El Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Gobierno, aprobó la transferencia a favor del Fondo Fiduciario de Compensación Ambiental ACUMAR, destinado prioritariamente a la protección de los derechos humanos y a la prevención, mitigación y recomposición de los daños

ambientales, por el monto total de $ 11.112.806.

 

El ente, creado en 2010, está integrado por un presidente y tres representantes del Gobierno nacional, dos de la provincia de Buenos Aires y dos del Gobierno porteño. Por ello, la gestión de Mauricio Macri depositó el aporte correspondiente tras meses de incumplimiento de acuerdos.

A fines de 2014, la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) realizó un informe sobre el plan de Urbanización de Villas y Asentamientos del Riachuelo, en el que determinó que sólo uno de ellos está finalizado.

El trabajo fue realizado a partir de datos del primer semestre de 2013, sobre la participación del Gobierno porteño en el Plan Integral de Saneamiento del Riachuelo (PISA). No sólo contiene observaciones relacionadas a la regularización dominial y a la relocalización de los habitantes de la zona, sino también a la ejecución presupuestaria.

El saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo y la reubicación de las familias que viven a la vera, son las dos promesas sin cumplir de las campañas electorales de todos los funcionarios que han manejado la Ciudad hasta la fecha.

Puntualmente, el titular de la Agencia de Protección Ambiental, Juan Carlos Villalonga, salió a respaldar la gestión de Mauricio Macri sobre el Riachuelo, al prometer que no habría “contaminación industrial” en 2015. Sin embargo, las organizaciones no gubernamentales a cargo de monitorear el avance del plan de descontaminación aseguran que el agua sigue tan contaminada como al comienzo.