahora los concejales van a cobrar antigüedad por todos los cargos públicos que hayan tenido antes: ¿a cuánto se van María Irene Blanco, Susana Valverde, Julio Alem, Ignacio Aramburu, Héctor Cavallieri y Marcelo Urlézaga, todos con puestos públicos anteriores al actual?

Hace dos, o tal vez tres años, si un Ministerio provincial movilizaba toda su estructura jerárquica (Ministro, vice y los principales directores de área) era por lo menos para el anuncio de algún tipo de política pública referida a un tema actual, con alusiones a la problemática concreta y líneas de acción a futuro. Era así, aunque pueda dudarse con fundamento acerca de la aplicación concreta y posterior de las promesas de protocolo.

Hoy, tras un breve recorrido donde las políticas públicas concretas empezaron a valer mucho menos que la simple foto publicitaria, las cosas son a la inversa: no importa si no hay nada que anunciar o si el fin de la visita en nimio. Lo que le importa a la clase política actual es la escenificación de un evento, aunque no haya nada detrás.

Tras un proceso donde el Ministro de Desarrollo Social de la Provincia puede pasarse casi un día en Olavarría para anunciar un plan de ayuda social ya conocido y que abarca apenar 150 pesos de alimentos por mes, o un Gobernador que reunió a todos los intendentes oficialistas en el Salón Rivadavia –y les hizo sacar a todos una foto al lado de una pala mecánica, previo a los huevazos del campo- para anunciar préstamos para compra de maquinaria vial que jamás se concretaron, lo que ha quedado, hoy, es sólo el gesto, la risa sin motivo, el festejo de cara a la tribuna pero sin que medie gol alguno.

Este jueves, la puesta en escena para el reemplazo del delegado del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires en Olavarría, Eduardo Cataldi, y el anuncio de su ascenso a director de delegaciones alcanzó la altura del absurdo. Sobre todo si se tiene en cuenta que la dependencia que se movilizó es la que más incumbencia tiene en el tema económico-social que más sensibiliza a la población económicamente activa: la situación del empleo local en la recesión mundial que se profundiza en 2009.

La movilización –que incluyó avión de la Gobernación, y permanencia en la Ciudad por esa misma noche- y la posterior cena con sindicalistas del Cesso estaría bien, o sería aceptable, si hubiera mediado algún tipo de anuncios para el trabajador de a pie que teme las cesantías o quedar sin trabajo este año. Salvo el anuncio de que el desempleo en la Provincia no ha crecido, y está muy firme en el 8% (según su punto de vista), Oscar Cuartango no trajo novedad alguna.

De todos modos, el alejamiento de la dirigencia de los problemas concretos de la gente tuvo esta semana otros rasgos evidentes, en terrenos conocidos y en otros que darán que hablar en la semana que viene.

El más conocido es el de la seguridad pública. Hace un tiempo, la dirigencia del oficialismo –sobre todo provincial- empezó a manejar un concepto a los fines de justificar su distancia con los reclamos por mayor seguridad: se creó el concepto de “sensación de inseguridad”.

Así, el pavor que comenzaron a vivir a diario los habitantes primero del Conurbano y luego del interior no se debía a un crecimiento de los hechos, ni a la inoperancia policial, ni a la incapacidad administrativa de la Justicia, ni a los vicios del sistema carcelario ni a la creciente fractura social: en esa versión de la dirigencia se trataba, sencillamente, de un invento de los medios de comunicación, equiparable al furor que generaban el grupo de adolescentes “Bandana” o la adhesión masiva del juego “El Gran DT”.

Pero sucedió que mientras “Bandana” pasó al olvido primero y luego de dividió (como tantos otros inventos mediáticos) y “El Gran DT” se juega mucho menos en su versión on-line, la inseguridad demostró no ser sensación, y no se olvidó, ni se superó, ni cambió de formato en los nuevos tiempos mediáticos: es, y modifica la realidad.

En su versión local, el sábado la capacidad de modificar la realidad de un fenómeno concreto (la inseguridad ante el crecimiento del delito y del ataque a la propiedad y las personas) llegó con una evidencia que, por derecha u por izquierda, superó a la clase política local: un núcleo del 10 a 12 manzanas en plena etapa de ocupación decidió crear su junta vecinal, que será la primera entidad fomentista de la historia de Olavarría surgida de la convicción de que los poderes públicos no les han garantizado la mínima tranquilidad que merece la gente de bien en una sociedad moderna.

Con todo, lo hicieron dando un paso por delante respecto de la representación teórica de sus intereses. No coinciden con el oficialismo municipal, al que le espetan una falta de presencia flagrante, por más que hayan dejado de hacerlo notar y prefieran optar por mejorar lo que tienen a mano. Pero tampoco caen seducidos por la oposición que sale a explotar el tema.

El sábado este último rasgo fue evidente. La reunión de 23 vecinos trató de ser coordinada por una dirigente del radicalismo que se referencia en Rubén Lanceta, y hasta el diputado llegó, presentado por la militante como gran figura.

Pero la referente de Lanceta no logró ni por asomo retener la conducción del grupo fundador. Y a la mayoría le cayó mal que el propio diputado nacional se enojara con la abogada Cristina Forcinitto (Multisectorial por la Seguridad) cuando la profesional les dijo a los vecinos que estaban invitados a las reuniones en la Cámara Empresaria: “se pasaron boleta entre ellos, son terribles”, observaron los más lúcidos, cuando Lanceta le echó en cara que a él no lo llevaban a la sede de España y Belgrano.

Con todo, aún no se ha visto el pico del divorcio entre dirigencia política y ciudadanos comunes. Se lo verá la semana que viene, cuando termine de hacerse carne un tema que infoeme.com ya tiene chequeado: el aumento de dietas de concejales por la modificación de la Ley de Municipalidades.

En momentos en que en Olavarría aún está caliente el aire por la suba de las tasas, el aumento de los colectivos, el incremento del agua y la energía, varios concejales pasarán a cobrar mucho más de lo que reciben actualmente, a través de un cambio legal.

Desde enero, a los ediles que tengan antigüedades por cargos públicos anteriores les corre ese precedente en la cotización de haberes. Entre noviembre y diciembre, diputados y senadores primero, y el gobernador Daniel Scioli al promulgarla más tarde, le introdujeron un cambio a la Ley de Municipalidades, para que a los miembros de los concejos de mayor antecedente público (aún en otras funciones, como docentes, policías o administrativos de esferas municipales, provinciales o nacionales) les mejore ostensiblemente el sueldo.

La observación es inevitable: la modificación al artículo 92 de la ley orgánica (el de las dietas) es el único cambio que los legisladores provinciales le hicieron a la normativa. Sólo lo que ganan los concejales, y nada más.

Esa escala (ver nota aparte en esta edición) llevará el sueldo de los concejales de mayor antigüedad (las oficialistas María Irene Blanco y Susana Valverde tienen 30 años de docencia, Julio Alem y Gustavo Alvarez son concejales desde hace rato, Ignacio Aramburu y Héctor Cavallieri lo fueron hace años) a niveles cercanos o superiores a los 5.000 pesos.

Algunos de los mencionados (no todos) trabajan apenas unas horas por días, y eso el día que se les ocurre trabajar. Varios no han dejado sus ocupaciones privadas, a las que les dedican un tiempo que le sacan al Concejo. La mayor parte no cumple horario alguno. Varios no presentan jamás un proyecto.

Todos renunciaron –con la última sanción de la ordenanza que establece que las tasas de Servicios Urbanos se cobran de acuerdo a tasaciones inmobiliarias provinciales- a ejecutar la principal labor de los concejales: discutir y fijar los tributos.

Aún cobrando esos sueldos desde enero (la ley es retroactiva a ese mes y ya les corre la suba, a pesar de que en ese período para la mayoría de los beneficiados la tarea más pesada que tuvieron fue meter a los nietos o a los hijos en la pileta) los oficialistas se niegan a tomarse el trabajo de rediscutir las tasas para hacerlas más justas en la base de la escala.

Por eso la misión que tienen por delante es la más inmediata y la más complicada: salir de la burbuja y ponerse a tono con las necesidades de la gente.

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