La mentira y la prueba de la democracia

Por Damián Glanz.

La Presidenta rubricó su batalla por la "libertad de expresión" y el "derecho a la información" con una mentira.

La Presidenta rubricó su batalla por la "libertad de expresión" y el "derecho a la información" con una mentira. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner no es –como dijo ayer la jefa de Estado– el único que en 26 años de democracia envió al Parlamento un proyecto de Ley de Radiodifusión.

Fernando de la Rúa remitió una iniciativa al Congreso en abril de 2001 y también lo intentó Raúl Alfonsín sobre el final de su mandato. Aunque a Fernández le pese la falta de originalidad, hay otro rasgo que la liga a esos dos presidentes: todos formalizaron sus deseos por alterar el mapa del poder mediático en momentos de debilidad y crispación política.

Pocos días después del levantamiento carapintada de Semana Santa, y cuando Juan Vital Sourrouille redactaba el Plan Primavera, el Consejo de Consolidación de la Democracia finalizó el proyecto que había encargado Alfonsín. El gobierno radical terminó antes de que se abriera el debate. El mismo día que el otrora secretario de Medios Darío Lopérfido y el ex interventor del Comfer Gustavo López –actual subsecretario general de la Presidencia– dieron a conocer la iniciativa de De la Rúa, el gabinete intentaba contener la crisis financiera con el reemplazo del titular del Banco Central, Pedro Pou, por Roque Maccarone.

Los Kirchner salieron a la arena durante la crispación de la guerra gaucha y lanzaron su golpe más fuerte en la debilidad poselectoral, convencidos de que son los medios, y no la oposición, sus enemigos. Y habían gozado como ninguno de sus antecesores de las mieles del pacto de convivencia con el poder de prensa. Ese vínculo fue recompensado en los inicios de la era K con la promulgación de la Ley Clarín, luego con la prórroga de las licencias de los canales de aire y finalmente con la autorización de la fusión Cablevisión-Multicanal.

El envío del proyecto al Parlamento como reacción al divorcio es una demostración de que detrás del texto no descansa el declamado interés por democratizar la palabra, sino de controlarla. Para demostrarlo basta un ejemplo del presente: la actual gestión del Comfer autorizó que Electroingeniería, contratista oficial y empresa de servicios públicos, adquiera Radio del Plata contraviniendo la norma vigente que prohíbe que compañías de servicios públicos sean propietarias de medios. Ni Cristina, ni su marido, ni los presidentes anteriores hicieron nada en favor de la radiodifusión: al contrario, pasaron por alto las pocas restricciones que la infame ley de la dictadura previó para evitar la concentración del espectro radioeléctrico.

La Presidenta advirtió que con el debate su proyecto "se va a poner a prueba la democracia". Pero como Alfonsín y De la Rúa será su propio poder lo que Cristina Fernández pondrá en juego.

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