Mendoza rebaja deudas para planes de vivienda

El Senado provincial convirtió en ley un proyecto para reducir las hipotecas entre 25% y 50%. Con lo recaudado se espera poner en marcha un plan habitacional
Los senadores mendocinos convirtieron en ley la quita para beneficiarios de planes habitacionales. A partir de esta norma, se reducirán de 25% a 50% las deudas de los beneficiarios de planes habitacionales que no hayan terminado de pagar al Instituto Provincial de la Vivienda y que adhiera a esta suerte de moratoria.

Los legisladores aprobaron por unanimidad el proyecto. El plan estará vigente desde el momento en que el Ejecutivo provincial promulgue la ley y a partir de entonces lo recaudado se destinará a un fondo provincial para la construcción o financiamiento de viviendas.

Actualmente son más de 60 mil los deudores del IPV lo que equivale a $350 millones.

Según reprodujo el diario UNO en su edición de ayer, si el 16% de los deudores se sumara al plan se recaudaría para construir 1.000 viviendas, gracias a la generación del fondo especial de $100 millones.

El autor de la ley

La nueva ley establece que las casas construidas antes del 31 de diciembre del 2001 deberán pagar el 50% de la deuda en tanto las financiadas desde esa fecha hasta fines del 2007 deberán saldar el 75% de lo que deben.

Por otra parte, podrán adherirse incluso quienes no tengan sus cuotas aunque el atraso en el pago de las cuotas será calculado en el saldo total al que luego se le aplicará el descuento, según señaló en su momento Jorge Tanús, Presidente de la Cámara de Diputados y autor del proyecto.

La ley había sido aprobada a fines del año pasado y ahora se le dio un nuevo impulso en la Cámara de Senadores con el objetivo de poner en marcha la construcción de nuevos planes de vivienda para sectores de clase media.

De todos modos, según resaltó el matutino mendocino, no todos están de acuerdo. La diputada Amalia Monserrat, perteneciente al CONFE que responde al vicepresidente Julio Cobos, cuestionó la norma: "El IPV tiene una recaudación anual de 50 millones, por lo que esa quita, teniendo en cuenta que no todos los deudores están en condiciones de pagar, no reforzará las partidas presupuestarias, sino que lo desfinanciará".

Monserrat evaluó la ley como "anticonstitucional".

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