Miles de amparos contra las obras sociales que no cubren tratamientos

Desde los dos juzgados civiles federales que hay en Rosario aseguraron que desde el 2007 al 2009 las causas que ingresaron solicitando cobertura médica aumentaron considerablemente.
Rosana Martins transitó 19 tormentosos años para lograr que la obra social le cubriera la operación que mitigara la epilepsia de su hijo Maximiliano. Superada por la situación, presentó un recurso de amparo en el juzgado federal y así logró que la cirugía se realizara y Maxi no sufriera más convulsiones. Esta es sólo una de las miles de historias que ingresan a la Justicia Federal con el afán desesperado de lograr las coberturas que están incluidas en el Programa Médico Obligatorio (PMO), que como reza su nombre son "obligatorias", pero el costo de los tratamientos hace que muchas obras sociales y prepagas miren para otro lado. El tema tomó tal magnitud que hoy casi el 40 por ciento de las medidas cautelares que se presenta en esos estrados tienen que ver con la falta de cobertura de salud.

En el Nº 1, a cargo de Héctor Zucchi, detectaron que este año el 25 por ciento de las medidas cautelares recepcionadas fueron relativas a cuestiones de salud. En tanto, en el Nº 2, a cargo de la jueza Sylvia Aramberri, ese tipo de amparos trepó al 50 por ciento.

Las cifras lo dicen todo: mutuales, obras sociales y prepagas no reconocen los derechos de los afiliados. Por el contrario, conocen al dedillo cuál es la mejor manera de evadir la cobertura de los tratamientos.

Luego de interminables discusiones, trámites, peleas y lágrimas, los familiares recurren a la Justicia como última esperanza. De allí que aumenten año a año los amparos por falta de cobertura de salud. Una vez en los estrados judiciales, la mayoría de los demandantes gana los juicios, ya que los tratamientos, medicamentos o lo que necesiten los pacientes, están incluidos en el PMO.

Injusticia

En el juzgado Nº 2 explicaron que los "amparos salud", así llamados en la jerga judicial, involucran "actos de obras sociales y empresas de medicina prepaga que restringen, alteran u amenazan principalmente el derecho a la salud, la vida y la integridad psico-física de las personas".

El número de casos viene en franco aumento desde el año 2007. Muchos culminan antes de que se dicte la sentencia de fondo por conciliaciones efectuadas a instancia del tribunal, allanamientos de las obras sociales y satisfacción íntegra en la etapa cautelar.

En el juzgado Nº 1 señalaron que "dada la urgencia de estos procesos, se inician no sólo los días hábiles sino también en fechan inhábiles, e incluso requieren de la habilitación de las ferias judiciales".

"Es una preocupación el notable incremento de causas de este tipo, lo que da cuenta del incumplimiento por parte de las obras sociales y empresas de medicinas prepagas de las prestaciones contempladas en el PMO y de la cobertura integral para las personas con discapacidad (ley 24.901) y para pacientes portadores de VIH (ley 23.798)", destacó Aramberri.

Las medidas cautelares que se presentan exigen la cobertura de un sinnúmero de prácticas que van desde cirugías y tratamientos por discapacidad, oncológicos, hasta medicamentos para pacientes trasplantados, bolsas de colostomía, tiras reactivas para la diabetes y sepulturas. Detrás de cada expediente hay una familia que la pelea y una persona que depende de los resultados para vivir. Y muchas obras sociales, mutuales y prepagas optan por hacerles transitar una dura batalla judicial.

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