El mérito primará a la hora de consagrar un juez

De la actuación transparente del CAM dependerá el perfil y el prestigio que tendrá la Justicia provincial durante los próximos 15 años. Por primera vez, todos los interesados tendrán la oportunidad de demostrar cuán idóneos son para acceder a la judicatura .
Un verdadero cambio cultural se aproxima en Tucumán, porque, a partir de la conformación del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), ha de modificarse la forma de acceder a la judicatura. Ahora la selección tendrá ribetes técnicos o profesionales, dado que para cubrir los cargos vacantes se llamará a inscripción de interesados y estos deberán concursar, lo que permitirá conjugar los principios de igualdad y de idoneidad como únicos requisitos para el acceso a un cargo público, según ordena el artículo 16 de la Constitución nacional. Esto ayuda a dimensionar la importancia de las elecciones que se avecinan (el jueves y el 23 del corriente), en las que los magistrados y los abogados -por separado- definirán quiénes los representarán en el nuevo órgano.

El administrativista Rafael Bielsa solía decir que las instituciones resultan lo que los hombres pueden hacerlas rendir y fructificar. Esto implica que la primera formación del CAM tendrá un doble desafío fundacional por delante. En primer lugar, a partir del marco constitucional y de la Ley 8.197, por vía reglamentaria, sentará el carácter y la metodología que han de caracterizar en su proceder a este órgano, para que el fruto de su obra sea lo más riguroso, transparente e igualitario posible. En segundo lugar, ya que habrá cerca de 50 cargos por cubrir (si se suman los que están acéfalos y los que nunca fueron implementados pese a gozar de previsión legal), de la selección que lleve adelante el CAM dependerá el perfil que caracterizará a la Justicia provincial durante los próximos 15 años, por lo menos.

Tucumán dejará de ser una isla, porque, quitando a Jujuy, que dispone de un sistema diferente (el Superior Tribunal eleva ternas de postulantes al Poder Ejecutivo para que elija a uno), se sumará al resto de las provincias, que, aunque con variantes, cuentan con Consejos de la Magistratura.

Adiós a la pleitesía

En materia de nombramientos de jueces, la doctrina constitucional distingue entre los sistemas estrictamente políticos y los profesionalizados. En virtud de los primeros, el presidente o el gobernador escogen con discrecionalidad a una persona (no están obligados a dar razones de la elección) y requieren el acuerdo del Senado o de la Legislatura. Autores como Néstor Sagüés advierten que en la Argentina, donde las lealtades partidarias suelen primar por sobre las institucionales, esto ha dado lugar a una "ética de la pleitesía". "Así, concebido el cargo judicial como una suerte de presente o regalo, tal situación origina relaciones de crédito y débito entre quien nombra y quien es nombrado, obligación que alguna vez (o algunas) tendrá que saldarse, ya de modo espontáneo o, en su defecto, mediante el recordatorio del caso", explica.

En cambio, los sistemas profesionalizados, a través de los Consejos de la Magistratura, aspiran a que el paradigma del "cargo como obsequio político" sea reemplazado por el del "cargo por derecho propio"; es decir, después de que los postulantes han demostrado méritos suficientes en una selección que incluye una prueba escrita, una calificación de los antecedentes profesionales y académicos, y hasta la opinión de los ciudadanos sobre los aspirantes.

Desde el punto de vista institucional, el CAM también significa la aparición de un órgano que, aunque la Ley 8.197 lo sitúa nominalmente en la jurisdicción del Poder Judicial, tendrá independencia funcional y no estará sujeto a jerarquía administrativa alguna.

Pese a su ubicación, alojará en su seno, además de a dos magistrados (uno de ellos, vocal de la Corte; el otro, será elegido el jueves por los jueces inferiores), a tres legisladores y a un abogado. Este último será seleccionado el 23 por sus colegas. Esta es una novedad, que no se advertía en el CAM que funcionó entre 1991 y 2003: camaristas, jueces, fiscales y defensores oficiales, al igual que los letrados que ejercen la profesión, decidirán en comicios libres quiénes los representarán en el CAM. Esto quiere decir que tendrán a quién pedirles cuentas, concretamente, respecto del futuro del consejo.

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