A dos meses de su anuncio, el centro cívico parece olvidado.

Desde el Ministerio de Obras Públicas informaron que los pliegos para la licitación no están listos.
A pesar de que fue anunciado con bombos y platillos, el proyecto del centro cívico provincial está en veremos.

Desde el Gobierno de Córdoba, que a pesar de las críticas contra la iniciativa sostuvo a ésta con fuerza, dicen que todo está en marcha, pero no hay muestras de ello.

Entre diciembre de 2008 y febrero del corriente, el plan del Gobierno de trasladar la sede del Ejecutivo provincial a los predios del ex ferrocarril Mitre, idea presentada por la firma cordobesa Electroingeniería, fue eje de una polémica. Es que para poder financiarlo, el gobernador Juan Schiaretti propuso vender la actual sede del Gobierno (la Casa de las Tejas) y el Complejo Pizzurno, donde funcionan varias dependencias administrativas.

Esto trajo problemas en dos frentes: por un lado, opositores al Gobierno afirmaron que no se pueden vender propiedades que forman parte del patrimonio de los cordobeses.

Por el otro, está involucrada la Municipalidad de Córdoba, ya que para que la Provincia pueda vender esos inmuebles necesita que se apruebe un cambio en el patrón de uso del suelo de los terrenos donde éstos están ubicados (por ahora su uso es institucional), de manera que tengan la misma normativa que todo el barrio Nueva Córdoba, lo que incidiría en el valor económico que darían los desarrollistas para comprarlos y edificar allí. El problema está en que desde las filas del juecismo, con mayoría en el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba, dijeron que no aprobarán el cambio. Incluso el mismo Luis Juez anunció que "garantizaba" que la idea del gobernador sería abortada.

Sin embargo, Schiaretti aclaró que "la construcción del centro cívico no tiene vuelta atrás" y el 26 de enero firmó un decreto en el que declaró "de interés público" la iniciativa.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial del día siguiente, tras lo cual se abrió el período de confección de los pliegos para el llamado a licitación, trabajo que, según informaron, iba a demorar dos meses, plazo que ya se cumplió.

Ni noticias. Desde el Ministerio de Obras Públicas, cartera conducida por Hugo Testa, informaron que los pliegos para el llamado a licitación no están listos y que no saben cuándo terminarán su trabajo los equipos técnicos que, según dicen, "están trabajando en el tema".

Daniel Rey, secretario de Desarrollo Urbano de la Municipalidad, informó que la Provincia "aun no presentó nada". "Supongo que lo harán muy rápido, porque algo nos anticiparon. Nos vamos a sentar en una mesa para elaborar informes técnicos", explicó.

Un poco molesto, Rey pidió que no se mezclara la financiación del proyecto con la obra en sí misma. En relación con la primera cuestión, afirmó que "nadie pidió normativa para ese sector y aclaró: "Este tema es complicado, porque tiene que ir al Concejo".

Sin embargo, la sensación es que el avance del proyecto depende de una decisión política. Aunque el gobernador dijo que si el Concejo Deliberante no aprobaba el cambio de normativa para los terrenos la obra se pagaría de otra manera, la venta de las dos propiedades parece ser su única opción.

Incluso consiguió el aval del intendente Daniel Giacomino, quien había dicho que compartía "los lineamientos generales" del proyecto y destacó que con la venta de los inmuebles, la Provincia aportaría fondos para casi una decena de obras en el microcentro de la ciudad.

Además, una semana antes de declarar "de interés público" el proyecto, Provincia y municipio anunciaron un plan de obras, entre las que figuraba el centro cívico. Los anuncios fueron realizados por el secretario de Desarrollo Urbano municipal, Daniel Rey; el ministro de Obras Públicas de la Provincia, Hugo Testa, y el titular de la Agencia Córdoba Turismo, Gustavo Santos.

Hoy, todos esos anuncios, que demandaron una fuerte inversión publicitaria, parecen estancados. Además, la relación entre Schiaretti y la Casa Rosada, en donde el gobernador ponía todas sus fichas para solventar el gasto de 300 millones de pesos que implicaría la construcción si es que no podía vender los inmuebles, es indefinida.

En tanto, el adelantamiento de las elecciones legislativas parece haber complicado aún más las cosas.

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