La recta final de la campaña se recalienta con denuncias. El bloque del PJ de Diputados pidió que se cree una comisión investigadora para revisar cómo el Gobierno va a distribuir los mil millones de pesos del bono fiscal a las empresas beneficiarias. La solicitud es a raíz de haber encontrado algunas “rarezas” que “generan dudas sobre el resto”. 

Para esto, los diputados justicialistas dieron a conocer esos casos (sin dar nombre) y pidieron el criterio de selección con el fin de detectar si hubo discrecionalidad, señaló el diputado Lucas Ilardo,  acompañado por Jorge Tanús y Carina Segovia.

Pero en el gobierno defendieron que el beneficio es “transparente” y sospecharon el momento en el que se presentó la denuncia. “No hay ninguna duda de que es con una intención electoral. Si no, que den nombres y apellidos y hagan una denuncia formal”, dijeron en Casa de Gobierno. 

Los mil millones en cuestión se contemplaron en la Ley Impositiva de este año (8.923), en la que se establece un Programa de Fomento de la Inversión Estratégica. En el apartado, se establece que “los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que inicien inversiones productivas podrán acceder a un certificado de crédito fiscal”. 

La idea es que las empresas seleccionadas usen ese bono para pagar el 10% del monto mensual de Ingresos Brutos durante 5 años o bien puedan vender el bono a otra firma. 

“Cuando discutimos ese artículo, la oposición hizo algunos cuestionamientos por los que decidimos modificar la redacción y crear el Comité de Evaluación del Concurso Público de Proyectos Inversión Estratégica, conformado por tres ministerios del Poder Ejecutivo”, explicó el diputado radical Jorge López.

Este comité  fue el que redactó las bases y condiciones del concurso, para evaluar luego las propuestas a través de una fórmula polinómica. Los criterios a ponderar fueron “la inversión total, la generación de nuevos puestos de trabajo, la inversión en activos producidos por la industria local, y la capacidad técnica y económica del presentante”. Otro de los requisitos es que la empresa no registre deudas.

El 26 de junio se realizó la apertura de sobres de las 163 propuestas presentadas, por una inversión de $ 8.200 millones, es decir, 8 veces más de lo previsto. El filtro determinó que sólo quedaran 52 proyectos, lo que significa la creación de dos mil nuevos puestos de trabajo.

“Ellos reclaman conocer el proceso de una ley que votaron. Hasta que las empresas no cumplan con las inversiones y la generación de empleo, no van a recibir el beneficio", explicó López y aclaró que todavía no se ha otorgado ni un solo peso.