Mendoza denunció a Miró ante la Justicia Federal por discriminación

La candidata a diputada nacional Sandra Mendoza denunció al titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Héctor Miró, quien remitió a la Cámara de Diputados actuaciones con las que pretende inhabilitarla para el ejercicio de cargos públicos.
En la presentación, realizada ante el Juzgado Federal de Resistencia, competente en los términos de la ley nacional antidiscriminación 23.592, la ex ministra de Salud recordó que la diabetes no es causal de impedimento laboral y el desconocimiento de este derecho es calificado legalmente como un acto discriminatorio.

Esta norma asegura a todos los ciudadanos el pleno ejercicio de los derechos y garantías fundamentales reconocidos por la Constitución Nacional frente a quienes arbitrariamente lo impidan, obstruyan, restrinjan, o de algún modo lo menoscaben. La candidata a diputada nacional sostuvo que las conclusiones vertidas por el fiscal en el expediente promovido por el Bloque de la Alianza Frente de Todos y comunicadas esta semana a la Cámara de Diputados, pretendiendo su inhabilitación por una enfermedad tratable y controlable como la diabetes tipo 1, vulnera los derechos a ejercer cargos públicos y a no ser discriminada que le asisten en virtud del principio constitucional de igualdad ante la ley.

Los hechos

A través del escrito presentado por su apoderado, Alfredo Bembunam, Mendoza señaló que en los considerandos de la resolución dictada el 22 de mayo en el expediente administrativo caratulado "Bloque Alianza Frente de Todos (Cámara de Diputados) S/Solicita intervención referente hechos en el Ministerio de Salud Pública", el titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, lejos de investigar si existía algún tipo de responsabilidad administrativa en el evento ocurrido el 26 de febrero alrededor de las 23,45 en el estacionamiento de la Casa de Gobierno, "centró su investigación en averiguar si la señora Sandra Mendoza tenía o no capacidad y/o idoneidad para ejercer cargos públicos".

La denuncia presentada ante la Justicia Federal relata, entre otros hechos, que el fiscal se basó en una incorrecta interpretación de las manifestaciones vertidas en el expediente por el doctor Marcelo Slimel y otros profesionales de la salud -que respondieron muchas preguntas sobre la diabetes en general y no respecto a su caso particular-, y asentó criterios sobre los síntomas y repercusiones de la enfermedad, sumando manifestaciones vertidas por el periodismo del medio y de Buenos Aires, y agregando un hecho que nada tenía que ver como fue el protagonizado entre la diputada Marita Barrios y la por entonces diputada Sandra Mendoza en la Cámara de Diputados, donde se profirieron injurias recíprocas.

"Todo eso llevó al fiscal a concluir que la enfermedad habría colocado a Mendoza, de haber continuado en el cargo de ministra de Salud, en las previsiones del artículo 120 de la Constitución Provincial, es decir, sujeta a juicio político, por incapacidad física o mental sobreviniente", por lo que "entendía procedente enviar los antecedentes a la Cámara de para que analizaran y oportunamente compartieran el criterio del fiscal declarando la inhabilitación de la ciudadana Mendoza para ocupar ulteriores cargos, habida cuenta que era de público conocimiento su candidatura política para representar al Chaco en la Cámara de Diputados de la Nación", advierte la denuncia.

Acto discriminatorio

La presentación también cuestiona que el fiscal, "a pesar de reconocer que Mendoza ya no era pasible de juzgamiento de su parte y que la cuestión se había devenido abstracta por su renuncia con anterioridad a la resolución, aconsejó a la Cámara de Diputados que por la condición de diabética insulina dependiente, que podía volver a repetir un cuadro hipoglucémico, debía inhabilitarla para ocupar ulteriores cargos", inclusive "tomando en cuenta, como ya se expuso, que era pública su candidatura de diputada nacional", cuando la idoneidad o capacidad para la candidatura a diputado nacional "la tiene que evaluar la Justicia Electoral Federal y no un órgano administrativo provincial".

Mendoza señala que las conclusiones que, más allá de su fallo, el fiscal difundió a través de la prensa, en el sentido que debía ser inhabilitada para ejercer cargos públicos por las razones expuestas, reflejan un criterio peligroso que, de sembrar adeptos, podría significar que todos los enfermos de diabetes tipo 1 insulino dependientes puedan ser inhabilitados arbitrariamente o bien impedidos, obstruidos, restringidos o de algún modo menoscabados en el pleno ejercicio de sus derechos de ejercer cargos públicos reconocidos sobre bases igualitarias en la Constitución Nacional. Las leyes nacionales 23.753 y 25.788, advierte la candidata son claras al establecer que la diabetes no es causal de impedimento laboral y que el desconocimiento de este derecho será considerado acto discriminatorio en los términos de la Ley 23.592.

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