El problema surgió a partir de la Resolución Nº0419 de mayo de este año, emanada del Programa de Atención Médica Integral (PAMI). La misma estipula que los pacientes que estén internados en residencias para la tercera edad ya no tendrán asistencia médica en ese domicilio porque, aseguraron, “no corresponde por contar con médicos y enfermeros propios”.

La medida en Mendoza impactó en la atención de unos 440 abuelos, que ya no reciben los cuidados especiales que prestaba la obra social. Ante ello, en la provincia advierten que es necesaria una nueva regulación de los geriátricos porque muchos de ellos no están habilitados o no cuentan con los recursos humanos necesarios para dar atención sanitaria a los adultos mayores que viven allí y que no pueden internarse en una clínica.

Desde el PAMI atenderán las excepciones

El director Ejecutivo del PAMI, Carlos Valcarcel, confirmó la reestructuración que se está haciendo desde el organismo y señaló: “Esto es un proceso de ordenamiento avalado por la resolución 0419, en su contenido nos dice a nosotros en todo el país, ‘señores no damos más servicios de atención domiciliaria a abuelos en geriátricos en general’. Después tenemos las particularidades y las excepciones”.

El funcionario aclaró que “cuando nosotros tenemos un reclamo, independientemente donde esté el afiliado que necesita el servicio de internación domiciliaria, evaluamos si tiene convenio con PAMI. Si lo tiene, le exigimos que cumpla con el contrato y si no tiene un acuerdo, tratamos de llegar a una excepción para que se lo atienda”.

El PAMI tiene convenio con sólo 6 geriátricos, de los 80 habilitados en toda la provincia.

Este jueves llegó una excepción a las oficinas centrales de PAMI en España y Espejo, tras el planteo de la hija de una afiliada institucionalizada en un geriátrico. Como la mujer está postrada y no la mueven lo suficiente, tenía escaras graves en los glúteos.

Valcarcel reconoció que se solicitó a nivel central que se autorizara la cobertura a este caso y ya hay otros nueve abuelos, cuyas familias pidieron que vuelvan al sistema de la asistencia domiciliaria.

Al mismo tiempo, el médico referente de la obra social de los jubilados subrayó que el afiliado de PAMI tiene las prestaciones médicas que necesite, presentando en cualquier clínica su carnet.

“De lo que tiene que estar seguro el afiliado de PAMI es que la obra social va estar al lado de quienes lo necesiten. Pero quiero contar una anécdota: Hace 15 días, una señora que llegó a las oficinas de PAMI en calle Belgrano para autorizar un par de lentes y pidió que le renueven la internación domiciliaria. Tenía un cuidador, una médica la veía una vez al mes y la asistía un kinesiólogo. Pero no lo necesitaba ya que estaba en buen estado de salud”, comentó el director Ejecutivo de PAMI y agregó, “de inmediato se la sacó del sistema”.

Vacío legal

En Mendoza no está reglamentado el control de los geriátricos y si efectivamente cuentan con los recursos humanos que declaran para la habilitación que exige el gobierno, según lo establece la Ley 5532 y con sus modificaciones en el Decreto 3016/1992.

Esto representa un problema sanitario y social para los adultos mayores y para sus familias, quienes no encuentran un organismo donde denunciar la falta de servicios acordes u otras situaciones, como malos tratos.

Según datos del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, en toda la provincia hay 80 geriátricos con habilitación. Mientras, unos 120 iniciaron el trámite y se calcula que hay otros 120 que están en la clandestinidad.

En la comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados se está trabajando en un proyecto para que la provincia no sólo certifique que el lugar cuenta con los requisitos para estar habilitado, sino que haga un seguimiento y un control. Y que además pueda recepcionar las denuncias de los familiares de los abuelos.

La iniciativa está a cargo de la diputada radical Marcela Fernández, ex subsecretaria de Desarrollo Social, quien recalcó que hay un proyecto con media sanción para poner bajo la lupa a estas instituciones y que descansa en la Legislatura provincial desde 2008.

“Tenemos el compromiso político para tener una nueva ley antes de fin de año, dotando al organismo que habilita estos centros -depende del Ministerio de Salud- de facultades para hacer una auditoría integral, no sólo si tiene el matafuegos o el edificio está en condiciones, sino si cuenta con profesionales médicos, terapeutas para que el abuelo tenga actividades lúdicas y lo más importante emplazar a los dueños si no cumplen con la normativa”, comentó Fernández.

El borrador comenzará a ser tratado a la vuelta de receso invernal en la Casa de las Leyes y hay consenso de todos los partidos políticos para que, con modificaciones, el proyecto se convierta en ley.