Veinte meses durmiendo en el fondo de un cajón. Desde hace más de un año y medio, un proyecto que prohíbe el nepotismo en Mendoza, descansa en la Cámara de Diputados sin poder obtener media sanción. 

Paralelamente, la Ley de Ética Pública, aprobada en agosto de 2017 y que contempla una medida similar, no puede implementarse ya que el gobernador Alfredo Cornejo, aún no nombra a quien será el auditor a cargo de la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública, establecido en la norma.

Tanto el proyecto como el artículo de la ley van en sintonía con la medida anunciada por el presente de Mauricio Macri, por la cual prohibió que los funcionarios hagan ingresar a sus familiares al Estado.

El proyecto, que no ha obtenido siquiera media sanción, fue presentado por el demócrata Marcos Niven en mayo de 2016 y desde ese momento quedó estancado en la comisión de Leyes y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

En el escrito, Niven sugería prohibir "los nombramientos, designaciones y contrataciones de cualquier tipo de familiares en línea ascendente o descendente, colateral o por afinidad, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, de autoridades superiores, electivas u ocupantes de cargos extraescalafonarios que se desempeñen en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial provinciales para cargos superiores no electivos y extraescalafonarios, contratos de locación de obras y servicios, el ejercicio interino, temporario o excepcional de cargos de planta vacantes, cargos de planta temporarios y el ejercicio de subrogancias".

La prohibición se extiende para los nombramientos, designaciones y contrataciones en los tres poderes del Estado.

Una ley no implementada

La Ley de ética pública, aprobada en agosto por la Legislatura, establece en su capítulo II que los funcionarios (incluye legisladores, intendentes, miembros de la Suprema Corte, etc.) "no podrán designar parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, o tercero de afinidad para que presten servicios en la repartición a su cargo, salvo que cumplan con el requisito de idoneidad debidamente acreditado", aunque no prohíbe que lo hagan en otras reparticiones.

Igualmente, la ley no puede ser implementada hasta que se nombre al Auditor de la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública, tal como lo establece el artículo 43 de la norma.

En Casa de Gobierno, en tanto, aseguran que la provincia ha venido ahorrando desde que asumió Cornejo y que el ingreso por concurso colabora con eliminar el nepotismo.

De hecho, hace unas semanas, el subsecretario de Gestión Pública y Modernización del Estado, Ulpiano Suárez le decía a Diario UNO que "en noviembre del 2015 había una planta de 426 funcionarios para cuyos sueldos el Estado destinaba poco más de $21.000.000. Con la idea de reducir los gastos públicos, en marzo del 2016 se decidió congelar la planta de personal y reordenar los recursos humanos, lo que nos permitió cerrar el 2017 con 305 funcionarios. Esa reducción de 121 cargos y el recorte de sueldos a funcionarios supuso un ahorro para las arcas públicas de $100.100.000 al año, es decir que en el balance de ambos años de gestión sólo en estos rubros se economizaron $200.200.000".

Esa y otras medidas llevaron a que en dos años se ahorraran más de mil millones de pesos.