Megacausa: Prohíben a los abogados que pregunten “demasiado” a testigos de la fiscalía.

Durante los últimos días en el juicio por la “Megacausa” se habló, sobre todo desde la fiscalía y la querella, de “las mordazas”; pero paradójicamente quienes terminaron siendo verdaderamente amordazados y por una resolución judicial fueron los abogados, porque de ahora en más deberán cuidarse de no profundizar demasiado cuando interroguen a un deponente convocado por la acusación, para no correr el riesgo de que les anulen ese cuestionario y sea calificado como un “hostigamiento” hacia el declarante.
Esto, significa lisa y llanamente que si alguno de los próximos testigos llega al debate a acusar a los imputados, basándose en mentiras o dichos sin fundamento, éste no podrá ser confrontado con pruebas que digan lo contrario o que pongan en evidencia que no esta diciendo la verdad. Como ya se hizo con otros que -citados por la fiscalía- terminaron siendo descalificados en el juicio, porque no supieron qué decir cuando alguno de los defensores le demostró, con documentación en mano, que sus apreciaciones no eran coherentes con la realidad.

Un caso

Justamente eso sucedió en la audiencia del miércoles pasado con el doctor Carlos Eduardo Palacios, quien dicho sea de paso volverá al juicio a continuar con su deposición el próximo martes.

Palacios, un ex sindico del Banco del Chubut que es a su vez uno de los denunciantes de las personas que hoy están siendo enjuiciadas, habló de empresarios insolventes y de faltas de garantías en prestamos otorgados por la entidad crediticia, pero cuando el abogado Oscar Pandolfi le enseñó cierta documentación que demostraba lo contrario, terminó respondiéndole que no tenía conocimiento de la existencia de esas pruebas, que indudablemente favorecían a los imputados representados por el letrado.

Esto ya no va a poder suceder; porque los fiscales del caso se quejaron y el tribunal que lleva adelante el debate dictó a favor de ellos una resolución que lo prohíbe, en un fallo que al conocerse en la controvertida audiencia del jueves pasado despertó la inmediata reacción de la mayoría de los abogados, denunciando una vez más que se estaba vulnerando las garantías del debido proceso y de la defensa en juicio. Anticipando además que recusarían a los jueces por considerar que eran parciales al promover esa disposición.

Reacción

“Decir que esta defensa quiere amordazar a la prensa es un acto de una bajeza, de una calidad de imputación realmente grave que me ofende de una manera profunda”, dijo el doctor Luís López Salaberry en una encendida alocución que hizo ese día en el juicio. “Porque si hemos pedido, planteado y pregonado la libertad de prensa hemos sido precisamente aquellas personas que desde el 76 hasta el 83 no pudimos hacer absolutamente nada para que se pudiera tener una prensa libre y para que se pudiera tener tolerancia en la expresión de la ideas”, agregó.

“Creo entonces que esta falta de respeto es la que el tribunal no puede admitir porque si la sigue admitiendo, si considera que existe la posibilidad de poder decir cualquier cosa en este debate lo esta desvirtuado totalmente”, sostuvo.

“Ha desvirtuado totalmente el juicio, la posibilidad del derecho a defensa y no solamente eso; ha posibilitado que se nos ofenda a los abogados y hasta que de pronto llegue alguien a decir –como lo dijeron en el 77- que el abogado por defender a un delincuente también era un delincuente. Falta eso nada más en este juicio”, disparó el letrado.

Intereses económicos

“Creí que estas consideraciones estaban superadas, entendí que había una cultura lo suficientemente amplia que permitiera entender precisamente lo que es el ejercicio de la magistratura de la defensa, sea publica o privada, pero parecería que se tira por tierra sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de estatura moral por el mero hecho de defender intereses que pueden estar indicados nada mas por intereses económicos”, señaló López Salaberry.

“Entonces queremos –señor presidente (refiriéndose al director del debate el camarista Roberto Portela)- y se lo he dicho desde el principio, que este juicio siga los carriles del Código Procesal Penal. Así como le permitimos a la fiscalía y la querella que hagan todas las preguntas que se les antoje a los testigos, queremos nosotros tener también la posibilidad de poder preguntar, de confrontar, de poder constatar si determinados dichos de los testigos pueden estar en contra con otros medios de prueba que han sido agregados a la causa, a los que nunca hemos tenido la oportunidad de poder controlar ni analizar”, denunció después.

“Ahora, si en una resolución tengo que leer que la amplitud de la defensa para interrogar a un testigo no alcance la posibilidad de hostigarlo ¿qué se me esta diciendo? Que lo estoy hostigando, se esta prejuzgando en esta resolución en función de que yo estoy hostigando a un testigo, porque esto es lo que dicen los fiscales y la querella”, afirmó.

¿Prejuzgamiento?

“En su momento dijeron que desde las defensas hostigábamos a otro testigo que tuvo un problema de salud, ahora porque hacemos otras preguntas hostigamos a otros. ¿Qué significa esta advertencia en esta resolución? Pues si hay un prejuzgamiento en este sentido pido que se me haga una denuncia concreta para saber a qué testigo yo he hostigado en el ejercicio de mis obligaciones como abogado defensor”, pidió en tono desafiante.

“Hagan la denuncia que corresponde –insistió López Salaberry-, pero de ninguna manera voy a admitir que el Ministerio Público Fiscal venga a sostener como argumentación de que las defensas lo que pretenden es hacer generar en los testigos determinadas intimidaciones o considerar como validas determinadas amenazas”.

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