La meta es ampliar el servicio de Justicia

Los defensores tienen la obligación de atender personalmente los nuevos despachos.
La Corte Suprema hizo hincapié en que la concreción de su proyecto de defensores oficiales itinerantes representa un avance concreto en materia de garantizar a los ciudadanos el acceso al servicio público de justicia.

"Una de las funciones esenciales del Estado democrático moderno es la de asegurar a las personas su integridad y tutelar sus derechos, facultad que ha sido puesta en cabeza del órgano judicial. El acceso al servicio de justicia, resulta un derecho fundamental de todo ciudadano, tal cual ha sido consagrado por nuestra Carta Magna y por diversos tratados sobre Derechos Humanos", manifiestan los considerandos de la acordada 675/2009.

En los fundamentos de la norma, el superior tribunal subraya su voluntad por garantizar que la población de toda la provincia pueda acceder efectivamente a los tribunales para defender sus intereses. "Especialmente, aquellos ciudadanos cuyos domicilios se encuentran alejados de los centros judiciales y que, por carecer de suficientes recursos, les resulta imposible o por lo menos difícil o sumamente engorroso trasladarse hasta las sedes de las defensorías oficiales", precisaron. En virtud de esas garantías, "este Tribunal estima necesario disponer que los defensores oficiales en lo Civil y Laboral constituyan sus oficinas en ciudades del interior de la provincia, a los efectos de atender los requerimientos de las personas incluidas en las consideraciones del artículo 77 de la Ley Orgánica del Poder Judicial". Justamente, la Ley 6.238 (y modificatorias) establece que las funciones de esos funcionarios judiciales son las de "asumir la representación de los pobres de solemnidad, de los ausentes sin representación alguna y de los menores, en casos de urgencia".

La acordada establece que las oficinas de las Defensorías Oficiales deberán trasladarse una vez por semana a La Cocha, Monteagudo, Burruyacu, Trancas y Tafí del Valle, pueblos que fueron escogidos "atento a la geografía provincial y a los índices poblacionales".

Los defensores tiene la obligación de atender personalmente esos despachos dos veces por mes. En las oportunidades en las que él no pudiera asistir, sus ayudantes judiciales deberán atender a los vecinos, en todos los casos, de 10 a 17.

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