Minería. La iglesia se puso al lado de los ambientalistas

En un documento elaborado por el Episcopado, lo que incluye al obispo local Roberto Rodríguez, la Iglesia sugiere que se den más información y debates públicos. Pide que se valoren los aportes de los grupos interesados en la salvaguardia del ambiente y de la biodiversidad, y que se instrumente una red de monitoreo ambiental.
Al debate por la contaminación del ambiente y la explotación abusiva de los recursos naturales se sumó la voz de la Iglesia, al denunciar la minería a cielo abierto, con uso de explosivos y de insumos tóxicos, y la "laxitud" de la legislación que convierte el país en un destino "apetecible" para capitales extranjeros.

El Episcopado difundió un documento, titulado Reflexiones sobre la megaminería, con estas y otras "preocupaciones y propuestas" ante las "recurrentes versiones de un incremento en la exploración y en la explotación minera" en Chubut.

Lo suscriben el obispo de Comodoro Rivadavia, monseñor Virginio Bressanelli, y las comisiones diocesanas de Pastoral Social y de Pastoral Aborigen de esa diócesis patagónica. Con el transcurso de los días, ese documento está recibiendo la adhesión de otros prelados, como el de Esquel, José Slaby.

"No nos oponemos a la actividad minera en sí que, en determinadas condiciones y con determinadas tecnologías, nos suministran muchos bienes necesarios para el funcionamiento del sistema económico y social del país", aclaran. "Nos oponemos a la megaminería o minería a cielo abierto, con uso de explosivos y de insumos tóxicos, cuyo poder de contaminación y producción de desechos traen efectos devastadores de los bienes naturales, como el agua, el suelo, el aire y la luz."

Lo que "hace apetecible la inversión minera en el país" es "la laxitud de la legislación actual, y no sólo el potencial de metales existentes". Por eso, piden "una revisión total y reformulación de la legislación minera, de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y de los mecanismos de las audiencias públicas para su debate".

Recuerdan que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) impone a los Estados el deber de consultar previamente a los pueblos indígenas siempre que se estudie, planifique o aplique cualquier medida susceptible de afectarlos directamente.

La Iglesia sugiere que se den más información y debates públicos que valoren los aportes de los grupos interesados en la salvaguardia del ambiente y de la biodiversidad, y que se instrumente una red de monitoreo ambiental.

También se interesó en el plan de saneamiento del Riachuelo. El juez federal de Quilmes Luis Armella se reunió con integrantes de la Conferencia Episcopal Argentina para informarlos acerca de los alcances del proceso.

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