Es de 39 millones la deuda que el Gobierno mantiene con el Municipio de Río Grande

La Secretaría de Finanzas municipal elevó un informe a las diferentes instituciones públicas que advirtieron la grave situación en la que se encuentran las arcas comunales debido al incumplimiento del Gobierno Nacional en el envío de fondos. Se critica los reiterados incumplimientos desde el Ministerio de Economía a las diversas propuestas de regularización.
El informe sobre la deuda, que al día de la fecha asciende a 39 millones de pesos, fue elevado a los Concejales de la ciudad; al Juez de Faltas Municipal; a los vocales del Tribunal de Cuentas Municipal; a legisladores provinciales; a vocales del Tribunal de Cuentas Provincial; al Fiscal de Estado; y a las autoridades de la ATE y la ASOEM.

En el informe se recuerda la política de orden administrativo de los últimos años que le permitió, hasta el momento, sobrevivir a más de 30 millones de pesos de acreencias sin abonarse y que como Ejecutivo municipal se iniciaron "todas y cada una de las acciones administrativas y judiciales para reclamar lo que es de ésta ciudad" y a la vez se mantuvo la premisa del diálogo con el Ejecutivo provincial.

"Conocemos la situación de déficit que atraviesa la provincia y de hecho fuimos los primeros en elevar nuestra voz cuando se tomaban medidas cortoplacistas y populistas que embargaban el futuro de esta provincia; y jamás estuvimos de acuerdo con las acciones que desembocaron en la caótica situación económica financiera que actualmente atraviesa el estado provincial", sostiene el documento.

En este sentido se recordó que hacia agosto del año pasado se accedió a un plan de pago de una parte de la deuda acumulada por la actual gestión provincial, en la cual se iban a destinar 1.500.000 pesos mensuales para alcanzar la suma de 9 millones. Con este compromiso se asumió la construcción de la Colectora Cloacal Máximo Norte –con una inversión de 17 millones- para dar solución a chacra XI y chacra XIII.

Pero de ese acuerdo sólo se cumplió el pago de una cuota, sin embargo se sigue ejecutando, aunque a la fecha se deben 7 millones de pesos en certificaciones impagas a la contratista.

"Con el correr de los meses veíamos con preocupación cómo no solo no se cancelaba la deuda acumulada sino que sistemáticamente se acumulaban saldo de definitivos de coparticipación, los cuales jamás fueron cancelados y en los últimos ocho meses ni siquiera fueron publicados los decretos determinando dichos montos", rechaza la misiva.

Al finalizar abril, según estimaciones, se adeudaban, en concepto de coparticipación, alrededor de 4 millones de pesos, más los ingresos correspondientes a los fondos de afectación especifica de las retenciones de soja estimado en 850 mil pesos.

Ante éste nuevo incumplimiento, y el ahogo financiero como comienza a mostrarse, se recordó que el 7 de mayo último se mantuvo una reunión con el ministro de Economía, Roberto Crocianelli, quien se comprometió a enviar, entre el día 11 y 13 de mayo, 4 millones de pesos del mes de abril, y prometió verificar la totalidad de los importes adeudados de abril. Asimismo aseguro que el día 11 de mayo iba a remitir una propuesta real de pago de la deuda anterior al mes de abril para que sea evaluada por nosotros.

"Lamentablemente ninguna de las dos promesas fueron cumplidas. El proyecto de convenio de cancelación de deuda jamás llego, y hasta el día 18 de mayo solo fueron transferidos 2.404.107 pesos, aproximadamente un 60% de lo comprometido por el Ministro y un 40% de lo adeudado del mes pasado", dice el documento.

"A esto hay que sumarle que en lo que va del mes no hemos recibido un solo peso del mes de mayo, de los cuales tenemos la información del Ministerio de Economía Nacional que al día 15 de mayo ingresaron a la Provincia 29.040.000 pesos, de los cuales deben ser coparticipados automáticamente a éste Municipio 4.402.000 pesos, y a pesar de no tener las cifras oficiales de los ingresos propios provinciales, según la evolución histórica, es un importe similar a la coparticipación nacional. La sumatoria de la deuda de goteo de coparticipación del mes de mayo al día 15 es de más de 7.300.000 pesos, mas los –aproximadamente- 3 millones de pesos del mes de abril hacen que se adeude en total de los últimos 30 días, la escandalosa suma de más de 10.300.000 pesos", se precisa.

"Lo que más preocupa de esta situación es que sabemos que no hemos tocado fondo y estas sumas millonarias de deuda que se mantienen hacia el Municipio de Río Grande crecen día a día, y lamentablemente con esta tendencia tenemos la seria preocupación de no poder abonar los sueldos del mes de mayo en tiempo y forma, no por mala administración propia sino por la desidia de quienes administran los fondos de la provincia, que no entienden que la coparticipación está garantizada constitucionalmente y no debe ser una fuente de financiamiento de su déficit ni el factor de ajuste de las malas decisiones tomadas", critica.

En este sentido, el documento indica que mientras el Concejo Deliberante aún debate el ajuste presupuestario planteado por el Ejecutivo municipal, desde ese Departamento se han disminuido las partidas en casi 30 millones de pesos, siendo el ítem más afectado el Plan de Obras Públicas.

Al plantear la situación financiera se recuerda que dentro del gasto público, la erogación en personal se lleva el 62%, sumado a esto desde el mes pasado el Municipio de Río Grande se convirtió en la institución en el país que abona las asignaciones familiares más caras, gracias a una interpretación del Ministerio de Trabajo sobre un acta firmada con la ASOEM. Esto además generó una deuda de 5.700.000 pesos, lo que, sumado a la erogación que se deberá realizar este año en ese concepto demande una suma de más de 11 millones de pesos.

"Lo irónico de la situación actual es que considerando el importe retroactivo adeudado nos vemos en la obligación de abonarlo en 9 cuotas, por las serias dificultades financieras que atravesamos. Como consecuencia los empleados del Municipio de Río Grande están financiando directamente el déficit de la Provincia producto del no pago de los importes adeudados de coparticipación", insiste el documento.

Si bien se recordó que los salarios se encuentran al día, la ayuda escolar fue pagada por adelantado, y no se ha incrementado la deuda con el IPAUSS, las consecuencias de la no remisión de fondos provoco que se incrementara la deuda flotante del corriente año a más de 12 millones de pesos, que se debiera diferir los pagos a proveedores de 30 a 60 días, igual existe dificultad para abonar las retenciones de sueldos. También se generó una disminución en el envío de las remesas para los demás poderes municipales, y se han visto afectados la prestación de servicios básicos y sociales por los atrasos en los pagos.

En el último tramo del documento se asegura que la actual administración "siempre fue responsable con la administración de los fondos públicos, "pero no podemos ajustar sobre la comunidad el desmanejo de los fondos públicos del Gobierno provincial, lo cual no es responsabilidad exclusiva del actual Gobierno –aclara-, pero si podemos decir, que la falta de decisiones para revertir dicha situación, no permite vislumbrar ninguna solución a corto plazo sino por el contrario ha elevado el importe de deuda hacia el Municipio a la suma de 26.058.007 pesos de la actual gestión lo que sumado a la comúnmente denominada "Deuda Histórica" de gestiones anteriores por un importe de 13.473.011 pesos, que hacen que en el día de la fecha se adeuden en total la suma de 39.531.319 pesos".

"Estamos convencidos que esta situación no se puede permitir que se siga agravando; y es por eso que pusimos nuestras esperanzas en que la Gobernadora cumpla con el publico compromiso de volver al sistema de Goteo Diario a través del Banco de Tierra del Fuego, el cual fue utilizado entre el 2004 al 2006 y que lamentablemente desde su derogación empezó la actual problemática", insiste el documento al lamentar que la resolución del Ministerio de Economía incumple con lo prometido al establecer desde el 1 de junio el goteo diario del 50% de los recursos, algo que "trata de legalizar el financiamiento del déficit provincial con los recursos que nuestra constitución nos garantiza".

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