Mendoza ya tiene una ley para ordenar el crecimiento provincial

Mendoza ya tiene una ley para ordenar el crecimiento provincial
El Senado aprobó por unanimidad el proyecto, que establece la creación de un ente que revise todos los planes y programas.
Después de tres años de intenso debate, finalmente Mendoza tiene una normativa que estipula la planificación y ejecución de los planes que a corto y largo plazo permitirán mejorar la calidad de vida en la provincia.

Así, el objetivo final de la Ley de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo consiste en lograr el equilibrio entre el crecimiento económico y el urbanístico-poblacional, siempre bajo la directiva de cuidar el medio ambiente para lograr un desarrollo equitativo de los recursos en forma sustentable a través del tiempo.

Ayer, luego de casi dos décadas de postergaciones, con intereses políticos, económicos y sociales encontrados, el Senado dio sanción definitiva al proyecto que será promulgado el mes que viene por el Gobierno, en coincidencia con los días previos a las elecciones legislativas del 28 de junio.

La historia reciente de la ley estuvo marcada por dos avances clave en su tratamiento. El 30 de diciembre pasado, el Senado aprobó el proyecto (basado en la propuesta elaborada por más de cien expertos de distintas disciplinas coordinados por la UNCuyo) y dejó en manos del Ejecutivo la autoridad de aplicación.

La semana pasada, tras un debate de cuatro meses que incluyó los aportes de distintas entidades ambientalistas y colegiadas, Diputados dio su aval a la propuesta pero reforzó la participación de especialistas y OSC en las decisiones que se tomen a nivel provincial.

Ahora, luego de que el documento regresó a Senadores y tomó formato de ley, el desafío es mayor, puesto que es a partir del mes que viene cuando se comenzarán a delinear las primeras decisiones. Es que las mismas características geográficas, económicas y sociales de Mendoza hacen urgente la aplicación de la norma, puesto que ella será la directriz sobre la cual se definirán recursos y políticas que deberán perdurar más allá de los gobiernos.

En la lista de prioridades que la ley general abarca figuran aspectos cotidianos para todos los mendocinos, como el crecimiento del parque automotor en relación a la dimensión de la ciudad, el cuidado del arbolado público o la no instalación de fábricas cercanas a barrios y zonas de cultivos. También se contempla la aplicación de multas para quienes dañen y contaminen el agua, el aire o el suelo.

Pero además la disposición está focalizada a revertir inconvenientes ?macro' a nivel ambiental, como el avance de la desertificación, la desprotección de los glaciares o el deterioro de los ecosistemas del pedemonte por el avance de los emprendimientos inmobiliarios que se multiplicaron sin control en los últimos años. En lo relativo a las actividades productivas y sociales, la normativa será el marco para determinar acciones relativas a minería, crecimiento urbano y emplazamiento de industrias, entre otros aspectos.

El órgano encargado de realizar la elaboración, aplicación y seguimiento de todos los planes, programas y proyectos será una Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial que trabajará en forma desconcentrada y dependerá del Ministerio de Medio Ambiente, Urbanismo y Vivienda. A su vez, éste deberá trabajar en coordinación con un Consejo Provincial de Ordenamiento Territorial (ver aparte).

Este último será un ente consultivo y asesor que deberá emitir dictámenes y estará presidido por el titular de medio ambiente, en este caso, Guillermo Carmona. Por su parte, los 18 municipios deberán hacerse cargo de sus planes que luego serán evaluados por el Consejo y la Agencia.

Si bien el plazo para que la Ley sea promulgada por el Ejecutivo es de seis meses, ahora la intención del Gobierno es acortar al máximo los tiempos: "En cuanto saquemos el decreto reglamentario se pondrán en funcionamiento los organismos. Incluso en los próximos días nos reuniremos con el Gobernador para definir el cronograma", aseguró Guillermo Carmona.

De hecho, el escrito que consta de 70 puntos divididos en 12 capítulos, establece (en su artículo N° 9) la elaboración y revisión de un Plan Estratégico de Desarrollo de la provincia, donde la participación social será clave.

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