Hoy se lleva a cabo la 46ª cumbre del Mercado Común del Sur. El encuentro es en Caracas, donde estarán presentes los mandatarios de Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina y Venezuela. El Mercosur fue creado en 1991 y tuvo seis años de gestación. En efecto, fueron los presidentes Raúl Alfonsín y José Sarney quienes arrancaron este proceso integrador con protocolos de entendimiento entre Argentina y Brasil en 1985. La clave de este espacio regional es política y tiene que ver con superar las rivalidades y desencuentros entre naciones hermanas, atravesadas por dictaduras y crímenes de lesa humanidad. Pero su sentido práctico en el orden económico quedó establecida en el Tratado de Asunción en el momento mismo de su nacimiento, 23 años atrás: la libre circulación de bienes, servicios y productos entre los cuatro países signatarios (cabe recordar que Venezuela se incorporó recién en 2006, que Ecuador y Bolivia están en vías de integración mientras que Chile, Colombia y Perú son observadores). Además, a través de comisiones técnicas, el organismo busca armonizar y homologar las políticas arancelarias y comerciales de sus miembros. 

Las cumbres de presidentes se realizan cada seis meses y, por primera vez, la cita se pospuso por siete meses. En efecto, por estatutos, la reunión número 46 debía realizarse en diciembre de 2013, pero los problemas de salud de Cristina Kirchner llevaron a que se pospusiera. Luego, las turbulencias políticas de Venezuela trajeron aparejadas sucesivas postergaciones hasta que finalmente se fijó el encuentro para hoy, 29 de julio, al día siguiente de los actos que el gobierno de Nicolás Maduro organizó para conmemorar el 60 natalicio de Hugo Chávez. 

ARGENTINA. Se descuenta que una de las declaraciones que firmarán los presidentes será en solidaridad con la Argentina y en repudio al fallo de Thomas Griesa, ya que al día siguiente, miércoles 30, se vivirá esta inédita situación de que el gobierno haya depositado el dinero para pagar los vencimientos de los títulos de deuda reestructurada pero que están inmovilizados –al menos hasta el momento de escribir estas líneas– por disposición de Griesa. Una declaración del bloque regional sirve como factor de solidaridad pero no tiene un correlato en cuanto a conjurar las dificultades que puedan generarse cuando las calificadoras de riesgo le pongan la letra D a la Argentina. En sí misma, la incidencia de la descalificación de las calificadoras tiene consecuencias directas. Esas entidades privadas son funcionales a los criterios de los bancos e inversores financieros. Cuando creen que una inversión en muy segura, le ponen tres letras A y, a medida que quieren crear alertas, le van sacando una A, luego pasan a la B, a la C y a la D. 

Cabe recordar que el manejo discrecional de las calificadoras y de la prensa financiera norteamericana contribuyó para que la crisis de las hipotecas en Estados Unidos no estallara en el sistema financiero hasta 2007, cuando las ejecuciones hipotecarias llevaban años de existencia. Pero, claro, las entidades que calificaban preferían mirar para el costado el negocio de las hipotecas subprime porque eran funcionales a la gran banca. Y cuando la crisis afectó a esa gran banca salió el Tesoro de los Estados Unidos a dar una inyección de miles de millones de dólares para amortiguar el colapso. Las calificadoras también jugaron un papel decorativo con las crisis de deuda soberana de Irlanda, Grecia, España, Portugal e Italia. El capitalismo financiero necesitaba detonar lo poco que queda del Estado de Bienestar en el Viejo Continente. Luego se ocuparía la Troika –la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacionalz– de dar las recetas y fijar el rumbo, con ajustes salvajes y tasas de desocupación desconocidas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. 

CONFLICTOS SOCIALES. El problema, por supuesto, no es menor para la Argentina. No tanto por el hecho de que el costo de la tasa de interés de un crédito pueda ser de dos o cuatro puntos más, por la simple razón de que el mercado voluntario de deuda hace meses que está vedado y no alcanzó con la serie de compromisos asumidos por el gobierno (pago a juicios del CIADI, indemnización a Repsol y compromiso de pago al Club de París). La Argentina tiene problemas por la inflación, la incipiente recesión, la disminución de liquidación de exportaciones, el alto déficit fiscal y una matriz productiva que hoy se muestra al rojo vivo como insuficiente por el gran déficit energético y por la demanda creciente de importaciones cada vez que el PBI aumenta. A los problemas estructurales se les sumará un poco más de presión: escasez de dólares por falta de liquidación y fuga de capitales, más el incremento del pequeño pero molesto mercado paralelo de divisas que, a su vez, empuja a muchos comerciantes a distorsionar aun más las complicadas cadenas de valor que terminan pagando los bolsillos populares. 

El gobierno argentino podrá conseguir una justa y necesaria solidaridad externa pero deberá lidiar, al interior del país, con una frágil adhesión de los sectores empresarios y de los políticos opositores. Las desafortunadas declaraciones del presidente de la UIA, Héctor Méndez, en el sentido de que las cosas van mal si las manejan una mujer (Cristina) y un joven (Axel Kicillof), sirven sólo para esmerilar el escaso diálogo de la central industrial con el gobierno en un momento de suspensiones y algunos despidos en fábricas importantes. Ni qué hablar del fuego granado disparado por el presidente de la Sociedad Rural, Luis Etchevehere, al dejar inaugurada la exposición rural: habló de "la década depredada", rodeado de dirigentes empresarios y políticos. Para colmo, en el frente sindical, la CGT de Hugo Moyano y la CTA de Pablo Miceli decidieron convocar a un paro general con fecha a definir en la primera quincena de agosto. El motivo es la adecuación del mínimo no imponible en la cuarta categoría de Ganancias y la actualización de las escalas, tema que lleva años de espera. Claro, Moyano no esperó que pasara esta delicada semana, aunque sí reparó en las declaraciones de Antonio Caló, líder de la fracción de la CGT más ligada al gobierno, quien a la salida de su encuentro con Jorge Capitanich, al no recibir respuesta oficial al reclamo por Ganancias, dijo: "Si la cancha está embarrada vamos a ir con tapones altos." Otro flanco es que este miércoles el jefe de Gabinete debía concurrir al Senado, sin sesiones desde hace dos semanas por la decisión de sectores opositores de negarse a sentarse en las bancas, si al frente de le Cámara Alta se sienta su presidente natural, Amado Boudou, procesado por el juez Ariel Lijo, y con otras dos causas judiciales en curso. Ayer a la tarde, pese a que el tema era informar sobre la situación con los fondos buitre, un tema más que importante, Capitanich decidió suspender su asistencia.

Antes de volver a la reunión de Caracas, cabe preguntarse cómo será la forma que tendrá la convocatoria a la unidad nacional para enfrentar a los buitres y al fallo de Thomas Griesa mencionado por la presidenta la semana anterior. No parece haber lazos tirados entre el oficialismo y la oposición. Y no se trata de sacarse fotos sino de pensar cómo podrían reforzarse los controles para evitar corridas del dólar, para evitar caídas en la producción o para frenar aumentos de los precios. En un escenario de discordia, el costo más alto no lo paga el gobierno sino los sectores populares. No es cuestión del encuestómetro, sino de buscar los consensos para que, si  suceden las cosas mencionadas más arriba, sea el conjunto de la dirigencia el que asuma las responsabilidades, más allá de intereses sectoriales o colores políticos. No se avizora ningún camino que lleve a conformar un espacio común para enfrentar la emergencia. Como todo indica, 48 horas son muy pocas como para que la delegación oficial y los abogados de los fondos buitre encuentren una salida que lleve a Griesa a poner el famoso stay. 

MERCOSUR. En Caracas, Cristina recibirá la presidencia del Mercosur por los próximos seis meses de manos de Maduro. Ella llegará hoy, tras los festejos de conmemoración del 60º aniversario del natalicio de Hugo Chávez, con delegaciones de varios países. No pasa desapercibido que un coro de Rusia cantó en Barinas, el pueblo natal del jefe de la Revolución Bolivariana. Chávez tuvo varias osadías en su vida. Una fue ser el intérprete de un sentimiento nacional patriótico que le permitió convertirse en el responsable máximo de la nacionalización de los recursos de gas y petróleo venezolanos, que desde hace 12 años están en manos de PDVSA. El frente interno venezolano está más calmo y sus relaciones con la vecina república de Colombia pasan un buen momento. La reelección de Juan Manuel Santos, aunque sea un liberal muy lejano del sueño bolivariano, calmó las aguas a los sectores más golpistas de Venezuela. 

Como observadores del Mercosur, también estarán Michelle Bachelet y Evo Morales, además de varios de los mandatarios que integran la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) junto a Venezuela. A su vez, los vínculos de cooperación de ese país con Rusia y China son un pulmón importante. Cabe recordar que Chávez había tendido puentes con Santos de cara a mejorar la infraestructura de salida al Pacífico, y eso tiene mucho que ver con el rol creciente de China en la región. Pese a las interesantes alternativas comerciales y geopolíticas que se le abren al Mercosur, tal como dijo el uruguayo José Mujica, el organismo regional "está estancado". El retraso de medio año en esta cumbre se debe, además, a otra serie de problemas geopolíticos de arrastre. Desde la negativa del Senado paraguayo de darle acuerdo a la integración de Venezuela al Mercosur hasta la indigerible aceptación del gobierno de Horacio Cartes, el millonario que quedó en el Ejecutivo de Paraguay después del golpe de Estado blando que terminó con el gobierno constitucional de Fernando Lugo. Más allá de que esto está zanjado y podrán convivir Venezuela y Paraguay, será Dilma Rouseff, la mandataria del país de más peso del Mercosur la que planteará un tema polémico: la presidenta de Brasil ya advirtió que su país propondrá que se ponga en vigencia el tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico, un espacio que va ganando peso de la mano de las viejas propuestas librecambistas del Departamento de Estado norteamericano. Esa alianza está integrada por México, Chile, Perú y Colombia. Entre varios de los socios del Mercosur, la idea es que ese acuerdo rija a partir de 2019. De adelantarse, se eliminarían los aranceles entre los países de los dos bloques y eso sería un gran estímulo para las empresas con más capacidad de expansión, que son las brasileñas. Dilma, que afronta elecciones en octubre próximo y debe batallar fuerte para vencer, también quiere avanzar en las tratativas del acuerdo Mercosur–Unión Europea. Es comprensible para Brasil, quinta economía del planeta, con un perfil industrial fuerte, integrante del BRICS, impulsor del banco de desarrollo que acaban de crear los países miembros en la reunión de Fortaleza hace dos semanas.