El miércoles comienzan a juzgar en La Plata a 21 represores

El miércoles comienzan a juzgar en La Plata a 21 represores
Es por el secuestro y tortura de detenidos alojados en La Cacha, y la sustracción de tres menores nacidos en cautiverio en ese lugar. Piden que no se exhiban fotos de acusados.
Trece integrantes del servicio inteligencia, dos penitenciario, cuatro policías, un militar retirado y un civil, serán juzgados desde este miércoles por el Tribunal Oral Criminal Federal Nº 1 de La Plata, en el marco de los delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención y maternidad conocidos como La Cacha, ubicado en un predio contiguo a la cárcel de Olmos, el cual operó durante la última dictadura (1976 - 1983).

Entre los casos que se van a juzgar se encuentran la desaparición de Laura Carlotto, hija de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; el caso de Antonio Bautista Bettini padre del embajador argentino en España, Carlos Bettini; y las apropiaciones de los mellizos Reggiardo-Tolosa.

Diversos organismos de derechos humanos, como la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Plata presentarán una querella unificada. Asimismo, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se presentará como querellante junto con su par de la Provincia.

Además habrá particulares, como los abogados Laura Bogliano y Julián Axat, hijos de personas que estuvieron detenidas en La Cacha y continúan desaparecidas, y cuyos casos están incluidos en el juicio que comienza.

El juicio estará a cargo del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, presidido por Carlos Rozanski, quien también juzgó y condenó a Miguel Etchecolatz y al capellán Christian Von Wernich a reclusión perpetua por genocidio.

Los 21 imputados son:

13 ex integrantes del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército (Carlos del Señor Hidalgo Garzón, Jorge Héctor Di Pasquale, Gustavo Adolfo Cacivio, Ricardo Armando Fernández, Luis Orlando Perea, Roberto Armando Balmaceda, Emilio Alberto Herrero Anzorena, Carlos María Romero Pavón, Anselmo Pedro Palavezzati, Raúl Ricardo Espinoza, Rufino Batalla, Claudio Raúl Grande; y Miguel Ángel Amigo, juzgado por una causa residual).

2 penitenciarios (Héctor “El Oso” Raúl Acuña e Isaac Crespín Miranda).

4 policías bonaerenses (Miguel Osvaldo Etchecolatz, Director General de Investigaciones; Eduardo Gargano, Director General de Seguridad; Horacio Elizardo Luján, jefe de la Unidad Regional La Plata; y Julio César Garachico, también de la Unidad Regional La Plata).

1 militar retirado de la Armada, integrante de la Fuerza de Tareas 5 ( Juan Carlos Herzberg).

1 civil, Jaime Lamont Smart (ex ministro de Gobierno).

Además estuvieron imputados los ya fallecidos Alejandro Agustín Arias Duval (ex miembro del Destacamento 101 del Ejército, que murió impune mientras se realizaba el juicio por el “Circuito Camps”) y el ex gobernador de facto de la provincia de Buenos Aires Ibérico Manuel Saint Jean.

El predio. El centro clandestino de "La Cacha" estaba ubicado entre las calles 191, 196, 47 y 52 de La Plata, contiguo al penal de Olmos y en las antiguas instalaciones de Radio Provincia.

Funcionó como centro clandestino desde 1976 a 1978 y además operó como una maternidad clandestina para las detenidas- desaparecidas que se encontraban embarazadas

La edificación principal constaba de tres niveles; en la planta baja se encontraba el baño, la cocina y un espacio destinado a los detenidos, en el que había una subdivisión a la que llamaban cuevitas, que eran dos compartimentos de pequeñas dimensiones a la que se accedía agachado.

Tenía una planta alta, a la que se accedía por una escalera de pocos escalones, y que a su vez balconeaba sobre la planta baja, y un sótano.

En las inmediaciones del edificio principal había otra edificación en la que solían practicarse los interrogatorios bajo tormentos, y una casilla rodante donde tenían lugar algunos interrogatorios enderezados a la corroboración de datos personales o discursos de pretendido adoctrinamiento, consta en la requisitoria de elevación a juicio a la que accedió la agencia Télam.

Los detenidos permanecían incomunicados, encapuchados, engrillados al piso, en espacios reducidos, con deficiente higiene y alimentación, la amenaza constante de ser torturados con picana o golpes y el tormento psicológico de escuchar los gritos de quienes eran atormentados.

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