Hace un par de semanas, a través de sendas cartas documento, el interventor de Yacimientos Carboníferos Fiscales Omar Zeidán denunciaba los convenios colectivos de trabajo que la empresa mantiene con cada uno de los gremios que interactúan en el yacimiento (ATE, Luz y Fuerza, La Fraternidad y APS), poniendo a estos en estado de alerta y movilización.

La razón esgrimida en la denuncia del convenio era la necesidad de “dar respuestas al desarrollo programado por YCRT, los nuevos desafíos basados en las formas de organizar el trabajo, y el empleo de nuevas tecnologías”.El viernes 21, mientras los trabajadores realizaban una caravana de protesta en la Cuenca, la Intervención explicaba en un comunicado que “los argentinos están apostando por Río Turbio. Nos dieron un mandato: que pongamos a la mina a producir carbón para darle al país la energía que necesita”. Y aclararon que “cuando asumimos nos encontramos con una empresa abandonada y devastada. La situación era trágica para YCRT, los trabajadores y los ciudadanos de la Cuenca. Desde entonces estamos trabajando con un solo objetivo: que nuestra mina produzca carbón”.

Comisión evaluadora

Ayer se conoció que el Gobierno Nacional conformó un grupo de ministros que evaluará las finanzas de aquellas compañías estatales para buscar dar mayor transparencia a la gestión y eficientizar los recursos, volviéndolas más sustentables y así tratar de reducir los más de 45 mil millones de pesos anuales que se transfieren desde el Tesoro a unas 40 empresas en total, entre ellas YCRT.

El “Consejo de Supervisión Estratégica” se reunirá cada 15 días, cuatro horas por encuentro, para pensar con visión estratégica el futuro de esas empresas, bajo el espíritu de la “gobernanza corporativa” que promueve como buena práctica la OCDE, donde el Gobierno quiere insertarse.

Este grupo formado hace escasos días está compuesto por Juan José Aranguren (Energía), Julio Martínez (Defensa), Oscar Aguad (Comunicaciones), Alfonso Prat-Gay (Hacienda), Francisco Cabrera (Producción) y Guillermo Dietrich (Transporte), más los coordinadores económicos Gustavo Lopetegui y Mario Quintana, otros subsecretarios plenamente dedicados a la reconversión, y dos directores independientes. Su objetivo es evaluar una docena de empresas por trimestre.Para la primera etapa fueron seleccionadas Aysa, Aerolíneas, Fadea, el Belgrano Cargas, la Casa de la Moneda, Ar-Sat, Télam, Yacimientos Carboníferos Río Turbio y Fabricaciones Militares, entre otras. En tanto las dos primeras en carpeta son el Correo Argentino, con 17.000 empleados, y la Operadora Ferroviaria (Trenes Argentinos), con 23.000 personas en nómina, y que requirieron $ 1.173 millones y $ 12.000 millones, respectivamente. El conjunto de empresas mencionadas cuenta con 80.000 empleados, sin contar Enarsa y Cammesa, excluidas, ya que por allí el Estado vehiculiza subsidios a las tarifas residenciales.

Aclararon desde el Gobierno que no hay ánimos privatizadores, pero la intención es “conducirlos a la adecuación” según les expresó el propio jefe de Gabinete, Marcos Peña, a los responsables de cada una de estas empresas en un encuentro concretado el lunes pasado. Cada una, incluida YCRT, debió presentar su plan estratégico, pero ahora se les exigirá una mayor rigurosidad “para tener una idea más clara de viabilidad”, se les comunicó a los responsables. La preocupación es la inmensa cantidad de recursos que se destinan para sostener cada una de las empresas estatales, por lo que la intención es ir implementando cambios que permitan “reducir gradualmente el aporte estatal”. “Con menos del 20% de la plata que les giramos podemos asfaltar las calles de tierra de todos los conurbanos de la Argentina”, graficó una fuente oficial al diario El Cronista. La intención es llegar a 2019 con un aporte no superior a los 20 mil millones, menos de la mitad de la transferencia actual.