El miércoles, turno de la defensa de Miguel

El doctor Darío de Ciervo responderá, en su alegato, sobre las imputaciones de enriquecimiento ilícito y omisión de presentación de declaración jurada ante la AFIP, que se le hicieron a su defendido.
En el marco del juicio que se le sigue al ex intendente y actual diputado provincial por la Coalición Cívica, Abel Paulino Miguel –y que comenzó el jueves 20 de agosto-, el próximo miércoles 28 a las 9.30 continuará la audiencia que pasó a cuarto intermedio el jueves 22 y donde se escuchará el alegato de la defensa del ex jefe comunal, el doctor Darío De Ciervo.

En este caso, al igual que lo sucedido el pasado jueves cuando se escucharon alegatos del fiscal Angel Quidiello y del doctor Manuel Martín Gutiérrez, abogado del particular damnificado, la defensa se explayará sobre lo atinente a las imputaciones de "Enriquecimiento ilícito" y "Omisión de presentación de declaración jurada ante la AFIP DGI".

El doctor Darío de Ciervo anticipó a DEMOCRACIA que no comparte nada de lo que se escuchó el jueves en la sala del cuarto piso del edificio de Tribunales de nuestra ciudad.

En cuanto a cómo seguirá el juicio, tras el miércoles, tanto el fiscal como el abogado del particular damnificado y el abogado defensor, deberán referirse a otras dos imputaciones contra el ex intendente Abel Miguel: "Incumplimiento de los deberes de funcionario público" y "Malversación culposa de caudales públicos".

Sobre este aspecto, el doctor De Ciervo dijo a este diario que el relato crítico que haga el miércoles, se podría conectar con algunos de los dos últimos hechos.

Además el profesional expresó que "hay importantes errores conceptuales que los desarrollaré el miércoles".

La acusación

Precisamente el jueves último, el fiscal Angel Quidiello hizo referencia a una larga lista de hechos que se acreditaron en el juicio para concluir que encontraba un patrimonio de más de un millón doscientos mil pesos al cierre de la gestión de Miguel como intendente.

Para ello se basó en las pericias oficiales, a las que consideró fundamentales para probar el supuesto "aumento desmesurado" entre 1994 y 1998. "Si bien (Pablo) Bolognesi y (Héctor) Bentorino trabajaron con métodos distintos, llegaron a resultados similares, sólo separados por la transacción de un campo. Las sumas no justificadas acreditan el delito", dijo en un momento.

Por su parte, el abogado del particular damnificado Carlos Benítez, doctor Manuel Gutiérrez, dijo que el ex intendente Abel Miguel tuvo "reticencia y retaceo permanente de medios", es decir de elementos para el desarrollo de la justificación de sus ingresos.

También consideró que "se dan todas las condiciones" para sostener la acusación de "enriquecimiento ilícito de funcionario y empleados" ya que "hay toda una cantidad de pruebas integradas por lectura que dan pauta de un movimiento económico-financiero importante y que no tenía relación por los ingresos en los períodos que se fueron auscultando, que no se pudieron justificar en debida forma, cumpliéndose todos los pasos para que lo hiciera".

"Con toda esta carga que aparece a partir del artículo 36 de la Constitución Nacional, donde se establece que los actos de corrupción o los que incurrieran en delitos dolosos contra el Estado, atentan contra el sistema democrática, aparece como petición especial de esta parte, una fuerte necesidad de la sanción, no por la sanción en sí ni mucho menos por lo ejemplificador, sino como correlato necesario y coherente de castigar aquello que impide la posibilidad de la reproducción de cada uno de nosotros como individuos sociales o con responsabilidad hacia el resto", argumentó.

Anticipó "un pedido de condena y un alto grado de rigurosidad en cuanto a la pena" a la vez que consideró que "un dato objetivo de la consumación está dado en la misma omisión de la presentación en tiempo y forma de la declaración jurada".

"Hay obligaciones que por el mero hecho de ostentar el cargo de funcionario público aparecen como inexcusables, de obligado cumplimiento", señaló más adelante, destacando que "por el hecho de ser funcionario público, debe conocer que tiene la obligación legal de esa declaración jurada".

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