"Menos del 1% de los delitos que se cometen tienen condena. Un porcentaje cercano al 0,5%. Si se tienen en cuenta los delitos complejos y de corrupción, el porcentaje es más bajó aún”, dice el ministro de Justicia, Germán Garavano, para luego decir que estos porcentajes indican que la evaluación que hace cualquier delincuente acerca del costo de delinquir es casi cero.

Garavano llegó ayer a Mendoza. Tiene varias actividades académicas, como ayer que disertó en la Universidad Mendoza. Allí lanzó porcentajes de los delitos que llegan a ser condenados y del pobre desempeño judicial: “El sistema de justicia tiene que mandar un mensaje claro a la sociedad en términos de que violar la ley tiene consecuencias”.

Hoy firma un convenio con la Justicia provincial y, de paso promete mandar 400 tobilleras electrónicas.

Garavano puso énfasis en lo empírico, lo que considera una de las grandes carencias de la Justicia y de los abogados en general. Dice que hay “fallos que merecen ser publicados como libros”, por la jurisprudencia y la amplitud de citas, pero que el condenado o las víctimas no los entienden. “Hay desprecio por los hechos”, dijo.

Pero más aún, indica que faltan datos para evaluar el sistema de justicia, y la carencia de indicadores que permitan saber cómo funciona.

“El gran faltante es la duración de los procesos, la gran demanda de la población del sistema judicial”. Luego atempera la crítica, dice que como magistrado que fue antes de ser ministro de Justicia, “tengo un enorme cariño por la Justicia” y luego recuerda que todos los poderes judiciales del país se comprometieron a generar esta información clave para la gestión.

-¿Hay resistencias a obtener esa información y, por ende a la evaluación?- preguntó Los Andes.

-Sí, pero también tiene que ver con la formación de los abogados. Los poderes judiciales suelen juntar información que no es útil o es relevante, porque se sale a juntar sin saber para qué. Les hemos pedido información para generar indicadores sobre duración de los procesos, la evolución de los procesos penales, el aumento de la litigiosidad, la conflictividad en el área laboral y civil.

-Mendoza ha tenido un fuerte conflicto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las cárceles. Usted incluso tuvo intervención protagónica en este tema

-Argentina tiene problemas estructurales en el sistema penitenciario. Lamentablemente en las últimas décadas no se han hecho inversiones significativas, ni se han tomado políticas penitenciarias activas. Solucionar estos temas lleva tiempo. Una parte importante del problema de las cárceles tienen que ver con la mora judicial.

-¿Cuáles son los porcentajes entre detenidos en prisión preventiva y con condena?

-El 60% de los detenidos está en prisión preventiva y el 40% condenados; un porcentaje importante de los detenidos en prisión preventiva tiene más de tres años en esa situación. El sistema de justicia demora en elevar a juicio y dictar sentencia.

Todo el programa de rehabilitación queda demorado, porque está dirigido al condenado; se generan problemas de alojamientos, porque no se pueden mezclar procesados y condenados.