La discusión por Portezuelo del Viento sumó otro capítulo con la respuesta mendocina a las críticas de La Pampa por el control que hará Irrigación.

La vecina provincia había acusado al Gobierno mendocino de querer controlar el llenado sin respetar al Coirco pero ayer se contestó que actuará bajo acuerdos previos. 

El Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco) representa las cinco provincias que bañan sus aguas: Mendoza, Neuquén, La Pampa, Río Negro y Buenos Aires. El río Grande, donde se planea la represa, es el principal afluente del Colorado y por ello el comité entero participa de la discusión. 

La última protesta del gobernador pampeano, Carlos Verna (PJ), tiene que ver con el plan de llenado y manejo de la presa. En su cuestionamiento, el gobierno mendocino pretende mantener el control a través de Irrigación, a diferencia de propuestas de otros años en que figuraba el organismo interprovincial. 

En Mendoza ayer restaron importancia a las críticas. “No discuten nada técnico y llevan la discusión a lo político. Eso demuestra que técnicamente la obra no los perjudica ni a ellos ni a ninguna otra provincia aguas abajo”, comentaron desde Casa de Gobierno. 

Sin embargo, el secretario pampeano de Recursos Hídricos, Javier Schlegel, volvió a defender la postura. En diálogo con Los Andes, dijo que las normas presentadas ahora “difieren de las que se habían presentado en 2012, donde en todos lados y en un punto textual decía que el manejo lo iba a hacer el Coirco”. 

El funcionario puso como ejemplo el trabajo en el embalse Casa de Piedra (entre Buenos Aires, La Pampa y Río Negro) donde el organismo aclaró los límites: “Siempre los regantes nos pusimos de acuerdo, nunca hubo problema y todos hacemos uso”. Además están estudiando algunos números de la propuesta que creen que están mal redactados. 

Quien tomó la pelota para contestarle fue el diputado provincial Gustavo Villegas (UCR) que recordó que ya existe un acuerdo superior: el Plan de manejo de aguas del Río Colorado. Allí se divide la cantidad y la calidad de agua que le corresponde a cada provincia.

“Irrigación no hará lo que quiere, tiene la potestad de manejar pero en base a ese acuerdo del Coirco. Los dos ponen sus límites pero no es que Mendoza puede decir ‘hago lo que quiero’ sino que hay un plan mayor”, comentó el alvearense.

En ese sentido, sostiene que habrá responsabilidad en el manejo de las aguas y cree que las críticas pampeanas se basan en dudas y sospechas. 

Otro que siguió esa línea fue el intendente de General Alvear, el también radical Walther Marcolini, para quien no hay necesidad de que los pampeanos se involucren en el llenado de Portezuelo.

“No corresponde, es una incumbencia propia de Irrigación porque la presa estará en territorio mendocino”, afirmó. 

Que Macri no defina

En la última reunión de gobernadores del Coirco del 23 de diciembre, todos menos Verna aceptaron la construcción de la represa. Como se necesitaba un voto unánime, se abrió un proceso de mediación por 60 días dirigido por el Ministerio del Interior para acercar a las partes. 

Cuando pasen esos 60 días, deberá arbitrar el presidente Mauricio Macri y tendrá 30 días hábiles (extensible a otros 15) para hacerlo. Sin embargo, desde el ministerio del Interior de la Nación afirmaron que estaban hablando de modo bilateral con las partes para evitar llegar a esa instancia. 

“Nuestra idea es acercar posiciones y el objetivo es tratar de mediar sin tener que recurrir al presidente. Vamos a tratar de ser optimistas, nosotros queremos acercar posiciones”, afirmaron desde la cartera nacional. 

Para varios de los involucrados, como el intendente Marcolini, ese objetivo no podrá lograrse sin un cambio en la intransigencia pampeana.

“Mendoza siempre ha manifestado una voluntad de diálogo pero La Pampa no. Yo creo que la estrategia que ellos tienen es escalar el conflicto y victimizarse, tanto con esto como con el río Atuel”, opinó el intendente sureño. 

Por lo próximo, el martes 31 de enero habrá una nueva reunión por el Coirco. Esta vez no será de gobernadores sino que la integrarán ministros de Obras o de Recursos hídricos, según corresponda y de acuerdo a lo que cada provincia disponga.

Allí se evaluarán aspectos como impactos de la obra y el plan de distribución, aunque después serán los mandatarios quienes tomen las decisiones finales.