EL MINISTERIO DE TRABAJO SOSTIENE QUE LA EMPRESA BGH NO RESPETÓ LOS NIVELES DE OCUPACIÓN

El ministro de Trabajo, Marcelo Echazú, elevó un informe a la Dirección de Industria y Comercio donde sostiene que del 31 de julio del año pasado al corriente año, la empresa BGH no ha cumplido con lo establecido en la ley 748 que la eximió de pagos de impuestos tras el incendio ocurrido en su planta de Río Grande.
En el informe realizado el mes pasado, Echazú acusa que “lo primero que se advierte es que al 31 de julio de 2007, existía en BGH un total de 642 trabajadores contratados a plazo fijo y 260 que lo eran en forma efectiva, lo que hace un total de 902 empleados; en tanto que a un año después, estas cantidades son de 405 y 318 respectivamente, con un total de 723 trabajadores, es decir prácticamente un 20% menos”.

Para el funcionario “rige en materia laboral el llamado principio de la primacía de la realidad, una de cuyas derivaciones es el propio artículo 14 de la Ley de Contrato Laboral que sanciona con la nulidad todo contrato celebrado con fraude a la ley laboral”.

Según publica El Diario del Fin del Mundo, para el titular de la cartera Laboral “la conducta fraudulenta puede estar dada por la utilización de figuras de contratación por tiempo determinado, cuando no se encuentran reunidos los requisitos de forma y fondo previstos en la legislación vigente, es decir, mediante la utilización de una figura jurídica que no corresponde objetivamente al caso”.

Para Echazú “la empresa alegará que cada trabajador estaba sometido a los mismos términos y condiciones vigentes al 31 de julio de 2007 y que por tanto quienes estaban contratados a plazo fijo, sólo estaban asistidos por el derecho de permanecer en la empresa hasta la finalización del plazo de su contrato. De esta forma BGH dirá que cumplió sobradamente con la obligación legal, ya que no sólo aumentó su plantel efectivo, sino que además volvió a contratar personal bajo la modalidad de plazo fijo”.

Más adelante el Ministro sostuvo que “se debe decir que la utilización permanente de personal contratado en grandes proporciones denota claramente la existencia de un fraude laboral, ya que esta circunstancia hace evidente que el establecimiento de que se trate necesita imperiosamente cumplir su objetivo productivo, de una cantidad de trabajadores sensiblemente mayor al que tiene contratado por tiempo indeterminado”.

Por último, Echazú sostiene que el artículo 3 del anexo 1 del decreto 3211/07 “me impone la obligación de verificar el cumplimiento de los niveles de ocupación” y en ese sentido advierte que “éstos no se han respetado, existiendo en la actualidad una dotación inferior en un 20% aproximadamente al existente al 31 de julio de 2007”.

Comentá la nota