Memoria y Justicia

En el acto de homenaje a los militantes asesinados en 1976 el Gobierno ratificó su compromiso con la causa. El ministro Pedrini pidió prisa con el juicio a los responsables y cargó contra el juez Rolando Toledo, miembro del STJ e integrante de la nefasta comisión legislativa que asesoraba a la dictadura aquí en el Chaco.

Durante el acto de recordación del 33º aniversario de la Masacre de Margarita Belén, el gobierno provincial ratificó su compromiso de justicia por la matanza y tortura de presos políticos durante la última dictadura militar. El Estado confirmó además su calidad de querellante en la causa y pidió celeridad en el juicio a los asesinos y represores responsables de la muerte de -al menos- 22 personas, aquel 13 de diciembre de 1976.

La ceremonia se realizó en el Monumento a los Caídos -en el lugar donde fueron asesinados los militantes hace 33 años- y contó con las participación de dirigentes políticos, militantes sociales, de derechos humanos y gente común que se acercó hasta allí. El Poder Ejecutivo estuvo representado por el ministro de Gobierno, Juan Manuel Pedrini, quien pidió «la realización inmediata» del juicio contra los represores.

«Son grandes las heridas abiertas que nos quedan. Esperemos que la masacre tenga el juicio y castigo que se merecen los responsables, para que no se vuelva a repetir un hecho similar», aseguró Pedrini, durante su discurso en el acto a la vera de la ruta 11.

El funcionario trasladó «el compromiso y solidaridad» del gobernador Jorge Capitanich de seguir adelante en la causa judicial en la que el Estado provincial es querellante. «Está el compromiso explícito del gobernador de que el Estado va a ser un querellante activo en esta causa, así sabremos de una vez por todas qué sucedió aquella trágica noche», señaló.

Pedrini se mostró crítico hacia algunos ministros que hoy conforman el Superior Tribunal de Justicia. «Tenemos que estar alertas, porque vemos que mientras se presentan estos avances, tenemos amenazas. El Estado terrorista chaqueño del 76 tuvo muchos representantes; la Provincia del Chaco, la primera del país que va a firmar el protocolo de prevención contra la tortura, no se merece tener como integrante del STJ a una persona que integró la Comisión de Asesoramiento Legislativo (el Parlamento durante la dictadura militar)», sostuvo.

«Creo que es una afrenta gratuita para la conciencia democrática de todos los chaqueños. Es una mancha para el Poder Judicial. Los ministros del STJ, muchos de ellos nombrados inconstitucionalmente, actuaron con una soberbia y hasta con un acto de provocación de meternos a un personero del terrorismo de Estado en la Provincia, como presidente del organismo», añadió.

«JUICIO ORAL YA»

Emilio Goya, representante de la Agrupación HIJOS, exigió la pronta realización del juicio. «Vemos con malos ojos cómo la justicia se atrasa y cómo el Poder Judicial sigue operando sobre los hilos de la impunidad; más que nunca juicio oral ya. En este nuevo aniversario creemos imprescindible juzgar a todos los responsables de la masacre y por eso queremos que el juicio se haga en los primeros días del año que viene», afirmó.

Finalmente, el subsecretario de Derechos Humanos, Marcelo Salgado, destacó el compromiso del Estado provincial de acompañar como querellante en la causa, para que se esclarezca lo que ocurrió. «Hay que cerrar esa herida, sin perder la memoria ni ocultar la verdad», reclamó.

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