Miradas sobre un proyecto polémico

"Un punto de partida"

Por Guillermo Mastrini y Martín Becerra UBA - Universidad de Quilmes

Por primera vez, desde la recuperación de la democracia en diciembre de 1983, se trató en una sesión plenaria del Congreso un proyecto de ley de medios. Para quienes escribimos esta nota se trata de un hecho inédito.

Habría que remontarse hasta 1953 para hallar un antecedente parecido.En la historia argentina hubo cuatro leyes de radiodifusión. Sólo la de 1953 tuvo trámite parlamentario. Las otras tres fueron decretadas por gobiernos militares. Cabe preguntarse sobre las dificultades para abordar un tema que, a la hora de los discursos, todos califican de esencial. Es evidente que hay presiones y que la relación entre lo político y el sistema de medios es mucho más compleja de lo que se reconoce. La probabilidad de que un debate vital y ausente del espacio público durante décadas se produjera en un escenario deliberativo inmaculado, era baja. De no haberse clausurado durante tanto tiempo la discusión, hoy sería posible alcanzar mayores niveles de consenso.

Los medios audiovisuales pueden y deben ser regulados para preservar y expandir la libertad de expresión. Desde 1983, cada vez que se promovieron cambios democráticos en el sistema de medios, hubo reacciones rígidas. De ello se deduce que sea Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando de la Rúa o Cristina Fernández el presidente, lo que en verdad atormenta no son los proyectos concretos ni los estilos de cada mandatario, sino la regulación misma de los medios.El proyecto de ley de comunicación audiovisual constituye un importante avance porque vincula el concepto de libertad de expresión con los derechos humanos. También porque en un país centralista se promueve el federalismo, tanto de la producción de contenidos como de la toma de decisiones. Porque alienta la diversidad de voces estableciendo límites a la concentración y al dominio de mercado. Y porque por primera vez en la Argentina tanto la autoridad de aplicación como los medios de gestión estatal se emanciparán del gobierno de turno.

Ello anuncia controles cruzados y presencia de minorías políticas, lo que se inscribe en una tradición reglamentaria progresista. Por supuesto que el proyecto no es perfecto. Algunas modificaciones realizadas por el Parlamento ampliaron su base de apoyos. Más adelante se podrán subsanar eventuales limitaciones de la ley: la historia no acaba hoy.

El camino a recorrer es largo aún. La sanción de una ley de medios de la democracia constituye un hito fundamental. Pero sólo puede ser considerado un punto de partida necesario para dotar al conjunto de la sociedad de una política pública fundamental.

Luego de la sanción de la ley, se recrearán las responsabilidades. El gobierno deberá aplicar la ley con respeto hacia el conjunto de los actores. El Congreso deberá asumir con inmediatez los temas que quedan pendientes, como la regulación de la publicidad oficial, el acceso a la información pública o los servicios convergentes. También la sociedad tiene sus responsabilidades: la democratización de la comunicación es un proceso incremental que nos interpela a todos.

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