Hace 70 años que Mendoza forma parte de un conflicto de una complejidad tal que, cuando comenzó, el "rival" en esta pelea no existía. En 1947, el gobernador Faustino Picallo inauguró el dique El Nihuil sobre el río Atuel y los productores del actual noroeste de La Pampa, en aquel momento "territorio nacional", dejaron de disponer de agua para sus cultivos y ganado.

Desde entonces, y especialmente después de 1952 cuando el territorio afectado pasó a ser considerado provincia (se la denominó provincia Eva Perón hasta 1956, cuando tomó el nombre de La Pampa), los reclamos se sucedieron, las "medias soluciones" abundaron y las relaciones entre ambos atravesaron distintas etapas.

Hoy, al igual que en la década del '80, el caso se encuentra en la Corte Suprema, tribunal al que nuevamente acudió La Pampa para que Mendoza garantice la llegada de un caudal mínimo al noroeste de su territorio, principalmente a Santa Isabel y Algarrobo del Águila. ¿Qué ventajas tiene La Pampa y cuál es la fortaleza de Mendoza para defender su postura?

1- El contexto nacional

En esta pelea, Mendoza es el malo de la película. Quienes miran el conflicto desde afuera, consideran que La Pampa tiene derechos de uso del agua del Atuel. A esto contribuyen las imágenes del río seco en la vecina provincia, los testimonios de los habitantes de las localidades afectadas y las consecuencias en el medio ambiente y en la economía.

En este contexto, por petición de Cristina Fernández, en 2008 Celso Jaque firmó con su par pampeano Oscar Jorge el Convenio por el Atuel que establecía la impermeabilización de canales de riego en el sur mendocino para generar un excedente de agua que llegaría a la provincia de La Pampa. Sin embargo, éste fue rechazado en la Legislatura y se cayó.

2- El fallo de 1987

De acuerdo a quién interprete el fallo de la Corte Suprema de 1987, éste favorece a Mendoza o a La Pampa. En primer lugar, la vecina provincia destaca el fragmento que establece que el río es interprovincial y, en base a esto, insiste en la llegada de agua a su territorio. Este discurso incluso fue replicado por el superintendente de Irrigación, José Luis Álvarez, lo que generó un levantamiento de productores en el sur mendocino en 2012.

Del otro lado, los productores y las sucesivas autoridades hicieron hincapié en que el fallo del máximo tribunal prevé que primero deben irrigarse unas 75 mil hectáreas en el sur mendocino y que, recién allí, La Pampa estaría en condiciones de exigir la llegada de agua. En este sentido, sostienen que lejos está de cumplirse esta condición.

3- Obras compensatorias

"Los vecinos de Santa Isabel y Algarrobo del Águila toman y hasta se bañan con agua mineral", es un argumento que surge desde Mendoza como defensa a los ataques pampeanos. Lo cierto es que durante la gobernación de Rodolfo Gabrielli, como compensación hacia la vecina provincia, Mendoza construyó un acueducto desde Punta del Agua (San Rafael) hacia el noreste pampeano, el cual lleva agua mineral.

Sin embargo, el reclamo original de La Pampa que apunta principalmente al daño medioambiental, económico y social en el noroeste provincial continúa intacto a pesar de esta obra. Además, suman las quejas por los daños que se han producido en el acueducto y aseguran que la calidad del agua no es óptima.

4- El trasvase

La ecuación es simple: Mendoza tiene derecho a utilizar 35 metros cúbicos por segundo del río Grande, de los cuales sólo usa un caudal mínimo para regar cultivos en Malargüe. En este contexto, el proyecto de trasvase al Atuel implica utilizar el agua que le corresponde, trasvasarlo al Atuel y, así, disponer de recurso hídrico para entregar a La Pampa en el noroeste.

En mayo, el gobernador Francisco Pérez anunció que la provincia construirá con fondos propios una obra de canalización del río Grande al Atuel, aunque afirmó que tendrá capacidad sólo de enviar cinco metros cúbicos. En este contexto, alcanzaría para incrementar la cantidad de hectáreas irrigadas en el sur, pero no generaría excedente para La Pampa.

5- El conflicto seguirá más allá de la Corte

Es evidente que a partir de la complejidad de la "guerra" que mantienen Mendoza y La Pampa por el agua del Atuel es improbable que surja una solución salomónica desde el máximo tribunal de la Nación. Mientras tanto, cada actor defiende su postura y, evidentemente, seguirá haciéndolo más allá del fallo de la Corte.

El cambio climático, la emergencia hídrica y la necesidad de irrigar 75 mil hectáreas son los argumentos que muestran los productores y autoridades mendocinas para no entregar agua a La Pampa, donde hacen hincapié en el daño ambiental, económico y social provocado en su oasis norte desde hace 70 años.