La suma del poder público es una práctica habitual en algunas provincias del país, donde se le atribuye el conjunto de los poderes institucionales a una sola persona, generando como consecuencia el desgaste de la calidad democrática. Casos paradigmáticos, como Gerardo Morales en Jujuy o Rodolfo Suárez en Mendoza, son ejemplos de avasallamiento del poder público, que generan en el corto o mediano plazo un grado de institucionalidad insostenible. En este caso, el Partido Justicialista de Mendoza, oposición en la provincia, denuncia que no se respetan los procedimientos en la designación de una jueza en la Corte Suprema provincial.

Guillermo Carmona, actual presidente del Partido Justicialista de Mendoza, cuestionó la nominación de la abogada María Teresa Day para llenar la vacante en la Corte Suprema de la provincia, porque no “reúne las condiciones” que se exigen para tal cargo, que son “diez años de ejercicio de la profesión o bien ocho años de magistratura”.

Además, señaló que el anterior gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo, había propuesto hace dos años una ampliación de la Corte de Mendoza, donde pretendía aumentar los miembros de siete, que hay en la actualidad, a nueve. “Desde ese momento, el Partido Justicialista advirtió que esta movida tenía como finalidad generar una mayoría automática en la Corte provincial”, contó quien también fue diputado de la nación durante dos mandatos (2011-2015 y 2015-2019). Y añadió: “Luego de una fuerte resistencia se logró que esa reforma no prosperara, porque entendíamos que vulnera el estado de derecho, afecta la división de poderes y deteriora la institucionalidad democrática”.  

“Ahora, un miembro de la Corte renuncia en el marco de grandes presiones, que vale destacar era presidente del cuerpo. Frente a eso, el actual gobernador, Suárez, por influencia de Cornejo, propone a la doctora María Teresa Day”, aseguró.  

Lo más preocupante de todo, según Carmona, es que el gobierno de Mendoza, liderado por la Unión Cívica Radical, ha venido teniendo un avance muy fuerte sobre otros poderes del estado y sobre los organismos de control. “No es casual que propongan a alguien que ha sido coordinadora del Ministerio Público Fiscal, ya que este cuerpo ha tenido una acción persecutoria de dirigentes sociales, políticos, legisladores de la oposición y dirigentes sindicales”, planteó.

Cuando el presidente del Partido Justicialista mendocino quiso denunciarlo, en una audiencia que se realizó de manera virtual, le impidieron la palabra.  “A último momento, el presidente de la comisión que precedía la audiencia informó que no iba a poder hablar porque supuestamente no había cumplido con los requisitos legales exigidos para ser parte de la misma. Había una pretensión de que yo no hablara y no se me permitió terminar de decir lo que estaba denunciando”, indicó Carmona.

En este sentido, estableció que “todas las fuerzas políticas de la oposición han objetado la candidatura de la abogada María Teresa Day para ocupar ese lugar en la Corte, que está vacante”. Asimismo, subrayó que se fijó una audiencia que donde el gobernador no aceptó a concurrir, “algo que es totalmente reprochable”

Finalmente, sentenció que “hay un acelerado deterioro de institucionalidad en la provincia, que esperamos pueda revertirse, ya que nos preocupa lo que puede significar esto a futuro”.