Mendoza está frente a un desafío importante en materia de política ambiental ya que, según afirma uno de los propietarios de la única planta recicladora de basura electrónica que existe en la región, en la actualidad, menos de 1 por ciento de los desechos de este tipo recibe tratamiento. Además, en promedio, cada ciudadano de la provincia genera entre 2 y 2 kilos y medio de residuos tecnológicos por año.

Se trata de un problema exponencial que está alentado por la cultura consumista propia de las sociedades occidentales y que pone en jaque el futuro de las nuevas generaciones. Mientras el agitado avance de la producción tecnológica provoca cúmulos de basura en las principales ciudades del continente, los desechos electrónicos tienen el mismo destino que la basura común, con todo lo que eso implica. En este sentido, Mendoza no está exenta de una problemática que ya comenzó a ser tratada en otros países y hasta en algunas provincias argentinas pero que a nivel local es una cuenta pendiente.

La única planta que hay en la región no pertenece al Estado, sino a una familia que ideó su propio proyecto en el 2008 y comenzó a operar en agosto del 2010. Se trata de Reciclarg, única firma que se ocupa de dar tratamiento a la basura electrónica que se genera en la provincia. En diálogo con El Sol, el licenciado en administración de empresas y gerente general de la firma, Farid Nallim, habló sobre la necesidad de avanzar en el tema de los residuos tecnológicos y la importancia que se le da a la situación.

Básicamente, la creación de Reciclarg se produjo como consecuencia de un artículo periodístico. "Empezamos en el 2008; leímos en un diario local donde se hablaba de la basura electrónica y nos dimos cuenta de que en Mendoza no se hacía nada en este sentido", afirmó Nallim, quien indicó que, tras culminar su carrera universitaria, se dirigió a Buenos Aires para interiorizarse en el asunto.

CIFRAS QUE ALARMAN. Consultado por las estadísticas de Mendoza en este tipo de residuos, el joven empresario afirmó: "En Buenos Aires se generan 3 kilos de basura electrónica por persona y por año; en Mendoza se calcula que está entre 2 kilos y 2 kilos y medio". No obstante, más allá de las cifras sobre la cantidad de artefactos de este tipo que se tiran anualmente, la mayor preocupación radica en torno al porcentaje que recibe tratamiento. "Actualmente estamos reciclando menos de 1 por ciento de la basura electrónica que se genera en Mendoza; la falta de legislación es un gran problema", expresó Nallim, en relación con el vacío legal que existe sobre este problema.

Una de las situaciones más graves está teñida por el destino que reciben las computadoras, los celulares, los reproductores de música y demás productos electrónicos una vez que ya no son utilizados por sus respectivos dueños. El gerente de Reciclarg expresó: "Más de 90 por ciento de este tipo de productos va a parar a basureros a cielo abierto, al tomar contacto con el agua se empiezan a contaminar las napas subacuáticas, lo que trae problemas para las comunidades aledañas".

La falta de concientización se presenta como otro de los aspectos a mejorar, aunque, lentamente, algunas empresas ya hayan comenzado a demostrar cierto cambio de actitud en cuanto a la responsabilidad empresaria. "La concientización de la gente es fundamental; tratamos de ir a las escuelas para que los chicos conozcan sobre los riesgos que implica generar tanta basura y no reciclarla, aunque el uso desmedido de los aparatos tecnológicos complica la situación", indicó Nallim.

Por otra parte, dejó en claro que la importancia que otros países de la región le dan al asunto no es la misma que la que se le asigna en el nuestro. "Chile es uno de los países que mayor importancia le da a esta actividad porque se trabaja conjuntamente con el Gobierno, en Colombia sucede lo mismo y Brasil también tiene plantas", indicó.

RESPONSABILIDAD Y LEGISLACIÓN. Si bien en el último tiempo se ha evidenciado un crecimiento con respecto a la necesidad de las empresas para trabajar en torno a políticas de responsabilidad social, en la actualidad, el mayor problema de la basura electrónica parece estar marcado por la falta de leyes que regulen la situación. "En Europa se les exige por ley a los fabricantes que produzcan con menos tóxicos", expresó el gerente general de Reciclarg, quien indicó que en el Viejo Continente, incluso, "hay páginas en las cuales se puede observar cuáles son las empresas denominadas "verdes", es decir, aquellas que trabajan con elementos menos nocivos". En este sentido, la idea del joven mendocino es trasladar la experiencia de otros países a la provincia para continuar con el trabajo que viene realizando desde hace 4 años.

No obstante, la idea de trabajar conjuntamente con el Gobierno provincial es una alternativa que desde la empresa analizan hace tiempo y que esperan que se pueda llegar a concretar. "Hemos tenido encuentros con el Gobierno; queremos ver si se puede generar una ley en Mendoza. Además, la idea es generar lo que se denomina "puntos verdes" en un futuro; es decir distintos lugares donde la gente pueda ir a dejar los residuos para que nosotros después los recolectemos.

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Un golpe a la ecología

En el último tiempo, mucho se habló sobre la importancia de comenzar a legislar en materia ambiental en Argentina. Por este motivo, lo que ocurrió el miércoles en el Congreso de la Nación, cuando el tratamiento de la ley de basura electrónica perdió estado parlamentario y el proyecto que había logrado media sanción en la Cámara de Senadores volvió a foja cero al no poder ser tratado en Diputados, enfrentó al Gobierno nacional con algunas organizaciones ambientalistas.

Es que, al parecer, el tratamiento del proyecto de ley, que tiene como principal objetivo obligar a las empresas a hacerse cargo de los residuos de sus propios productos –tal como sucede en otros países de la región y del mundo–, quedó trabado en las comisiones que debían sancionar su dictamen. Por este motivo, desde Greenpeace acusaron al kirchnerismo de impedir el avance de la normativa que se viene estudiando desde el 2008.

La iniciativa fue aprobada en la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable y en la de Industria y Comercio pero no en la de Presupuesto y Hacienda, presidida por el diputado oficialista Roberto Feletti. "A horas de perder estado parlamentario, las autoridades del bloque del Frente para la Victoria sentenciaron de muerte a la Ley de Basura Electrónica. La cara del responsable es la del diputado Roberto Feletti, quien, habiendo trabado el debate previamente en la Comisión de Presupuesto, desarrolló la estrategia del bloqueo dentro de su partido", señaló Consuelo Bilbao, Coordinadora de la Unidad Política de Greenpeace, en declaraciones difundidas por la organización en su sitio web.

"Es una triste realidad pero hoy son las corporaciones multinacionales las que dictan las políticas ambientales en nuestro país: Barrick Gold, Monsanto y ahora la Cámara de Comercio de Estados Unidos. La salud, el cuidado de los recursos y la calidad de vida de los habitantes no les interesan a los funcionarios", señaló María Eugenia Testa, directora de Campañas de Greenpeace Argentina.