La cultura nacional sufrió a causa de la censura y la persecución de los intelectuales que no se amoldaban al modelo. Económicamente, las desastrosas políticas del régimen sumieron al país en el atraso y el subdesarrollo, menoscabando conquistas sociales.

La Argentina de mediados de los años 70 estaba desgarrada por los brutales enfrentamientos internos dentro las facciones políticas. En el contexto de la Guerra Fría que enfrentaba a los Estados Unidos de América, baluartes del capitalismo liberal, con la Unión Soviética, defensora del comunismo marxista, el enfrentamiento entre los extremistas de izquierda y derecha adquirió ribetes trágicos y violentos. Muchos sectores de la sociedad tomaron partido por una u otra tendencia -izquierda o derecha-, y ante el descredito de un sistema político mermado por décadas de debilidad institucional, donde el fraude, el autoritarismo y las proscripciones habían sido moneda corriente -desde que en 1930 fuera tumbado el gobierno constitucional del radical Hipólito Yrigoyen-, estos sectores optaron por la vía armada, luchando entre sí y contra el gobierno constitucional del Partido Justicialista, que en 1974 había perdido a su líder, el general Juan Domingo Perón.

Su desaparición dejó al país huérfano de una figura fuerte, capaz de contener las desbordadas pasiones de los extremistas de uno y otro bando, que desde hacía tiempo desgarraban el país. Pese a todo, fueron años de efervescencia política sin igual, donde mientras los grupos armados de ambos signos dejaban un tendal de muerte, miles de personas, por el otro lado, sin más fuerza que las sanas convicciones por un país más justo y libre, peleaban pacíficamente por transformar una realidad que durante tanto tiempo les habían quitado. La movilización política era importante y desde los distintos sectores ideológicos, la militancia política se volvía parte de la vida cotidiana, en fábricas, escuelas, universidades, medios de comunicación, inclusive, la propia Iglesia Católica no escapaba a esta realidad.

Esta enorme movilización de masas, sin embargo, despertó los temores de los sectores más reaccionarios y extremistas del país, que por temor al desborde social que pudiera favorecer el triunfo de la izquierda, y ante el descrédito de una clase política, empezó a sopesar de nuevo la opción de un cuartelazo, es decir, un regreso de las fuerzas armadas que restableciera definitivamente la paz y el orden.

Estas, tras entregar el poder a los civiles, luego de la experiencia frustrante de la llamada “Revolución Argentina” (1966-1973), se habían mantenido quietas y expectantes, en parte por el respeto que la figura de Perón aún infundía, tanto en amplios sectores del pueblo llano como en los mando castrenses, pero al morir el líder, los altos mandos empezaron a distanciarse paulatinamente del gobierno constitucional, pese a que acudieron al llamado de este para empeñarse, durante 1975, en la lucha contra las organizaciones armadas, por entonces, casi todas de izquierda (la dimisión del tristemente célebre ministro de Bienestar Social, José López Rega, exponente del anticomunismo argentino, había desmantelado a la mayor organización paramilitar de ultraderecha, la AAA o Alianza Anticomunista Argentina). Para fines de ese año, las organizaciones armadas habían sufrido duros golpes.

Pero las fuerzas de seguridad del estado, en su lucha contra la “subversión”, empezaron a emplear métodos ilegales e inmorales, tomados de los grupos extremistas que decían combatir (especialmente la AAA, muchos de cuyos miembros se infiltraron en el aparato estatal). Así, llegamos a 1976 con una profunda crisis económica y política, que obligó al gobierno a adelantar las elecciones para diciembre de ese año (debían celebrarse en mayo de 1977), mientras, las Fuerzas Armadas, tras la partida de los últimos oficiales leales, y gran parte de la oposición y el mismo oficialismo, habían abandonado al gobierno, y finalmente el 24 de marzo de 1976, fue depuesta la presidenta Estela M. de Perón y se estableció una junta militar dirigida por los jefes de las FFAA que designó presidente al jefe del ejército, general Jorge Rafael Videla. Se disolvió el congreso, se intervino el poder judicial y se prohibió toda actividad política y sindical. Se hicieron purgas en los medios y en el sistema educativo.

El golpe de estado tuvo la bendición de los Estados Unidos- cuya política consistía en alentar gobiernos fuertes, sean o no democráticos, capaces de luchar contra la amenaza comunista y los sectores más tradicionales-. Pese a esto, durante el mandato del presidente Carter en Estados Unidos (1977-1981), hubo roces con este país porque Carter puso en la agenda el punto débil de la dictadura, la cuestión de los derechos humanos. La Unión Soviética, en tanto, se desentendió de la suerte de muchos militantes de su ideología y fue socio comercial privilegiado de la dictadura.

Cuando en 1983, se recupera el estado de derecho, el balance no podía ser más deprimente, la tragedia humana y social, sumadas a la ruina económica, y la derrota en la guerra de Malvinas, que dañó la imagen del país, habían dejado un lastre difícil de superar. Quedó entonces el camino de la justicia y la verdad, pese a lo cual, al día de hoy son más las preguntas que las respuestas.

Igualmente, no debemos desdeñar los avances logrados, que han hecho de nuestro país el único en América Latina que llevó ante la justicia a los responsables de este horror, y procurado reparación a la memoria de las víctimas, no obstante lo cual hay trabajo por hacer, pero sin duda, de los días oscuros a hoy, hemos avanzado mucho por la senda del orden democrático y la rectitud.