Tres meses después de que una comisión integrada por miembros de los tres poderes y de la abogacía presentara en la Legislatura el anteproyecto de reforma procesal penal, Edmundo Jiménez, ministro público, dio a conocer una propuesta propia basada en el nuevo Código Procesal Penal de la Nación.

El jefe de los fiscales y defensores provinciales exhibió ayer en su antedespacho de los Tribunales de la avenida Sarmiento al 400 un texto preliminar del código que regula la persecución penal (en la provincia, la última enmienda integral data de 1991).

“Nuestro interés es dotar a las instituciones de una mayor potencia para que puedan responder a la comunidad y que (la Justicia) sea una herramienta eficaz contra el delito. No puede ser que alguien delinca, y salga la sentencia a los ocho años o que prescriba. Buscamos una respuesta razonable, una Justicia más ágil”, manifestó Jiménez. 

El borrador del Ministerio Público, según explicó, fue elaborado sobre la base del nuevo Código Procesal Penal de la Nación, cuya aplicación fue suspendida por el decreto de necesidad y urgencia que dictó el presidente Mauricio Macri el 29 de diciembre de 2015 (debía entrar en vigencia a partir del primero de marzo). La legislación nacional fue promovida por el kirchnerismo y sancionada con críticas debido a las enormes facultades que otorga a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó. “Se trata de un aporte a la discusión de la reforma procesal de la Justicia tucumana”, indicó Jiménez.

Dos borradores

La comisión interpoderes había presentado el 16 de octubre, en el vestíbulo de la Legislatura, el resultado de más de 800 días de trabajo: un anteproyecto de 400 artículos que racionaliza y transparenta la persecución del delito. En representación del Ministerio Público, participaron en el comité el fiscal Edgardo Sánchez (Concepción), la fiscalaAdriana Giannoni y el defensor oficial Hernán Molina (los dos últimos trabajan en la capital).

Entre otros modelos estudiados, la comisión se inspiró en la reforma judicial llevada adelante en Santa Fe, que implementó el nuevo código a comienzos de 2014, luego de siete años de trabajo. 

Si bien estaba previsto que la anterior conformación de la Legislatura fuera la que tratara el anteproyecto en el recinto, la inactividad previa al período electoral dejó el asunto a los legisladores elegidos en los comicios de agosto.

Jiménez explicó que el borrador que presentó busca unificar los códigos procesales de la provincia y de la Nación. “Esta iniciativa tiene muchos beneficios porque nos va a permitir recoger toda la experiencia y la jurisprudencia que vaya produciendo el código nacional. Además, nos va a facilitar la capacitación debido a que será similar a la que se promueva desde la Nación. Lo deseable por todos los procesalistas es que haya un código único en todo el país”, sostuvo.

El funcionario, que se desempeñó durante 11 años como ministro de Gobierno y Justicia del gabinete de José Alperovich, había considerado semanas atrás que el Poder Judicial se encontraba en crisis y que muchas veces no respondía a lo que la sociedad esperaba. “Lo deseable es que tengamos una Justicia eficaz, que dé respuesta en tiempos razonables. Este es un aporte que busca que se aplique un código moderno, que incorpora la oralidad en todas las etapas del proceso para reducir los tiempos y garantizar celeridad”, detalló Jiménez en una conferencia de prensa que convocó con el objetivo de explicar de sus ideas. El funcionario, que ejerce como titular del Ministerio Público desde agosto de 2014, agregó que se propone incorporar la publicidad, con el registro audiovisual de las audiencias, en las que está previsto que estén presentes los acusados, víctimas, defensores, fiscales y los jueces. 

En dialogo con LA GACETA, el jefe de los fiscales y defensores adelantó que remitirá el borrador a los tres poderes del Estado. 

-¿Por qué presenta un anteproyecto propio cuando ya se trabajó en un borrador con representantes de todos los sectores, incluido el Ministerio Público?

-Fuimos invitados y se escuchó la opinión de la Justicia. En ese momento no cumplía funciones en el Ministerio Público; hemos creído que era importante hacer este aporte de un código completo. Esto no quiere decir que no sigamos discutiéndolo. 

-Apenas asumió, usted dijo que rechazaba la reforma. ¿Por qué cambió de opinión?

-No es que he rechazado la reforma, lo que sucede es que cambió la legislación del país. Hay códigos nacionales y de muchas provincias que se han modificado, y todos van en esa dirección, en esa tendencia. La doctrina avanza hacia códigos acusatorios adversariales.