Militares, como todos los ciudadanos

Militares, como todos los ciudadanos
El Ejecutivo mandó al Congreso una iniciativa que prevé que el defensor del Pueblo de la Nación se ocupe también de las denuncias de los uniformados ante arbitrariedades o abuso de poder.
El defensor del Pueblo de la Nación podrá garantizar los derechos de militares ante eventuales arbitrariedades o abusos de sus superiores, si el proyecto de ley que envió ayer al Congreso la presidenta Cristina Fernández pasa con éxito el trámite parlamentario. En el marco de las reformas impulsadas por el Ministerio de Defensa en materia de derechos humanos dentro de las Fuerzas Armadas, el texto firmado por la titular de la cartera, Nilda Garré, y el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, propone reformar el artículo 16 de la Ley 24.284, que deja afuera del ámbito de actividad del ombudsman al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

"La primera posibilidad de evaluar la institucionalización de un mecanismo así surgió en el ámbito de la reforma del sistema de justicia militar, pero esa reforma era tan ambiciosa y amplia que separamos esta cuestión para estudiarla mejor", relató a Página/12 Ileana Arduino, directora de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa. "Al mismo tiempo, y en base a reclamos que llegaban, advertimos que la ley del Defensor del Pueblo establecía como excluida de su competencia el ámbito de las Fuerzas Armadas –continuó—, aunque la Constitución que establecía la figura del ombudsman no hacía esta exclusión, como tampoco las leyes comparadas que se evaluaron en su momento."

Una alta fuente de esa cartera comentó a este diario que éste es un tema que "se trabajó mucho desde el comienzo de la gestión" de Garré al frente del ministerio. "Se miró mucho el ejemplo que existe en varios países, como Alemania, que tiene un responsable parlamentario de las Fuerzas Armadas, como un ministro, pero elegido por el Parlamento", ejemplificó. Luego de que se estudiaran varios sistemas, se decidió que "es más sencillo darle autoridad a un organismo ya instituido que instituir uno nuevo" y que la figura del defensor del Pueblo se adaptaba perfectamente a esta necesidad.

"No encontrábamos mucho sentido en que los militares no pudieran hacer uso de ese mecanismo de salvaguarda de derechos", continúa con su relato Arduino, quien aclara que "ésta no es una ley que modifique instituciones de las Fuerzas Armadas, sino que tiene que ver con la posibilidad de establecer un mecanismo de vigilancia de derechos" para profundizar "la vigencia de los derechos humanos en las fuerzas de seguridad, tanto en su relación con el resto de la sociedad como, fundamentalmente, hacia adentro". El objetivo final, confían, es fortalecer la justicia en el mando, reduciendo abusos y limitando la discrecionalidad, aunque siempre en el marco del respeto de las vías jerárquicas de la administración castrense.

"El proyecto que manda el ministerio sólo deroga el asunto de la competencia de la Defensoría, no modifica las instituciones militares", aclaró la secretaria Arduino. Entre los considerandos del texto se remarca que deben "adoptarse medidas para garantizar a sus integrantes el ejercicio de los derechos y garantías contenidos en la Constitución Nacional" y los tratados internacionales. "Forma parte de la política gubernamental de defender la vigencia de derechos humanos dentro de las Fuerzas Armadas", confió un funcionario con llegada directa al despacho de la ministra Garré.

Este proceso comenzó a principios de 2006, con el cambio del sistema de Justicia militar, que les dio competencia a los fueros federales en asuntos internos de las Fuerzas Armadas. El siguiente paso fue la derogación de la política de género, que eliminó una de las principales fuentes de desigualdades en ese ámbito. También se eliminaron de los reglamentos las acciones arbitrarias para la instrucción militar, y ahora se busca ampliar a los militares una garantía democrática de todos los ciudadanos.

Arduino explica que "es un tema que se discutió bastante" y que "pone el acento en la formación ciudadana de los militares, en no excluirlos del sistema de derechos y obligaciones ciudadanas". Eso también fue tomado del modelo alemán, que comenzó a aplicarse hace cincuenta años, tras la Segunda Guerra Mundial, para acabar con la mentalidad autoritaria-nazi de las Fuerzas Armadas. El proceso de desarrollo del proyecto incluyó un asiduo intercambio con los responsables del área de Derechos Humanos de la cartera de Defensa teutona. Incluso el ombudsman militar alemán vino a Buenos Aires para exponer el sistema ante mandos locales. Consultado por este diario acerca de la repercusión de este proyecto dentro de las tres fuerzas, una alta fuente del área contó que "a algunos les parecía mejor, a otros no tanto, pero entendemos que va a ser asumido con mucho entusiasmo porque moderniza las Fuerzas Armadas y las pone al nivel de las de OTAN".

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