La megacausa riocuartense, a punto de quedar en la nada

En 2000, Luis Juez, entonces fiscal anticorrupción, denunció que 30 empresas y gremios "amigos del poder" habían recibido créditos irregulares por U$S 11 millones. Sólo el caso Medimed estuvo por ir a juicio pero ahora los abogados pidieron que se cierre. El fiscal Di Santo lo resolverá antes de fin de año
El 5 de diciembre de 2000, Luis Juez, que por entonces se había convertido en un molesto fiscal anticorrupción para el gobernador José Manuel de la Sota, desembarcó en la ciudad con un manojo de carpetas y denunció que la delegación Río Cuarto del Banco de Córdoba había dado alegremente créditos por 11 millones de dólares a los "amigos del poder".

Inmediatamente, el abogado que iba a terminar convirtiéndose en intendente de Córdoba y en referente de la política provincial, bautizó la denuncia como "la megacausa riocuartense".

Hoy, 9 años después, aquella investigación que puso en la mira a 30 empresas y gremios de la ciudad está a punto de quedar en la nada. En los hechos, la treintena de denuncias nunca avanzaron como bloque. El caso emblemático fue Medimed, una empresa perteneciente al grupo del Policlínico San Lucas. Los directivos fueron acusados e imputados porque, supuestamente, fueron autorizados a girar en descubierto hasta 600 mil pesos a pesar de que aparecían como deudores de categoría 5, la peor en la escala del Banco Central. El grupo San Lucas había quedado afuera del mercado crediticio por una deuda de 40 mil pesos con el Banco Social. Los directivos argumentaron siempre que se trató de un error, que el pasivo fue transferido al Córdoba cuando desapareció el Social a pesar de que ya habían llegado a un acuerdo para ir cancelándolo.

Los abogados de los imputados por el caso Medimed acaban de pedirle al fiscal Javier Di Santo que le dé un cierre definitivo a la causa porque sus clientes -Eduardo Juan Carrillo, Olivo Salvador Poloni y Miguel Ángel Serra, todos directivos por entonces del Policlínico San Lucas y de la empresa Medimed- no pueden seguir sometidos a proceso indefinidamente.

"Resulta contrario al más elemental sentido de justicia que mis defendidos tengan pendiente aún después de tanto tiempo la resolución de su estado procesal, aún cuando no exista privación de la libertad, pues la marcha del proceso agrega una carga emocional disvaliosa, que se proyecta en las más diversas esferas de la subjetividad, en especial en la vida social y de relación", planteó el abogado Marcelo Cassini en su presentación ante el fiscal.

Di Santo tiene la megacausa desde 2005, después de que los expedientes peregrinaran dentro de Tribunales sin que ningún fiscal quisiera hacerse cargo de ellos. Durante 18 meses nadie investigó nada. Una de las razones era que por entonces todavía gobernaba José Manuel de la Sota y la trama de irregularidades en el otorgamiento de los créditos, si es que existió, alcanzaba a trascendentes protagonistas del poder provincial.

Ahora, Di Santo está dispuesto a darle un cierre definitivo a la megacausa antes de fin de año. Debe contestar al pedido de Cassini, que quiere que sobresean a sus clientes de una vez por todas.

Peleas y alianzas

La historia es larga y el argumento tiene vueltas de tuerca impensadas. Quien denunció en el año 2000 fue Juez y, entonces, le apuntó al gerente del Banco de Córdoba en Río Cuarto, Juan Maritano, que militaba políticamente en el alonsismo.

El entonces fiscal anticorrupción castigó en más de una ocasión a Gumersindo Alonso porque en ese entonces era un hombre de confianza de De la Sota y, a su juicio, había sido uno de los nexos políticos para aprobar los créditos. Después, todo cambió. Alonso se terminó yendo del lado del entonces gobernador y acabó siendo un aliado de confianza de Luis Juez.

El alonsismo, defenestrado hace 9 años por el líder del Frente Nuevo, es hoy la pata juecista en Río Cuarto.

Lo cierto es que en el 2000 la denuncia de Juez tuvo algunos resultados. Provocó un revuelo político y judicial y los tres directivos de Medimed terminaron imputados el 12 de diciembre de ese año por defraudación calificada en calidad de cómplices necesarios.

También los máximos responsables del banco cayeron en desgracia. Los gerentes Juan José Maritano y Jorge Blengino recibieron imputaciones y hasta Fabián Maidana, interventor provincial del Córdoba, quedó como sospechoso.

Después, Maidana fue sobreseído por el fiscal original de la causa, Jorge Medina, y entonces las denuncias entraron en un laberinto judicial del que nunca pudieron salir.

El caso Medimed estuvo a punto de ir a juicio en diciembre del 2000 pero el juez de control, Eduardo Bustamante, no sólo revocó las imputaciones sino que sobreseyó a todos los acusados. La Cámara de Acusación anuló esa decisión, ordenó que siguiera la investigación y dio una serie de pautas sobre los elementos que debían buscarse antes de enviar el caso a juicio o cerrarlo definitivamente.

En 2005, cuando se hizo cargo, lo primero que investigó Di Santo fue si existía conexión directa entre los gerentes de Río Cuarto y Maidana, el interventor provincial. Sólo así se podía determinar si la máxima autoridad del banco había dado el okey para permitir que Medimed girara en descubierto a pesar de que no podía hacerlo.

Pero no hubo avances ni ningún elemento nuevo.

Marcelo Cassini, abogado de Medimed, asegura que no hubo ningún delito, que la empresa estaba viviendo un momento crítico en el 2000 porque las obras sociales registraban atrasos en los pagos de hasta 6 meses. "Al San Lucas lo golpeó más porque era prestador del Pami, que pasaba todo un año sin pagar. Frente a la necesidad de cumplir con sus obligaciones, a la empresa no le quedaba otra que endeudarse y, así, se generó un crédito muy grande y giró en descubierto entre 150 mil y 200 mil pesos. Pero los intereses usurarios del 70% llevaron la deuda hasta 600 mil", dijo el abogado en 2006 cuando pidió por primera vez la prescripción.

En la Justicia sospechan que, si bien hubo un exceso, a Medimed lo dejaron girar en descubierto porque el Banco se había equivocado al poner al San Lucas en la categoría 5.

Lo cierto es que, más allá del caso específico de Medimed, es casi un hecho que jamás se sabrá qué pasó con aquellos 30 créditos que, según se denunció, habrían gozado los "amigos del poder".

Comentá la nota