Merceditas

La Cámara de Casación Penal confirmó que el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata se equivocó al dar por prescripto un delito. ¿Por qué la pifian, si saben tanto como para ser docentes titulares de cátedras universitarias? Algunos no les creen nada a los jueces, y hay otros que dicen que estar libre tiene un precio: ¿será posible?
En una resolución que data del curso del presente año, la Cámara Nacional de Casación Penal, integrada por los magistrados Augusto M. Diez Ojeda, Gustavo Hornos y Mariano González Pelazzo, intervino atendiendo a un recurso interpuesto por el fiscal general subrogante Daniel Eduardo Adler, que había pretendido anular un pronunciamiento del Tribunal Oral Federal de esta ciudad.

Efectivamente, una causa en contra de Ruth Nelba Morales por el cargo de retención indebida de una persona privada de su libertad, había sido considerada prescripta por el TOF el 12 de septiembre de 2007, oportunidad en la que determinó que se habían extinguido los plazos legales para reclamar a la acusada por el delito mencionado.

En realidad, el grupo de magistrados había realizado en aquel momento una interpretación particular de la norma, ya que según Código Penal, la acción no podría ser considerada prescripta si el acusado es un funcionario público. Pero el tribunal de delitos federales no había querido aplicar la legislación, ya que consideró que, como la acusada se encuentra cumpliendo actualmente una función administrativa en la Dirección Nacional de Migraciones, no sería una funcionaria, sino una mera empleada pública sin acceso a ninguna forma de poder.

El fiscal cuestiona francamente la interpretación, diciendo que la considera un yerro, y ofrece toda la materia teórica necesaria para que su posición resulte inapelable: no hay diferencia entre funcionario y empleado público. El juez de Casación, por su parte, apoyó al fiscal citando a Agustín Gordillo: "el derecho positivo argentino no hace diferenciación entre funcionarios y empleados públicos, y por el contrario establece que todos los agentes de la administración tienen la misma calificación jurídica".

Porque función pública es, según la ley 28.188, toda función -sea permanente o temporal, remunerada u honoraria- que una persona realice en nombre del Estado, a su servicio o de sus entidades, en cualquier nivel jerárquico, y lo repite textualmente la Convención Interamericana contra la corrupción.

¿Cuál es la pregunta que permanece rondando en la mente de todos los que tienen esta causa en las manos? Considerando lo abarcativa de la legislación que se aplica en este caso, lo conocido de sus términos, y lo básico de las conceptualizaciones que son ofrecidas como sostenimiento teórico, resulta imposible que un tribunal integrado por titulares de cátedra de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata lo desconozca. ¿Cuáles son las motivaciones entonces de esta prescripción incorrecta, que el fiscal no puede más que llamar "yerro", si no es el desconocimiento de los jueces que la forman?

Mucha plata

A la sazón, y en la misma ciudad, el medio de prensa on line llamado Tribuna de Periodistas se dedica a investigar los abultados bienes que integran la realidad patrimonial del juez Roberto Atilio Falcone, quien junto con Néstor Parra y Mario Portela integran el Tribunal Oral Federal, el que hizo esa lectura sui generis del Código Penal.

Procede así a enumerar las que -según los responsables de la página- serían las cuentas bancarias que ostenta el funcionario –Banco Nación, Citibank y Patagonia-, además de cada una de las propiedades inmobiliarias que lo respaldan a su nombre. Las casas se encuentran en zonas costosas, ya que se ubicarían en Buenos Aires 1751, Córdoba 3821, Entre Ríos 1684, Larrea 2029 y 2023, todas en la ciudad de Mar del Plata.

La misma fuente de información sostiene que Falcone tiene dos automóviles. El primero de ellos no sorprendería demasiado, ya que la única información que consta en el medio es que se trataría de un modelo 1993, patente TIQ 287. Pero según se expone allí mismo, el funcionario habría adquirido recientemente un Mercedes Benz Kompressor Avantgarde modelo 2008, patente HLA 892. Uno similar se ofrece en una concesionaria on line con sede en Capital Federal a un valor de mercado que supera los cuarenta y un mil dólares.

Tribuna del Periodistas ha confeccionado el citado artículo mencionando la colaboración de Claudio Izaguirre, quien es presidente de la Asociación Antidrogas de la República Argentina. Él mismo afirma: "¿de dónde sacó el juez Falcone dinero para comprar un Mercedes Benz?" Claro que la pregunta es retórica.

En el documento se habla además de la renombrada carrera del magistrado, quien fue defensor del terrorista internacional Juan Martín Ciga Correa, y de muchos evasores tributarios que tenían relación directa con la actividad pesquera: los cómplices del vaciamiento de la riqueza ictícola durante la gestión de Felipe Solá, junto con quien entonces fuera senador, Antonio Cafiero. Ambos, al decir de la Tribuna, habrían promocionado luego a Falcone para el cargo que hoy ocupa.

En los últimos tiempos, según parece, Falcone además ha sido designado como miembro de una extraña Comisión Antidrogas, también integrada por el ministro de justicia Aníbal Fernández, que la fuente califica como "insólita".

Dice textualmente el periodista Christian Sanz: "Mar del plata es el reflejo más elocuente del crecimiento del narcotráfico en la Argentina. Jueces como Roberto Falcone que deberían ser los "primeros en la fila" a la hora de combatir el tráfico de estupefacientes, parecen dar vía libre a los mercenarios de la muerte para que se muevan a sus anchas".

Libertad comprada

Pero digan lo que digan, la estructura del poder no se desmonta. Esa estructura que tiene de aterrador lo invisible y lo inasible, como diría Kafka; la misma estructura de poder que es capaz de hacer parecer que la vida y la muerte de cualquiera "cuestan" y "valen", es decir, se corresponden con un importe concreto en dinero, que hará que un cualquier hijo de vecino sea dueño de su vida si puede pagarla y dueño de su libertad si puede comprarla, como en el mercado de esclavos que creíamos abolido.

La sociedad argentina recuerda con escalofríos a la banda de los Doce Apóstoles, y la aterradora reyerta que terminara con muertos cocinados en el horno del penal de Sierra Chica. Uno de los involucrados era Ariel "El Gitano" Acuña, a quien le faltaban meses para completar su condena. Terminó con una nueva pena de quince años, simplemente porque no estaba en sus manos quebrar los códigos de la cárcel.

El tan mentado Gitano se presentó en el programa de Chiche Gelblung, esa olvidable feria de variedades circenses, para decir que en cierta oportunidad había viajado a Mar del Plata a pagarle a un juez $50.000 por una libertad.

"La libertad no tiene precio" decía Acuña, a la vez que su relato desmentía absolutamente su opinión. Un precio tiene, no debería.

Ojalá hubieran saltado autoridades de todos los poderes, y se hubieran agolpado en la puerta del canal para pedirle explicaciones a "El Gitano" acerca de quién era el juez nombrado y qué coche tenía. Obviamente hubiera sido lo esperable en un sito donde una libertad realmente no tuviera precio.

Por ahora, y a como van las cosas, con cientos de apóstoles repartidos por los penales y miles de causas detenidas en el tiempo hasta que alguien logre que se olviden, las libertades sí tienen precio. Lo que divide a la sociedad es poder pagarlo o no. Bastará determinar si alguien está o no en condiciones de contratar un abogado que apele una sentencia mal fundamentada, para que un individuo muera pagando un delito discutible. La cuestión es quién lo dice.

Lo peor que podría pasarles es que se les empezaran a desbocar los mensajeros, porque alguien cobró la plata de El Gitano, y él sabe quién. En alguna parte está el expediente que desapareció por un precio módico: su valor de mercado, que es bastante menor que el de un Mercedes Benz, claro.

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