La Mesa de Enlace dice que el gobierno no podrá dividirla

Urribarri salió a defender la medidas impositivas. Y desde las entidades anunciaron actos y movilizaciones.
La Mesa de Enlace provincial advirtió ayer que el gobierno de Entre Ríos no logrará dividirlos con leyes inconsultas y segmentarias, en clara alusión al proyecto de ley presentado por el gobernador, Sergio Urribarri, para modificar el Impuesto Inmobiliario Rural que beneficia a los más pequeños y carga contra los grandes productores.

En ese marco, el campo puso en marcha ayer un nuevo plan de lucha contra la política del gobierno nacional para el sector. Al cese de comercialización de granos y hacienda añadió actos y movilizaciones en distintas ciudades entrerrianas. Las protestas que se extenderán hasta el viernes comenzarán hoy al mediodía en la cabecera del puente que une Victoria con la ciudad santafesina de Rosario. Allí, se entregarán folletos a los automovilistas y choferes del transporte de carga. Por la tarde, la actividad continuará en Gualeguaychú con una caravana desde el Parque Industrial hasta la plaza central principal. En ninguna de las actividades está pronosticado cortar rutas.

El miércoles se anunció que a las 18 habrá una concentración de productores en el acceso a la ciudad de La Paz, en tanto que el jueves a las 10 se realizará una caravana que recorrerá la ciudad de Crespo.

Por la tarde habrá un acto en la ciudad de Gualeguay, mientras que el viernes a las 15, con la finalización del paro granario, se desarrollará una movilización provincial en la rotonda de Chajarí, lugar donde se ejecutará el acto de cierre de la semana de protesta. La elección de la ciudad termal para la clausura del séptima huelga rural es con el fin de reclamar la reivindicación de la citricultura.

UNA MESA DURA. La Mesa de Enlace provincial integrada por Federación Entrerriana de Cooperativas (Fedeco), Sociedad Rural Argentina (SR), Federación Agraria Argentina (FAA) y Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer) se refirió al gobierno nacional y provincial en duros términos.

En conferencia de prensa, Alfredo De Ángeli, presidente de la FAA, aseguró que los gobernantes no han entendido el mensaje de las urnas en las elecciones del 28 de junio. "Tenemos legisladores nacionales entrerrianos que han desconocido la voluntad del pueblo y han violado la Constitución nacional votando la delegación de los poderes al Ejecutivo", disparó De Ángeli, quien aseguró que "en la Argentina no hay democracia, sino una tiranía".

En esa línea, Luis Miguel Etchevehere, titular de la SR precisó que "la política de los Kirchner fracasó", y agregó: "Teníamos un país entre 2003 y 2006 y ahora tenemos otro país diferente producto de las malas políticas, de la intervención de los mercados, de las trabas a la producción que intencionalmente aplica el gobierno nacional acompañado del provincial".

Etchevehere también exigió que se modifiquen las políticas erradas para el bien de la sociedad. "Tenemos un país de una fuerza productiva maravillosa. Otra vez la Argentina está en condiciones de salir adelante de la mano del campo debido a la demanda de alimentos a nivel internacional", resaltó el empresario, que pidió al gobierno aprovechar esta nueva oportunidad.

Etchevehere consideró que el gobierno "se quedó sin caja" entendiendo que se trata de "un doble castigo" para el sector. Y dijo que es necesario "propiciar el diálogo". Y ratificó la "unión del campo y la red que se forma entre los productores agropecuarios para producir, es que todos dependemos de todos y es mucho más moderno que cualquier sistema impositivo", completó.

Gonzalo Álvarez Maldonado habló en calidad de titular de Fedeco: aseguró que el gobierno nacional no da respuestas al sector en el tema exportación de cereales, lácteo, carnes. Y enojado afirmó que "acá se trata de engañar a la sociedad. Ellos dicen que han dado soluciones y no han dado nada", y completó: "Nosotros apostamos otra vez al diálogo buscando una solución".

Desconfianza al proyecto modificatorio de avalúos

Los dirigentes del agro coincidieron ayer en señalar que el proyecto de ley del gobierno provincial que prevé modificaciones en la distribución interna de las cargas del Impuesto Inmobiliario Rural, con eje en la progresividad del tributo, genera desconfianza.

La iniciativa del gobierno propone que los propietarios rurales más pequeños no paguen impuesto Inmobiliario Rural, en tanto que los pequeños propietarios verán reducida su imposición en un 12%. En ninguno de estos casos se incrementarán los avalúos de los inmuebles, se aclaró.

En tanto, para las grandes propiedades rurales la emisión del impuesto se incrementará entre el 108% y el 220%, dependiendo la zona y la superficie, con lo cual se prevé aumentar la emisión total del impuesto, a partir del ajuste de los valores de avalúos, en línea con lo que marca la Ley de Valuaciones vigente.

Al respecto, Alfredo De Ángeli alegó a UNO: "Tenemos una terrible desconfianza porque el ministro de Economía (Diego Valiero) dijo que cualquier reforma impositiva e inmobiliaria iba a ser discutida con la Mesa de Enlace y no lo hicieron". En ese orden, el Melli conjeturó: "Ha de haber alguna picardía, ya que han copiado las viejas prácticas del gobierno nacional de tratar de dividir a las entidades y no lo van a lograr".

A su turno, Alfredo Bel dirigente de FAA precisó a UNO que el tema impositivo se trató, pero al no contar con el proyecto no pudieron profundizar el debate. No obstante, Bel aseguró: "No tenemos confianza en el gobierno porque puede haber una cuestión tramposa porque no nos genera confianza Sergio Urribarri", y detalló: "La Mesa de Enlace no se va a dividir en productores chicos y grandes, ya que el Inmobiliario Rural es una parte de toda la presión fiscal que tiene el sector". Sin embargo, Bel dijo: "Entendemos que es legítimo el reclamo del gobierno, pero debe ser hacia el gobierno central que es el que se lleva todos los recursos. Comprendemos que está sin resolver las valuaciones de las parcelas, pero también está sin resolverse las retenciones, la presión fiscal nacional con bienes nacionales, las alícuotas. El gobierno anota la parte de él diciendo que hay un atraso en los avalúos, pero el sector viene desde 2006 con aumentos de las retenciones".

Por su parte, Luis Miguel Etchevehere explicó que el proyecto trajo un gran malestar por lo inconsulto. "Diego Valiero había dicho que nos iba a invitar a discutir, pero no lo hizo", y precisó: "Es un ataque a la producción. Viene a cargar a la principal actividad productiva de la provincia. El gobierno debería darse cuenta de que no nos va a dividir". "La Ley de Arrendamiento tiene la misma intención, que es dividir".

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